Tan solo falta la publicación oficial en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) para que entren en vigor las nuevas normas urbanísticas provisionales de Tarragona. Este será el trámite final, después que ayer la Comissió de Territori de Catalunya se reunió en una sesión extraordinaria, para la aprobación definitiva de un instrumento que frena provisionalmente la crisis generada por la anulación del POUM de 2013.
Las normas permitirán seguir adelante con proyectos que habían quedado «congelados» como la ampliación del Joan XXIII y la construcción del nuevo helipuerto. «Con el plan del 95 no era posible llevar a cabo esta actuación ya que se limitaba el techo, mientras que ahora puede hacerse según se considere oportuno», apuntaba el concejal de Territori, Xavier Puig. Precisamente esta es una de las principales inversiones que contempla el proyecto de presupuestos que presentó ayer el Govern, que prevé una inversión de 17,5 millones de euros para este centro de cara al año que viene.
La ampliación y reordenación del CAP de La Granja y Tabacalera son otros de los equipamientos que podrán seguir adelante. Las instalaciones de la antigua fábrica de tabacos podrían albergar la futura Ciutat Judicial y equipamientos de carácter cultural, unos nuevos usos que se «agilizarán» ya que «no será necesario un plan especial».
La nueva rotonda de acceso delante del barrio de Icomar y la ampliación de usos para la parcela de Ten Brinke, en el plan parcial 10, son otros de los ejemplos que el ejecutivo municipal aseguraba que se han desencallado. «El escenario no era de colapso, pero sí que había una cierta situación de angustia por la espera», apuntó el concejal republicano.
En cambio, sí que ha quedado paralizado el proyecto del preventorio de La Savinosa que queda aparcado, mientras se redacta el POUM y la Diputació de Tarragona redacta una nueva propuesta.
Más allá de estos proyectos específicos, las normas subsidiarias marcarán las reglas del juego en cuanto al crecimiento de la ciudad de cara a los próximos años. Estas incluyen el desarrollo de 58 polígonos de actuación y 12 planes de mejora urbana. Aquí constan sectores como el PMU-14, delante del Col·legi Sant Pau y que será uno de los futuros barrios que quiere impulsarse; o el PP-01, situado en la entrada desde la carretera de Valls y que ya está en la última fase de tramitación. Asimismo, las normas también permiten salvar el PMU-34, situado junto al Nou Estadi, pero que deberá reiniciarse desde cero, aunque se había aprobado inicialmente. «Cuando cae el POUM cae todo el planeamiento derivado y hay que cambiar todas las referencias al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal», indica Puig. Pese a ello, el Ayuntamiento que es uno de los principales propietarios de los terrenos, junto con el Nàstic, considera que el cambio «será rápido», ya que podrá aprovecharse el trabajo hecho hasta ahora.
El desarrollo de estos sectores de crecimiento permitirá la construcción de unas 11.300 viviendas en los próximos años. Una cifra que, según el consistorio, «representa muchas más de las que necesitamos». En cambio, las normas no incluyen los planes parciales como el de La Budellera, Terres Cavades, Mas d’en Sorder y Horta Gran, que han quedado en stand by, a expensas del futuro POUM.
La entrada en vigor de la normas se prevé que será de forma «inminente» ya que la situación actual es de parálisis total. Desde que el Consell Executiu del Govern aprobó el martes día 2 la suspensión del plan general de 1995, la normativa urbanística que ahora rige la ciudad es el plan de Cantallops, del año 1984. Por este motivo, durante este periodo han tenido que congelarse las licencias y «ahora mismo no se tramita nada», según afirmó Puig.
Tan pronto como las normas salgan publicadas en el DOGC se levantará la suspensión y culminará este periodo de incertidumbre, que se generó cuando el 26 de octubre de 2020 el Tribunal Supremo resolvió anular el antiguo planeamiento. Ayuntamiento y Generalitat habrán tardado poco más de doce meses en encarrilar una solución. Pese a ello, la administración local defiende que «ha sido una espera dentro de un plazo razonable que no ha frenado y no ha hecho que se haya marchado ninguna gran inversión». Por su parte, el director general de Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, afirmaba que «la sentencia debe servir para redactar un nuevo POUM que se adecue a las necesidades actuales» y, por tanto, defiende que la anulación «tiene que ser vista como una oportunidad para adaptarnos a la nueva realidad». Las normas estarán vigentes durante un periodo de cuatro años, con la posibilidad de prórroga de un año y medio, un tiempo en el que todas las fuerzas políticas deberán ponerse de acuerdo para aprobar definitivamente un nuevo plan general.
