Una sentencia judicial ‘obliga’ al Ayuntamiento de Tarragona –que puede recurrir– a devolver un total de 145.747,15 euros a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC), que gestiona el servicio municipal de la recogida de la basura desde 2002, por una multa que el consistorio le interpuso en el año 2019 por dos supuestos incumplimientos contractuales «muy graves» y uno «grave».
Concretamente, se trata de dos multas de 60.101,21 euros por «no facilitar la información establecida» y por «la no realización de una buena gestión de los servicios» y de una de 25.544,73 euros por «la no realización de un servicio sin notificarlo al Ayuntamiento». Estos incumplimientos incluyen infracciones relacionadas con la limpieza del Camp de Mart y la falta de chips en los contenedores y de GPS en los vehículos para controlar los recorridos.
Primeramente, la empresa interpuso un recurso de reposición ante el acuerdo de sanción que se aprobó en diciembre de 2019 –tras rechazar alegaciones de la empresa a la multa–. Ese recurso fue desestimado por el plenario en septiembre de 2020.
Ante esta situación, FCC presentó un nuevo recurso, esta vez contencioso-administrativo, que es el que ha estimado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Tarragona.
El motivo que explica el fallo del juez es que «la imposición de las penalidades se ha basado única y exclusivamente en el informe [...] emitido por la técnica de gestión de residuos del Ayuntamiento de Tarragona». Al parecer, esta persona había trabajado en FCC en los dos años previos al expediente recurrido y, por eso, debería haberse abstenido de la firma del informe.
La multa se interpuso en 2019 por dos supuestos incumplimientos «muy graves» y uno «grave»
Según la empresa, esta persona formó parte de la plantilla entre enero del año 2013 y abril del 2018, «fecha en que fue objeto de despido disciplinario, interponiendo, posteriormente, demanda contra el Ayuntamiento de Tarragona y FCC solicitando la declaración de la improcedencia del despido».
La técnica, por otra parte, interpuso una demanda por cesión ilegal de trabajadores, la cual fue estimada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Tarragona en octubre de 2018. Con lo cual, esta persona consideraba que formaba parte de la plantilla municipal desde 2013 y que, por lo tanto, ya habían transcurrido los dos años a los que hace referencia el recurso.
No obstante, la sentencia expone que «existió una efectiva e incuestionable relación de servicios de la técnica con FCC desde enero de 2013 hasta abril de 2018».
En consecuencia, según el escrito del juez, existe «una clara situación de conflicto de intereses» y la persona «se posiciona, introduciendo un juicio de valor, al indicar desde un primer momento que aquellas situaciones eran constitutivas de incumplimientos contractuales, proponiendo la imposición de penalidades».
La empresa considera en su argumentación que hubo una «sospecha de falta de imparcialidad de la técnica hacia FCC» y la existencia de un «juicio de valor, al realizar una valoración técnica y jurídica consistente en considerar unas determinadas situaciones como infracciones contractuales y proponer la imposición de penalidades, sin que exista otra valoración técnica ni jurídica diferenciada de la realizada por la esta persona».
A su vez, el consistorio indica que «no se trataba de un informe preceptivo ni vinculante», argumentando que tanto el secretario general como la jefa de servicio de Contratación, Compras y Subvenciones dieron su visto bueno. Por otra parte, destaca que el documento «se basó en tres auditorías y cuatro informes técnicos».
La empresa tiene otros expedientes en marcha, que se resolverán en los próximos meses
En dicho documento, se detectaron hasta ocho incumplimientos «muy graves». Esa supuso la primera ocasión en la que la administración municipal dio el paso para sancionar a la firma que gestiona el mayor contrato externalizado del consistorio.
El gobierno municipal responde
Fuentes municipales exponen que el procedimiento sancionador se iniciará de nuevo: «Así podremos resolver este defecto de forma para que acabe analizándose el fondo de la cuestión, que es la mala práctica en la gestión de residuos».
«Cabe recordar que la empresa tiene otros expedientes en marcha por esta mala práctica, como la sanción por recoger los envases de los contenedores del Serrallo con el camión que acumulaba la fracción resto», añaden. Estos expedientes se resolverán en los próximos meses.