Tras más de 40 meses de investigación, la instrucción judicial sobre la explosión en la planta que Iqoxe tiene en el polígono sur, y que el 14 de enero de 2020 causó tres muertos, parece que entra en su recta final. Después de escuchar a la cúpula directiva de la empresa el pasado mes de marzo, la magistrada Sofía Beltrán Miralles ha vuelto a citar para esta mañana, a las diez horas, al ex máximo responsable de seguridad de la compañía en Tarragona, Gerard Adrio, quien ya compareció ante la jueza el pasado 21 de marzo.
En esa ocasión, el alto cargo de Iqoxe prestó declaración sobre la pieza principal –que es la que indaga específicamente sobre las causas de la explosión– mientras que hoy conversará con la magistrada y el resto de partes sobre una de las piezas separadas: la U350, que es la que analiza las licencias y las modificaciones no sustanciales en la planta. Pese a ser considerado el ex jefe de seguridad, hace seis semanas el abogado de Adrio indicó a los medios de comunicación que su cliente afirmó a la jueza que solo «formalmente» era el jefe de seguridad, puesto que «el señor Adrio en materia de seguridad e implementación de sus medidas no tiene ninguna competencia».
A la espera de los vertidos
Paralelamente, mientras que no haya, de momento, novedades sobre la causa principal, sí que hay movimientos en la pieza sobre los presuntos vertidos que la compañía habría realizado en la zona del Port de Tarragona. En este caso, será determinante el posicionamiento por el que opte la Fiscalía, ya que mientras que los abogados defensores ya han pedido el sobreseimiento de la pieza, tanto la CUP como la entidad Sociedad Humana ya han solicitado a la magistrada que la causa medioambiental llegue a juicio.
Los cupaires, que actúan como acusación, consideran que, de lo instruido hasta el momento, «es necesario deducir indicios de criminalidad en relación a los investigados. Indicios que se han visto reforzados por las investigaciones policiales y judiciales desarrolladas en la fase de instructora». Por su parte, Sociedad Humana recalca que, hasta la fecha, «los informes policiales, periciales y las testificales» indicarían que «hay indicios» para «acordar la incoación del procedimiento abreviado» previo al juicio.
De hecho, la propia jueza ya apunta en esta dirección en la contestación a una petición de diligencia del Ayuntamiento de Tarragona, en la que la magistrada no admite «al haber finalizado el plazo de instrucción», esto sí, «sin perjuicio de su derecho a proponer la prueba que estime necesaria para el acto de juicio». Toda una declaración de intenciones, ¿no?