«Dados los incumplimientos de las condiciones de la compraventa por parte del Ayuntamiento, comunicamos la resolución del contrato». Así de claro fue el burofax que IKEA envió el 17 de abril de 2018 al presidente del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, Josep Maria Milà (PSC), y al presidente de la Associació Administrativa de Cooperació del PP10, Àngel del Pozo, en el documento que significaba el adiós definitivo de la empresa que, inicialmente, tenía previsto abrir un gran almacén en los terrenos situados entre el Anillo Mediterráneo de Campclar y la T-11.
Los nórdicos ya habían hecho llegar un primer burofax dos meses antes, en febrero, dando un ultimátum y advirtiendo de la posibilidad de que renunciaran a un proyecto al que se habían comprometido, por escrito, casi seis años antes: el 12 de junio de 2012.
«Las negociaciones con las representantes de IKEA siempre fueron muy tensas, nos querían imponer una condiciones draconianas. Nos sentimos maltratados», explican fuentes de los propietarios, las cuales recuerdan que las conversaciones con la multinacional se iniciaron «en lo peor de la crisis económica», en los años 2009 y 2010.
El reparto comercial-residencial
Hace una década, los terrenos estaban calificados como industriales. «Entonces, el coste de la urbanización era excesivo para que lo pagaran los propietarios y, además, los bancos no daban créditos», relatan las fuentes consultadas. Por ello, cuando se cambió el uso a comercial–residencial y se logró que el plan parcial fuera incluido dentro de la Trama Urbana Consolidada (TUC), se optó por vender en bloque los derechos comerciales a la empresa, de forma que –con estos ingresos– se financiara la transformación de los terrenos para que pudieran ser urbanizados con los 15,7 millones que pagaría IKEA.
El problema fue que no todos los propietarios quisieron vender, por lo que se optó por dar más uso comercial a los que sí que querían tirar la operación hacia adelante, mientras que el resto –un 20% del total– se quedaron con más derechos residenciales. De hecho, algunos titulares que no firmaron el acuerdo impugnaron este proceso, un hecho que también retrasó la tramitación administrativa, ya que el caso llegó a los juzgados.
«Si la relación con las abogadas ya era mala antes, imagínate cuando IKEA ya no tenía la completa seguridad jurídica de que podría tirar su proyecto hacia adelante. A partir de aquí los contactos se enfriaron», relatan fuentes de los propietarios, las cuales temieron lo peor «cuando se murió el propietario y se despidió a todo el equipo de expansión».
Pese al envío del burofax de hace justo un año, el Ayuntamiento –que tiene un 18% de los terrenos mediante Smhausa– nunca ha reconocido oficialmente haber recibido ninguna notificación por parte de la compañía sueca y, de hecho, Ballesteros ha mostrado en público su «malestar» por la falta de comunicación.
Aparecen Bogaris y Ten Brinke
Con el burofax recibido, se inició la subasta de los terrenos. Inicialmente, fue la andaluza Bogaris la que tomó las riendas de la operación, hasta el punto de llegar en octubre a un acuerdo de compra por 13 millones de euros. De hecho, el 28 de diciembre se firmó el contrato, que solo estaba a expensas de ser ratificado por parte de la asamblea de propietarios.
Desde Ten Brinke se asegura que «hace tiempo que estamos interesados en Tarragona» y, tras conocerse la fuga de IKEA, a principios de año presentaron una oferta de 14 millones, que primero fue igualada por Bogaris y, el 13 de marzo, mejorada en dos millones más. «Si hubieran presentado esta oferta antes, Bogaris habría sido la ganadora, pero llegó tarde», recalcan las fuentes.
A diferencia de ésta, sin embargo, Ten Brinke también apuesta por el sector residencial. La compra de un solar a un fondo de inversión americano –Cerberus– gestionado por Banc Sabadell –el principal propietario del polígono–, fue clave para decantar la balanza, dejando a Bogaris con un contrato no ratificado... y que podría llegar a los tribunales.
La voluntad de los holandeses es la de apostar por un hotel y construir viviendas, un hecho que es del agrado del Ayuntamiento. Oficialmente, el Consistorio ha mantenido una posición de equidistancia, pero es evidente que tiene interés en desarrollar el plan parcial cuanto antes. De hecho, las obras de urbanización ya están a licitación.
Otra de las claves para que Ten Brinke fuera la escogida, pese a ofrecer dos millones menos, es que no necesitará crédito bancario para manterializar la operación. Más vale pájaro en mano que ciento volando...