La relación entre el Ayuntamiento de Tarragona y la multinacional IKEA estuvo a punto de acabar en los tribunales. Según ha podido saber el Diari, la firma sueca amenazó al Consistorio tarraconense con «reclamar todos los daños y perjuicios» ocasionados por los «incumplimientos municipales» que llevaron a la compañía nórdica a romper el contrato el 17 de abril de 2018 con la administración de la Plaça de la Font.
Pese a que el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha asegurado en reiteradas ocasiones que IKEA «nunca ha notificado oficialmente» que renuncia al proyecto que tenía previsto en la ciudad, lo cierto es que este periódico ha tenido acceso a los diversos burofax que la marca europea, el Ayuntamiento, Smhausa y la Associació de Propietaris del PP10 se intercambiaron entre el 2 de febrero y el 27 de julio de 2018.
De hecho, en la documentación se descubre que, al contrario de lo que asegura el máximo responsable municipal, la multinacional sueca comunicó hasta en tres ocasiones que resolvía el contrato para construir un gran almacén en la ciudad de Tarragona.
Los propietarios se desmarcan
El primer envío se realizó el 2 de febrero y, en éste, IKEA daba un plazo de 48 horas al Consistorio para que «resuelva las cuestiones pendientes de cumplimentar» ya que, en caso de no hacerlo, «sería constitutivo de incumplimientos que llevarían a IKEA a resolver el contrato» y, asimismo, «a tener la facultad para reclamar todos los daños y perjuicios». Las quejas de la empresa de muebles eran que, en ese momento, «no se ha adjudicado la urbanización del plan parcial; falta concretar la licencia urbanística; y falta firmeza jurisdiccional» para poder ejecutar el plan parcial, debido a las denuncias existentes.
Cuatro días después, los propietarios de los terrenos contestaron el burofax indicando que «por nuestra parte se han cumplido todos los hitos referenciados», y manifestaban «nuestra rotunda disconformidad con la posibilidad de ejercer acciones legales».
IKEA resuelve el 17 de abril
Ya el 17 de abril, los abogados de la multinacional enviaban otro burofax en el que ponían de relieve que, después de que todo siguiera igual pese al aviso del 2 de febrero, «IKEA comunica que resuelve efectivamente el contrato, quedando éste sin efecto alguno». Esta primera renuncia fue contestada el día de Sant Jordi por el concejal de Urbanisme, Josep Maria Milà (PSC), quien argumentó que el Consistorio no podía garantizar la ejecución del PP10, ya que ello «solo podría darse por sentencia firme o desistimiento voluntario de los demandantes», a la vez que reiteraba la voluntad municipal por «cumplir todas las obligaciones contractuales en dos meses».
Esta carta de Milà fue contestada el 17 de mayo por IKEA. Ese día, la empresa aseguró que «no se ha conferido ningún plazo a Smhausa para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales», sino que «el 17 de abril se ha procedido a resolver efectivamente el contrato suscrito con ustedes».
Posteriormente, el 12 de julio de 2018, Josep Maria Milà remitió un contundente burofax a IKEA en el que acusaba a la empresa de «querer imponer la voluntad de una de las partes» para romper el contrato y mostraba, asimismo, su disconformidad y oposición por el hecho de que IKEA hubiera roto el contrato.
Esta misiva del edil fue contestada por última vez por IKEA el 27 de julio. «Resulta incomprensible que –ahora–, cinco meses después, se opongan a una resolución ajustada a derecho», indicaron desde la empresa, a la vez que denunciaban la insistencia municipal por «querer obligar a IKEA a mantenerse en una relación contractual de modo forzoso». Y aquí acabó todo.