El Fòrum Judicial empieza a caminar, pero a un ritmo muy inferior al esperado. Esto es lo que se desprende de la comparecencia de ayer en el Parlament de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró (Junts), en la que pese a anunciar que el futuro equipamiento es un proyecto estratégico para el Govern, no detalló ni partida económica para 2022 ni calendario ni ubicación. Todo un jarro de agua fría.
«Es necesario reunir en un solo espacio todas las sedes judiciales. Es una deuda pendiente con Tarragona», indicó la representante del ejecutivo autonómico, quien detalló que durante el próximo año su Departament elaborará «con recursos propios» el «plan funcional» de la instalación, así como que antes del 31 de diciembre se dará a conocer si irá a la Tabacalera o en un solar de Joan XXIII. Este trabajo se pagará mediante una partida «generalista», apuntan fuentes de Justícia. «Después encargaremos el proyecto de infraestructuras, para lo que necesitaremos importantes dotaciones económicas», afirmó Ciuró, quien reivindicó que su equipo «no pondrá primeras piedras, sino que actuaremos con rigor y haremos que el proyecto sea posible». Ahora, el Govern paga 1,2 millones al año en alquileres de sedes judiciales.
Durante su intervención, Ciuró también apeló a la «colaboración con otras administraciones», en lo que fue una clara alusión al Ayuntamiento de Tarragona. «Nosotros hemos puesto a disposición de la Conselleria una parte del edificio de la Tabacalera, que es compatible con el plan de usos que le queremos dar», afirmó ayer el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), quien resalta que «esto lo hemos hecho para que se solucione una deuda histórico de la Generalitat con Tarragona».
«Compromisos concretos»
Las palabras de la Consellera no convencen al Col·legi de l’Advocacia. «Cualquier avance es positivo, pero este equipamiento arrastra más de dos décadas de retraso, por lo que cualquier cosa que no suponga una dotación presupuestaria clara, con un compromiso y un proyecto concreto, y con unos plazos claros nos genera escepticismo», afirma la decana del ICAT, Estela Martín, quien añade: «Necesitamos algo más que anuncios vagos como los que se han hecho en estos presupuestos. Tenemos un histórico muy largo de palabras que se las ha llevado el viento. Es hora de dotaciones económicas».
Las formaciones de la oposición también esperaban más concreciones. «No hay ninguna partida nominativa, y esto nos preocupa. La burocracia es lenta, y si no se pone fil a l’agulla no lo veremos», indicó Rubén Viñuales (PSC), quien precisamente ejerce como Conseller de Justícia del Govern Alternatiu de Salvador Illa. El edil de la formación socialista, abogado de profesión y exconcejal del Ayuntamiento tarraconense hasta el pasado mes de diciembre, reivindica que el Fòrum Judicial «es una demanda justa, además de un agravio comparativo».
Lorena Roldán (PP) también fue contundente. «Llevan desde 2006 estudiando el tema, van un poco lentos... Cuando tenían los terrenos y estaba todo organizado se construyeron otros equipamientos dónde debía ir. ¿Y ahora quieren dormirlo para esperar otros 15 años?», se preguntó la política popular. El Fòrum Judicial sigue esperando justicia.