La ciudad de Tarragona lleva más de un cuarto de siglo esperando el Fòrum Judicial, el ansiado edificio que debe unificar en un solo inmueble las siete sedes judiciales que actualmente están repartidas por la capital tarraconense. Desde 1999, cinco conselleras (Núria de Gispert, Montserrat Tura, Esther Capella, Lourdes Ciuró y Gemma Ubasart) se han ocupado de un proyecto que también ha implicado a cuatro alcaldes –Joan Miquel Nadal (CiU), Josep Fèlix Ballesteros (PSC), Pau Ricomà (ERC) y Rubén Viñuales (PSC)– y a cinco decanos del Col·legi de l’Advocacia: Antoni Húber, Antoni Vives, Antonio Salas de Córdoba, Manel Albiac y Estela Martín.
Anuncios, promesas, proyectos, infinidad de ubicaciones, imágenes virtuales y licitaciones fantasma han sido la tónica predominante de la tramitación de un plan que, un cuarto de siglo después, sigue sin arrancar a falta de un horizonte claro.
El último ejemplo se evidenció este pasado jueves, cuando la consellera de Justícia en funciones de la Generalitat de Catalunya, Gemma Ubasart, situó la apertura del complejo en 2028, dos años después de lo que ella misma y su antecesora –Lourdes Ciuró (Junts)– habían anunciado tanto en 2022 como en 2023.
En enero de 2022 y de 2023 la Generalitat aseguró que el complejo estaría listo en 2026
La previsión, a la espera de definir el proyecto definitivo, es la de invertir un montante global de 70 millones de euros en una obra en la que ahora se vislumbra que se inicie en 2025 y que finalice en 2027, para que entre en funcionamiento un año después. «El plan de equipamientos judiciales –a nivel de Catalunya– da respuesta a las demandas históricas del territorio», enfatizó la pasada semana Ubasart en rueda de prensa.
«Que cumplan los plazos»
Las palabras de la dirigente autonómica no gustaron nada al alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC). El máximo representante municipal, que tuvo conocimiento del retraso en la ejecución del proyecto por la prensa y no por una comunicación directa por parte del Govern, no se muerde la lengua a la hora de criticar la decisión del ejecutivo de Pere Aragonès (ERC), pese a que PSC y Esquerra se encuentran en plenas negocaciones para investir al socialista Salvador Illa como nuevo President de la Generalitat. «Este Govern no tiene en cuenta a la ciudad de Tarragona. El nuevo retraso es indignante, ya estamos hartos de ser siempre los últimos en la lista de prioridades. ¿Si fuera Girona actuarían igual?», se pregunta Viñuales, quien ahora exige «respeto» y que «se cumplan los plazos que la propia consellera dio».
La opinión de Viñuales es apoyada por todo el arco parlamentario, desde Junts y la CUP hasta el PP. «Es un escándalo. Hace muchos años que debería estar hecho, pero solo acumula retrasos y poca voluntad política», afirma el portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sendra, quien recalca que «la justicia tarraconense merece un espacio adecuado y moderno, así como más recursos humanos para acabar con el colapso».
El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, recuerda que, hace meses «ya advertimos de que estaban mintiendo por electoralismo antes de campaña». La presidenciable de la CUP, Laia Estrada, considera que el retraso «es el enésimo agravio que acumulamos en Tarragona», como «las escuelas que continúan en barracones, los CAP, la nula fiscalización de la petroquímica o la desidia hacia el patrimonio de la ciudad». Finalmente, el concejal de ECP Jordi Collado sostiene que el retraso muestra «la poca capacidad que ha tenido Tarragona con la Generalitat durante los últimos años» y espera que «el nuevo Govern demuestra su compromiso con el territorio».
