El Ejecutivo de la Plaça de la Font necesitará la mayoría absoluta para la aprobación inicial del POUM, prevista para el próximo mes de enero. Ayer, tras reunirse con los representantes de los grupos municipales, el gobierno se mostraba «optimista». «La mayoría de los grupos están de acuerdo con la foto, aunque han introducido matices en algunos elementos», apuntaba el concejal de Urbanisme, Nacho García.
ERC, Junts per Tarragona y Vox podrían convertirse en los socios que necesitará el gobierno para una mayoría holgada, aunque ambos aseguran que deberán introducirse algunos cambios, que en un primer momento no constituirían una barrera insalvable. Por su parte, ECP resfriaba su apoyo y el PP mostraba su desacuerdo con el modelo propuesto.
El voto de ERC podría convertirse en determinante si el PSC quiere sumar los siete votos de esta formación. «Ahora mismo nuestro voto no es afirmativo en ningún caso, pero no tenemos que votarlo mañana y el clima de colaboración y entendimiento hace que me sienta optimista», apuntaba Xavier Puig. El republicano reivindica que el trabajo que se hizo en el anterior mandato constituye la esencia de la propuesta. «El modelo es el nuestro», afirmaba.
Entre los aspectos favorables situaba el traslado de la Laboral a Campclar, la preservación de la Horta Gran como parque agrario y la propuesta en materia ferroviaria. En cambio, la formación republicana no ve con buenos ojos las más de 3.000 viviendas de la Vall del Llorito y las 1.000 de La Budellera. «Se hace una valoración demasiado cuantiosa».
La línea roja para los republicanos es Mas d’en Sorder. «Es un cambio importante respecto al anterior avance del POUM, lo que podría significar un elemento de debilidad, ya que si alguien lo impugna podría comportar que se acabe tumbando el plan», aseguraba Puig.
Junts per Tarragona también considera que «harán falta más reuniones para que pueda aprobarse cuanto antes». No obstante, la formación que lidera Jordi Sendra ve con buenos ojos que los nuevos sectores residenciales que contempla «permiten un crecimiento ordenado de la zona de Llevant, sin dejar aislado Sant Pere i Sant Pau». El líder de la formación independentista también ponía en valor que el avance «religa Ponent con el centro».
El Partit Popular se mostraba crítico. «La ciudad tiene 15 kilómetros de litoral, 5 de los cuales están ocupados por el puerto. El gobierno de Viñuales, siguiendo la línea de ERC, quiere concentrar a la población en esos 5 kilómetros», lamentaba Álvaro Batlle. Los populares creen «el plan más inmediato y viable es crecer por Llevant de forma sostenible y controlada, tal y como nos indican los agentes económicos».
Por su parte, Jordi Collado (ECP) mostraba «cierta ambivalencia». La propuesta en cuanto a la protección de La Budellera y Terres Cavades la calificó de «agridulce», mientras que afirmaba que «nos genera angustia el proyecto del polígono Francolí, que es una zona inundable. Donde algunos ven una centralidad, nosotros vemos muchos riegos, porque no tiene sentido».
Collado considera que la operación de la CLH «es un pelotazo para que se vaya», mientras ve «poco creíble» la propuesta de una nueva estación en la Horta Gran. «No podemos generar nuevas frustraciones», decía. El portavoz de la formación ve «difícil» que ahora mismo su grupo pueda votar a favor del plan propuesto.
Finalmente, la representante de Vox defendía que «es un proyecto ambicioso, propio de una gran capital que requiere un gran consenso entre varias partes». Aunque todavía no revela el sentido de su voto hasta conocer la propuesta final afirma que «a priori estamos alineados».