Únicamente el 15% de los tarraconenses residentes en el exterior ha solicitado votar en las elecciones del próximo 10 de noviembre. La cifra, 2.937, según el recuento provisional emitido por el INE, representa, pese a todo, un porcentaje superior al registrado para los comicios del pasado abril, cuando apenas el 12,7% de los electores lo solicitaron y solo un 8,9% llegaron a hacerlo efectivo.
Entender esa subida del llamado voto rogado como una mayor movilización es precipitado. Igualar el porcentaje de la convocatoria anterior se daba por descontado: al tratarse de una repetición electoral, no era necesaria una nueva solicitud, así que valía la de abril.
La nueva cifra del 15% indica que se han añadido nuevos peticionarios (en concreto, 612 en la provincia), pero no existen garantías de que todos lo acaben tramitando. De hecho, de esos 2.325 tarraconenses que solicitaron el voto para el 28-A, solo acabaron votando 1.628, una mínima parte de ese contingente al alza de 18.177 ciudadanos de la provincial en el extranjero que formaban parte entonces del electorado.
Trabas y retrasos
Por lo tanto, ya se puede establecer que al menos 15.659 tarraconenses residentes fuera actualmente y con derecho a voto se van a quedar sin emitir su sufragio este 10-N, fundamentalmente por los ya conocidos problemas de trabas y retrasos que caracterizan el proceso, sobre todo en los lugares más remotos, donde a veces enviar la papeleta se convierte en toda una odisea. Es, en suma, un fracaso que persiste pese a la promesa de todos los partidos de solucionarlo cuanto antes.
Hacer la petición y, finalmente, emitir el sufragio, son dos procesos que criban y de alguna manera limitan, por lo que las participaciones de este colectivo suelen ser muy bajas. Los testimonios de problemas cada vez que hay una visita a las urnas proliferan: «Siete años en Berlín y ya es la cuarta vez que tengo que pasar por este tedioso proceso que es el voto rogado. Espero que la siguiente sea dentro de cuatro años, por favor». «Sólo llegan facturas, de momento nada de papeletas», se quejaba un votante en Twitter.
Otros mostraban su alivio por no tener que pasar nuevamente por ese intrincado proceso: «Al menos, los que solicitamos el voto rogado desde el extranjero la vez anterior no tendremos que volver a hacerlo con la repetición de elecciones. Veremos si al segundo intento llegan las papeletas».
Ni siquiera los sucesivos aumentos esconden las deficiencias enquistadas del sistema, que aboca al elector a un laberinto burocrático. En las elecciones generales de 2016 votaron 1.193 tarraconenses del total de 15.399 que podían hacerlo. Era solo un 7,7%, menor que ese dato cosechado el 28-A. En 2011, otra convocatoria de generales, la participación fue todavía inferior y se quedó en el 6,7%. Tarragona, eso sí, suele mostrar un interés por encima de la media en España, donde solo un 10% se ha inscrito para poder emitir su sufragio el 10-N. En la convocatoria de abril, sólo el 5,6% de españoles fuera acabaron votando, tres puntos por debajo de la media en Tarragona.
Plazos ajustados
Sea como sea, desde 2011 ese controvertido voto rogado obliga a los electores expatriados a tener que solicitarlo y emitirlo en unos plazos ajustados que a veces son difíciles de cumplir.
Ese mecanismo ha desplomado la participación de aquellos que viven fuera, una cantidad considerable del descenso que, además, puede ser decisiva, más todavía teniendo en cuenta que el número de personas que han emigrado en los últimos años no ha dejado de crecer. Todo cambió en 2011, cuando el PP y el PSOE, con el apoyo del PNV y la entonces CiU, reformaron el sistema de voto de los residentes en el extranjero.
El motivo eran los numerosos casos de fraude que se daban. En cada cita con las urnas, ‘resucitaban’ decenas de personas y depositaban su voto. El resultado fue ese voto rogado en el que el ciudadano tiene que solicitar su sufragio, una especie de mecanismo de seguridad que, en la práctica, conlleva trabas administrativas que provocan que el voto foráneo caiga casi siempre en picado. Al final solo los electores más informados o estimulados acaban emitiendo su papeleta.
La situación no se ha corregido pese a intentos políticos recientes. PSOE y Podemos promovieron en febrero una reforma para suprimir esa fórmula de votación pero las trabas que puso el PP retrasaron el procedimiento. Fue imposible tramitarlo antes de la disolución de las Cortes. La propuesta socialista fue enviar directamente a los inscritos en el CERA las papeletas en blanco para que los electores las rellenaran y devolvieran. Así se ahorraban tiempo y trámites. El PP rechazó la iniciativa por considerar que no tenía garantías.
La contrapropuesta fue que el envío incluyese las papeletas de las candidaturas y que los inscritos en el CERA retornasen la que prefirieran previa acreditación de su identidad con un certificado. El PSOE se opuso al considerar que era inviable y que los populares echaban balones fuera. Los cuatro partidos prometieron en sus programas modificar esta figura.