La Plana del Vinyet nunca ha formado parte del municipio de Altafulla. Las 70 hectáreas ubicadas entre la playa, la estación de trenes y el bufet y la gasolinera de la localidad del Baix Gaià siempre han sido titularidad del antiguo Ayuntamiento de Tamarit y, posteriormente, del de Tarragona, pero nunca de Altafulla, que ahora pide a la Generalitat anexionarse esta zona.
De hecho, El Vinyet fue parte importante del antiguo núcleo de lo que ahora es la urbanización de La Móra-Tamarit, hasta que el 18 de julio del 1952 se confirmó que el municipio de Tamarit pasaba voluntariamente a ser parte de Tarragona, en un proceso que se inició en 1950 y que se alargó por espacio de dos años. Desde entonces, hace casi 73 años, estos 700.000 metros cuadrados forman parte de la capital de provincia.
«Es la primera vez que Altafulla pide formalmente anexionarse la zona, pero lo cierto es que en varias ocasiones se había hablado sobre ello», destaca el coalcalde de Altafulla, Jordi Molinera (ERC), en declaraciones al Diari.
Interés desde 1867
En el expediente impulsado por Altafulla para agregarse El Vinyet se incluye un informe histórico elaborado por el doctor de la Universitat Rovira i Virgili (URV,) Salvador Rovira. Este análisis, de siete páginas, retrocede hasta el siglo XII, «en tiempos de la colonización cristiana», para justificar «los vínculos» entre Tamarit –que cuenta con la zona en disputa– y Altafulla.
En el documento se recuerda que en el siglo XVII se creó el Marquesat de Tamarit, «con capital en Altafulla», indicando que «la mayor parte del término de Tamarit estuvo siempre en manos de altafullencs».
En el análisis histórico se reconoce que, como mínimo desde el siglo XIX, Tamarit y El Vinyet no formaban parte de Altafulla. En ese sentido, se citan los intentos infructuosos de Tamarit por incorporarse primero a Altafulla entre 1867 y 1869, mientras que posteriormente relata el proceso para sumarse a Tarragona entre los años 1882 y 1897. Sobre esto último, el doctor Rovira cita una acta del Ayuntamiento de Tarragona en la que la capital propone quedarse con «Monnars, Mas Rabassa y las pertenencias hasta la playa y El Catllar», mientras que propone que el resto del término «se uniría a Altafulla».
Esta propuesta nunca se llevó a cabo, y el informe recuerda un último intento de Altafulla por quedarse con Tamarit, en 1939. «El plan solo tuvo éxito con el médico, el practicante y la matrona», reconoce el propio doctor en un informe que, sin embargo, no cita la anexión voluntaria de Tamarit a Tarragona en 1952.
2019: primer sondeo «formal»
Molinera recalca que «en 2019 ya hablamos de anexionar El Vinyet con el gobierno de Pau Ricomà, que en una reunión se mostró contrario a ello». El coalcalde reconoce que el estallido de la pandemia de la Covid provocó que el tema «quedara en un segundo plano», pero ahora se muestra convencido de que el límite entre los dos municipios debe ser «el río Gaià», ya que el accidente geográfico es «la mejor ayuda para ordenar el territorio».
En su propuesta, Altafulla justifica la voluntad de sumar a su territorio la Plana del Vinyet en el hecho de que esa zona forma «un único conjunto de continuidad urbana» con el municipio, anexando, además del informe histórico, otros de geográficos y económicos.
Para reforzar su posicionamiento, el expediente incluye 27 alegaciones de vecinos de la zona favorables al movimiento de ampliación del núcleo del Baix Gaià. «Los residentes de El Vinyet hacen vida en Altafulla y forman parte del tejido asociativo de la localidad. Quieren ser de aquí», indica Molinera.
Presidència ya tiene la petición
Lo que ya es seguro es que la polémica del Vinyet se resolverá en septiembre. Así lo aseguran a este periódico fuentes del Departament de Presidència de la Generalitat, las cuales indican que la Comissió de Delimitació Territorial ya estudia la petición de Altafulla.
Este pasado 28 de febrero, el Ayuntamiento del Baix Gaià aprobó rechazar las alegaciones de Tarragona, que pedían el archivo de la propuesta de alterar los límites territoriales. El pleno declinó la queja tarraconense con los siete votos a favor de ERC y Junts, las cinco abstenciones de Alternativa Comuns y el voto en contra de la única concejal del PSC: Inma Morales.
Una vez finalizada la vía municipal, Altafulla ya ha presentado a la Generalitat la solicitud para agregarse la zona en disputa con Tarragona. Las fuentes consultadas de Presidència confirman que ya se ha registrado el expediente. «Ahora se revisará que la tramitación y, si todo está bien, se llevará a la comisión de Delimitació Territorial de septiembre», indican las fuentes.
Esta comisión está formada por ocho representantes de la Generalitat –con el conseller y varios altos cargos nombrados por él–, así como otros ocho representantes de entidades municipalistas, tres integrantes de universidades catalanas, un representante del Col·legi de Geògrafs y uno de Institut d’Estudis Catalans (IEC).
¿Negociar los servicios?
En sus alegaciones, Tarragona ponía un especial émfasis en el acuerdo de 2013 entre los dos municipios que limitó las fronteras de los dos límites municipales. «Ese acuerdo fue para ordenar y que no hubieran fincas privadas que estuvieran en los dos términos municipales», afirma Molinera. En su resolución de las alegaciones, Altafulla indica que el pacto de hace 12 años ha generado «graves disfuncionalidades» en la gestión de los servicios municipales como la basura, el agua, la seguridad o la otorgación de licencias.
«Nosotros abastecemos de agua al bufet, la gasolinera y ponemos los contenedores de la basura y la recogemos. ¿Debe ponerse una canonada desde La Móra por ser suelo de Tarragona? No tiene ningún sentido, como el hecho de que un carril de la N-340 sea propiedad de Tarragona y, el otro de Altafulla», afirma Molinera, quien reivindica que «si Tarragona quiere llegar a un acuerdo, todavía estamos a tiempo».
En el documento de alegaciones de Tarragona se afirma que «no existe ningún reconocimiento de derecho ni de hecho del Ayuntamiento de Tarragona en relación con el ejercicio de potestades administrativas del Ayuntamiento de Altafulla en propiedades situadas en el término municipal de Tarragona», por lo que sostiene que Altafulla «no tiene ninguna competencia para actuar en el término municipal de Tarragona», sentencia el escrito.
Tarragona, cuyo alcalde –Rubén viñuales (PSC)– declina valorar la polémica, remarca en su escrito que «ofrecemos los servicios de salvamento y socorrismo en la playa de Tamarit» depurando, además, «toda el agua de Altafulla, con un coste total de más de 65.000 euros anuales». Asimismo, sobre seguridad, Tarragona afirma que «la policía local de Altafulla nunca ha pedido una reunión con la Guàrdia Urbana».
¿Qué hará Altafulla si la Generalitat confirma que El Vinyet sigue siendo Tarragona? ¿Dejará de ofrecer los actuales servicios públicos?. «Nunca dejaremos de prestarlos, pero entonces quizás llegará el momento de negociar una compensación económica con Tarragona, pese a que no es la mejor solución», resalta Molinera. Tras dos siglos de disputas, El Vinyet tendrá fumata blanca a finales de este 2025.
