Cuando empezó a hablarse de la llegada de IKEA a Tarragona, en las radios sonaba Las de la intuición, de Shakira, y Ojalá pudiera borrarte, de Maná. Ambos singles nos sitúan en 2007, cuando en España gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero –que aún obtendría la reelección en 2008– y en Cuba el histórico líder comunista Fidel Castro.
Todos estos acontecimientos representan agua pasada y, sin embargo, en Tarragona el proyecto del gigante del mueble low cost sigue siendo una carpeta que aún no se ha dado definitivamente por cerrado.
El camino no ha sido fácil. Al principio Tarragona tuvo que competir con Reus y Vila-seca para asegurarse la apuesta de la compañía sueca. Fue un tira y afloja que se prolongó hasta enero de 2008, cuando el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, se encargó de despejar todas las dudas cuando todo apuntaba a que la opción final sería la capital del Baix Camp.
La confirmación oficial no llegó hasta diciembre de 2010. De nuevo Ballesteros aprovechó el desayuno de Navidad con la prensa para apuntarse el tanto. Aunque no sería hasta el 12 de junio de 2012 cuando los representantes de la multinacional sueca comparecieron en rueda de prensa para explicar su proyecto de expansión en la Catalunya sur. La empresa nórdica acababa de firmar el convenio urbanístico, según el cual la apertura de la tienda debía producirse en el año 2015.
Todo parecía encarrilado, pero la negativa de algunos propietarios a vender sus terrenos y la larga y lenta gestión urbanística han acabado truncando un proyecto sobre el que había puestas grandes expectativas. Los plazos se habían dilatado tanto que ya no coincidían con los planes de expansión de una compañía que se está adaptando a marchas forzadas al nuevo comercio.
Finalmente, el pasado mes de septiembre el Ayuntamiento reconocía lo que ya era una evidencia. IKEA no está ni se le espera, lo que ha obligado a buscar un plan B para un proyecto que se diseñó pensando en la implantación de la compañía.
En esta segunda etapa, los propietarios de los terrenos son los que han cogido las riendas de las negociaciones. Ellos eran los principales interesados en que pudiera encontrarse fácilmente un sustituto.
Después de tantos años, esperan poder obtener un beneficio económico de un suelo por el que IKEA estaba dispuesta a pagar 15,7 millones de euros. Igual o más interés tiene el Ayuntamiento de Tarragona, que tiene en propiedad otro 20%. Por ello, se incluyó una partida de 2,7 millones de euros en el presupuesto de este año, y así poder empezar los trabajos de urbanización del plan parcial 10, evitando que la alternativa también se eche atrás.
La ubicación ha jugado un papel clave en el momento de encontrar a un interesado, que ahora todo apunta que ya estaría encarrilado. La posibilidad de tener cerca un nudo de conexiones con vías como la A-7, la N-340, la AP-7 y la T-11; su posición entre las dos principales ciudades de la demarcación, como son Tarragona y Reus; así como la posibilidad de convertirse en un gran polo comercial, junto a Les Gavarres, que atraiga a clientes de toda la provincia, e incluso de Lleida y Castelló, son algunos de los principales puntos a favor. Precisamente éste fue un aspecto que destacó Pedro Campelo, director de desarrollo de IKEA Ibérica SAU, cuando en junio de 2012 firmó en nombre de la multinacional sueca el convenio para su implantación. Veremos cómo lo digiere el comercio local.
