Dos estudios de publicación muy reciente han arrojado luz sobre los abusos sexuales en el entorno de la Iglesia. El primero de ellos es el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria’, del Defensor del Pueblo.
El documento es un análisis contundente contra la institución. Apunta que «la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada mucho tiempo por la negación o la minimización del problema. Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos».
El estudio, basado en parte en una encuesta, revela que «el abuso sexual infantil cometido en un ámbito religioso es un problema que ha afectado en España a un 1,13% de las personas adultas».
Explicaciones con detalle
En Tarragona son ocho los casos de abusos sexuales comunicados. En todos ellos los agresores fueron sacerdotes. El número de víctimas se eleva a 18, todos ellos menores de edad. El 77%, casi ocho de cada diez, eran del género masculino. La mayoría de casos, cinco de los ocho, se sitúan entre 1960 y 1979. Otros dos se ubican en la franja del año 2000 a la actualidad.
Dos estudios recientes han arrojado luz sobre los abusos en las últimas décadas
El informe destaca la predisposición de la institución en Tarragona a la hora de proporcionar información: «La Archidiócesis de Tarragona es la que explica con más detalle sus fuentes internas de datos. Empieza recordando la naturaleza del ‘archivo secreto’ (canon 489 Código de Derecho Canónico), donde deben estar guardados los abusos cometidos por clérigos, afirmando que esa ha sido su principal fuente de datos. Como complemento, indica que ha consultado el Boletín oficial del Arzobispado de Tarragona y el archivo general de la curia. La consulta complementaria de estos archivos se ha limitado a una lista de sacerdotes secularizados. Asimismo, ha tenido en cuenta los datos aparecidos en medios».
Auditoría de abogados
Por su parte, el informe ‘Para dar luz’ de la Conferencia Episcopal bebe de sus propios datos recabados, recoge aportaciones de otros estudios, además del propio del Defensor del Pueblo y de una auditoría legal e institucional entregada por el despacho Cremades & Calvo Sotelo, designado para investigar los casos.
El estudio recoge un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas en España a lo largo del tiempo. Este análisis también recoge la proactividad del Arzobispado de Tarragona a la hora de esclarecer la cuestión.