El caso Jaume I llega a su punto final con un desenlace inesperado: no hay culpables ni responsables penales del sobrecoste de una obra que, inicialmente, se había presupuestado en 3,9 millones de euros pero que a la práctica ha costado más de 25 millones de euros a las arcas municipales. Después de veinte años de polémica –y 14 en el juzgado–, finalmente el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, Vicente José Martínez Pardo, ha dictado el auto de sobreseimiento provisional de la causa, cerrando de esta forma una polémica que el Ayuntamiento arrastra desde inicios del siglo XXI. El archivo será definitivo cuando el juez considere que ha prescrito el delito que estaba investigando a raíz de la apertura del expediente judicial en 2008: malversación de caudales públicos. Hasta entonces –no se ha definido cuándo– podría reabrirse el caso si apareciera alguna nueva prueba.
En el auto, al que ha tenido acceso el Diari, el juez considera que «no concurren indicios suficientes de que los hechos denunciados hayan sido cometidos con los requisitos de los tipos penales por los que se formula la denuncia», «ni con la intencionalidad y el ánimo necesarios para ser constitutivos de infracción penal», por lo que «procede el sobreseimiento de las actuaciones hasta que se justifique debidamente la perpetración del delito».
¿La traducción? Que la mala praxis técnica y política no es delito penal, pese a que el coste de la obra se haya multiplicado –como mínimo– por ocho, sin que las actuaciones hayan podido llegar nunca a buen puerto. De hecho, lo que en 2002 –que es cuando se iniciaron las obras– debía ser un aparcamiento automático inteligente hoy (en 2022) es solo un agujero sin ningún uso ni horizonte que está cerrado desde febrero de 2008. El propio magistrado del caso indica en su escrito firmado el pasado 10 de febrero que «es cierto que ha existido un sobrecoste en la ejecución de una obra que, al final, se ha revelado como inútil».
«Indicios sin acreditar»
Para justificar que el caso no llegue a juicio, el juez afirma que «las diligencias practicadas hasta el momento no han permitido acreditar a nivel judiciario hechos distintos a los que fueron apreciados por el informe de la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento de Tarragona». En este trabajo, presentado públicamente en 2009 y elaborado por altos funcionarios de la Plaça de la Font, se denunciaba la «falta de reacción» política, así como una actitud de «pasividad total» ante unos hechos «gravísimos que hipotecan la ciudad desde hace varios años». El Consistorio –entonces liderado por el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC)– llevó ese expediente ante la Fiscalía para sondear si se habían producido hechos delictivos por parte del gobierno de CiU y PP encabezado por Joan Miquel Nadal (CiU).
Pese a que en aquella auditoría técnica se apuntaba como posibles responsables del desastre tanto al expresidente, al exgerente y al exconsejo de administración de Aparcaments Municipals que decidió constituir la UTE con Sistemas Alem para construir lo que debía ser un parking, el juez resalta que «la documental no aporta indicios suficientes de que el desvío presupuestario que aprecia la comisión de investigación presente relevancia penal». Esta afirmación ya fue contrastada durante el proceso judicial por parte del que fuera presidente de la comisión de investigación, el ahora secretario general –Joan Anton Font–, quien en su declaración ante el juez «descartó la posibilidad» de que se hubieran cometido delitos penales, según indica el juez en el auto.
Sin imputados en todo el proceso
En la querella presentada en el año 2008, la plataforma denunciante –Veu Ciutadana– había alertado de la comisión de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y, en 2015, solicitaba las imputacionesde los exalcaldes Nadal y Ballesteros, de los miembros del gobierno municipal y de los integrantes del consejo de administración que avalaron el proyecto y la UTE. El juez, sin embargo, se muestra contundente para rechazar esta posibilidad. Sobre el delito de malversación, recalca que «no se han detectado indicios reveladores, como podrían ser facturas falsas o que respondan a suministros ficticios». Por lo que se refiere al de prevaricación, el magistrado revela que «no resultan precisas nuevas diligencias», ya que estas «ya han sido objeto de otro procedimiento penal que se resolvió con archivo».
Sobre la falta de imputaciones en 14 años de proceso, el juez afirma que «la incoación de un proceso penal contra una persona determinada comporta siempre graves consecuencias». Concretando en las peticiones relativas a los exmáximos responsables municipales, el magistrado cree que en la propuesta «no se aporta ningún elemento indiciario», así como que en los escritos «no se identifican hechos concretos que se atribuyen a cada persona», «ni cuál es su participación específica en los delitos», por lo que «no hay justificación alguna» para imputar a nadie» porque las solicitudes «presentan trazas de generalidad incompatibles con las exigencias derivadas de la presunción de inocencia».
TGN presenta recurso de reforma
Tras tener constancia del auto, el Ayuntamiento de Tarragona –que ejerce como acusación particular desde marzo de 2021– ha presentado un recurso de reforma ante el propio juzgado, solicitando que el Cuerpo Superior de Interventores-Auditores del Estado lleve a cabo un análisis sobre el flujo de dinero durante todo el proceso entre la AMT, Sistemas Alem y la UTE. «Lo presentamos porque entendemos que aún hay elementos de prueba que no se han practicado», indica el concejal responsable de Assessoria Jurídica, Jordi Fortuny (ERC), quien recalca que «seguiremos luchando jurídicamente hasta el final para saber si se ha producido un delito de malversación».
Pese a ello, Vicente José Martínez se muestra crítico en el auto con esta prueba solicitada por el Ayuntamiento. «Pretender que se investigue sin mayores especificaciones podría suponer la introducción subrepticia que podría convertir la presente causa en una suerte de inquisición general», relata el magistrado, quien recuerda que un perito ya presentó un informe en este sentido y que tardó tres años en elaborarlo, «con siete prórrogas», indica. Además, cabe señalar que los interventores estatales ya rechazaron en 2016 practicar el análisis del flujo monetario de la operación, al alertar que no tienen competencias «para estudiar la contabilidad de empresas privadas». El fiasco del Jaume I llega a su fin sin que nadie haya podido encontrar a los responsables del que ha sido el mayor desastre de la historia reciente de la ciudad. ¿Un fracaso?