La polémica por el desahucio del establecimiento Iot de la Platja Llarga llegará hasta el Tribunal Supremo. Según ha podido saber el Diari, la defensa jurídica del histórico negocio presentará este lunes un último cartucho ante el alto tribunal estatal para intentar frenar el desalojo decretado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Las fuentes consultadas por este periódico confirman que el bar-restaurante, abierto desde 1986, registrará pasado mañana un último recurso de casación en el Supremo, que formalmente se entregará al TSJC porque es el organismo que dictó la resolución que ahora se recurre.
Se trata de la última vía legal de un emplazamiento que, finalmente, ha podido mantener actividad a lo largo de todo el verano, un extremo que era el objetivo que tanto los propietarios como los usuarios habían reivindicado hace meses durante una recogida de firmas tras conocerse la situación del negocio.
Casi tres años de lucha
La lucha del conocido emplazamiento está ya en los últimos metros de una batalla jurídica que se inició hace casi tres años, cuando el Govern comunicó a principios de noviembre de 2018 al propietario del local, Josep Maria Donato, que el día 30 de ese mes debía abandonar el espacio que ocupa desde hace ya 35 años. La resolución del Departament de Patrimoni de la Generalitat fue recurrida ante el TSJC, que hace meses dio la razón a la corporación pública para tomar la posesión del edificio para sacar el uso a licitación pública.
Pese a ello, el titular del negocio solicitó ante el mismo tribunal la paralización de la ejecución de la sentencia, justificando su acción en el hecho de que aún tiene otras vías judiciales en vigor, como el de las sanciones por un valor global de 22.000 que el Govern le ha impuesto desde 2018 por no abandonar el recinto. Por ello, el Iot argumentaba entonces –y reitera en el recurso que presentará este lunes– que una sentencia favorable, con el Iot ya fuera y con otro negocio en funcionamiento, sería de «difícil reparación» para los intereses del actual gestor de la planta baja del inmueble.
Sin embargo, al final el TSJC no aceptó suspender la ejecución del desahucio. «Este fue anunciado el 12 de febrero de 2019, de forma que no estamos ante una circunstancia repentina, sino que el actor ha tenido tiempo para preparar el traslado de las instalaciones», indicó el tribunal en la resolución. Asimismo, en caso de que alguno de los recursos del Iot sea aceptado, se considera que «los daños pueden ser compensados económicamente», a la vez que recuerda que «estamos ante un edificio de titularidad pública cuyo destino inevitable es el de usarse para intereses públicos y no privados, por muy legítimos que estos puedan ser».
El TSJC recalcó, asimismo, que «no hay ninguna autorización o concesión que permita atribuir de una apariencia de legitimidad la ocupación del establecimiento», por lo que defendió la postura del Govern de «realizar la correspondiente licitación pública». El Iot, pues, parece tener ya los días contados.
