La Generalitat de Catalunya recupera el proyecto para unificar todas sus sedes territoriales en un solo edificio. Así lo aseguró ayer al Diari la delegada del Govern en el Camp de Tarragona, Teresa Pallarès (Junts per Catalunya), quien apuntó que la prioridad de la administración autonómica será ubicar sus veinte direcciones de servicios en un nuevo inmueble que se alzaría en el solar donde está la antigua prisión, que a final de año quedará vacía con la entrada en funcionamiento del nuevo Centre Penitenciari Obert (CPO). «Soy ambiciosa y, además, estoy harta de que Tarragona esté en la cola. Es el momento de apostar por la mejora del servicio que se ofrece a la ciudadanía, así como las condiciones de trabajo de los propios funcionarios de la Generalitat», indica la máxima representante del Govern en las comarcas tarraconenses, quien en Ràdio Ciutat de Tarragona valoró la «céntrica ubicación y la óptima conectividad» que ofrece el equipamiento que, hasta finales de 2015, albergó a unos 200 presos que posteriormente se trasladaron a Mas d’Enric (El Catllar).
De momento, la Delegació del Govern ya tiene un primer análisis de las características que necesitará para el futuro inmueble. Este deberá tener «entre 28.000 y 30.000 metros cuadrados» para dar servicio a los 900 trabajadores de sedes territoriales que tiene la corporación pública en la ciudad. El siguiente paso será llevar a cabo el estudio general de necesidades, que Pallarès enfatiza que «pelearé para que tenga partida en el presupuesto de 2023». De momento, la delegada aún no se atreve a marcar un calendario concreto para la ejecución del proyecto, si bien sí que asegura que esta será «una de las prioridades de la legislatura» después de que la idea haya quedado aparcada durante casi una década. «Somos la segunda Delegació en presupuesto y trabajadores, pero algunas de nuestras sedes no ofrecen las condiciones que deberían tener. Somos la imagen de la Generalitat en Tarragona, debemos estar a la altura de ello y optimizar los recursos que tenemos. En Girona y Ebre ya se ha hecho la unificación, y ahora es el momento de Tarragona. Me cuadraré ante Patrimoni y Vicepresidència para ello», indica la delegada.
Según los primeros cálculos realizados por los técnicos autonómicos, el coste de la dispersión actual es de unos 3.5 millones de euros al año «entre alquileres, seguridad, agua y servicios energéticos», según afirma la máxima representante en Tarragona del gabinete del President Pere Aragonès.
¿Venta de edificios públicos?
Una de las claves de la tramitación administrativa será la descatalogación del inmueble de la antigua prisión, ya que está protegido como Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) según el Catàleg de Béns a Protegir. Obra del arquitecto Francesc Monravà en 1942, se trata de un espacio «muy macizo, hecho casi totalmente de piedra picada», que «ocupa un espacio muy grande pese a que ha ido cambiando su dedicación», según se indica en la justificación que lo califica como bien local. «No vemos problema en descatalogarlo, lo hablamos con Patrimoni», afirma Pallarès, quien recalca la necesidad de «ir de la mano del Ayuntamiento» para concretar la ubicación, los usos y los cambios urbanísticos que sean necesarios para concretar la operación con el nuevo POUM.
Pese a que aún se desconoce el presupuesto con el que contará la obra, lo que sí que ya tiene claro la delegada del Govern es que «será necesario realizar alguna operación financiera y urbanística» para pagarla. En este sentido, Pallarès apunta que varios de los inmuebles que en estos momentos ocupa la administración pública por toda la ciudad «son propiedad de la propia Generalitat». Por ello, una de las opciones que está sobre la mesa es la de vender algunos de estos edificios, «como podrían ser el de la Delegació o Ensenyament que tenemos en la calle Sant Francesc», para lograr recursos.
Desde la Generalitat de Catalunya se enfatiza que el futuro inmueble debe tener «una nueva fiolosofía», lejos de la frialdad de ahora. «No queremos solo un edificio, sino un espacio con zonas verdes y con más salas para reuniones que despachos y mesas individuales, más después de que la Covid haya impulsado el teletrabajo. El modelo a seguir es el Districte Administratiu de la Zona Franca», añade la política reusense. En este sentido, el Consell de Direcció de los representantes territoriales del Govern en el Camp de Tarragona ya se realizó en estas dependencias el pasado mes de marzo.
