El Gobierno del Pau Ricomà ha dado marcha atrás respecto al proyecto de urbanización de Mas d’en Sorder. La aprobación definitiva del plan parcial 43 estaba prevista para el pleno del próximo viernes. Sin embargo, tras votar favorablemente en la Comissió Informativa de Territori del pasado jueves, ERC y ECP han decidido frenarlo y han emplazado al resto de partidos a llevar a cabo una modificación puntual del POUM en la que se reconsidere la inversión.
El concejal de Territori, Xavier Puig, argumentó que «desde un punto de vista técnico no puede reprochársele nada». Pese ello, defendió que «merece ser repensado» ya que es una actuación que «ataca la línea de flotación de lo que es nuestro objetivo político, que es el urbanismo sostenible».
El proyecto de Mas d’en Soder afecta a un ámbito de 45 hectáreas de terrenos junto al campo de golf Costa Dorada. Este contempla la construcción de 236 viviendas y la rehabilitación de la antigua masía modernista, en la que se prevé construir un hotel rural de categoría superior. La futura urbanización se encuentra en unos terrenos junto a la Anella Verda, lo que ha generado importantes críticas de las organizaciones ecologistas en los últimos días. «Vista la preocupación que nos han mostrado muchos ciudadanos y las entidades ecologistas y sociales, y la posición de otros partidos, creemos que se da un contexto de oportunidad política para replantear este plan», argumentó el edil republicano.
Puig puso de manifiesto que, durante la negociación del POUM, pudieron «salvarse» espacios como La Móra 2, el Pont del diable y la Platja Llarga. En cambio, lamentó que en aquellos momentos no pudo hacerse nada para que tampoco se incluyeran planes como el de Mas d’en Sorder y La Budellera. Y ahora, desde el Gobierno, ERC no tira la toalla para que ambos proyectos se queden en el cajón. Para ello emplazaba a las fuerzas políticas que han mostrado su disconformidad, como son Junts per Tarragona y la CUP, a «abrir una línea de diálogo para estudiar la viabilidad y valorar». Un debate, no obstante, al que el Ejecutivo quiere sumarse al resto de partidos. Y, en este sentido, Puig apuntaba que «no nos limitamos, sino que abrimos el abanico de la reflexión a todas las fuerzas políticas porque debemos entender que, cuanto más amplios sean los apoyos, con más fuerza avanzaremos».
En este periodo de «estudio», el Gobierno abre la puerta a mantener algunos aspectos que contempla el proyecto. El Gobierno no ve con malos ojos recuperación de Mas d’en Soder. Sobre al respecto, el responsable municipal de urbanismo apuntó que «tiene muchos aspectos positivos». «El tema de las plazas hoteleras es un problema, siempre y cuando no sea insultante para la vista», decía Xavier Puig. Asimismo, la recuperación de los caminos y de la gestión forestal son otros de los elementos favorables que quieren tenerse en cuenta. «Todos los escenarios están encima de la mesa. Con todos los ingredientes encima de la mesa puede hacerse una propuesta concreta que nos convenza», decía.
En cuanto al cambio de postura de los partidos de gobierno, en los últimos días, Puig defendió que «en la comisión vi que los argumentos que se esgrimían contra el plan, son los nuestros y cuando te regañen con lo que tu defiendes es una cosa que da rabia»
La tramitación del PPU 43 se ponía en marcha hace más de cinco años. En el anterior mandato su avanzó de sexenio en el POUM y se procedió a la aprobación inicial. Ahora, uno de los elementos está en si su promotores deberán ser indemnizados si finalmente este se para. El Ayuntamiento considera que las circunstancias que se dan no tienen nada que ver con el PP10. En este caso, el Gobierno también estaba en contra, pero las elevadas indemnizaciones y el hecho de que ya se habían adjudicado las obras, e incluso estas ya habían empezado, con la construcción del Anillo Mediterráneo, hizo que finalmente el Ejecutivo reconsiderase su postura. «A nuestro entender, en la fase en la que está, la única cuestión que podría ser materia de indemnización es el coste de los proyectos redactados», argumentó. En todo caso, aseguró que es un aspecto que «valoraremos internamente» con las fuerzas que quieran sentarse para sacar adelante esta modificación puntual del plan general.
Si quiere abordarse este cambio, el calendario será largo. Una vez se haya suspendido la licencia esto garantiza un año de margen para tramitar esta modificación y hacer su aprobación inicial y después otro año para la definitiva. «Si no nos entendemos, los promotores podrán tirar adelante el plan», concluía.
La Candidatura d’Unitat Popular «celebraba» que finalmente se haya retirado este punto del orden del día del plenario. No obstante, su portavoz, Laia Estrada, se mostraba «sorprendida después de que, tras ocho meses en el Gobierno, no han hecho ningún movimiento hasta el último minuto». Estrada aseguraba que el cambio de postura de ERC y ECP ha sido «gracias a las presiones, en parte nuestras y de las entidades ecológicas».
Por su parte, Junts per Tarragona, que en la comisión informativa se abstuvo, mantenía la puerta abierta a que pueda aprobarse esta modificación del POUM. «Quiero ver una propuesta técnica, pero allí las 200 viviendas no pintan nada», afirmaba Dídac Nadal. La formación nacionalista considera que este proyecto «no cohesiona la ciudad, sino que la disgrega. No responde a la demanda de vivienda y hace que perdamos un pulmón verde».
