Tarragona Ràdio sigue en el ojo del huracán, centrando una vez más la batalla política entre los dos principales partidos del Saló de Plens: PSC y Esquerra Republicana. Y es que pese a que en la Plaça de la Font no han faltado polémicas desde 2019 por la negociación de los presupuestos, las ordenanzas fiscales o los modificativos de crédito, lo cierto es que donde más han subido el tono ambas formaciones ha sido en la gestión de la emisora municipal.
El mandato ya se inició con polémica por el despido del exasesor del exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) –Josep Maria Bonet– quien a su vez denunció a la compañía pública por su cese. Posteriormente, en medio del confinamiento por la pandemia, la dirección de la firma municipal se querelló contra la exjefa administrativa, al alertar de un posible desfalco de 18.000 euros de dinero que debía pagarse a proveedores pero que, según la empresa –y ahora también la Fiscalía– se habrían desviado a dos cuentas corrientes privadas de la exempleada. Fuentes de la firma pública lamentan que, en años anteriores, también se pagaban comisiones por la venta de publicidad que «llegaban a ser de entre el 20% y el 50%» de cada operación. Las mismas fuentes aseguran que, desde 2021, estas «malas prácticas se han cortado de raíz», en lo que es un nuevo disparo contra la anterior gerencia.
Denuncias cruzadas
Por si no fuera poco, el ruedo siguió con actividad cuando la dirección de Tarragona Ràdio presentó ante la Fiscalía un informe jurídico en el que se exponía el pago indebido por valor de 800.000 euros a entidades de la ciudad por cuestiones que no corresponderían a la actividad propia de la compañía, en lo que según la presidenta Paula Varas (ERC) eran «subvenciones encubiertas», con unos 250 pagos «fantasma» de una gestión «de tipo caciquil».
Posteriormente, en mayo de este 2022 el exasesor de Ballesteros se querelló contra Varas y la vicesecretaria general del Ayuntamiento, a quienes acusó de haber cometido dos presuntos delitos: suplantación y usurpación de identidad y usurpación de atribuciones en el pago del impuesto del IRPF correspondiente al ejercicio 2019 de la compañía municipal, al haber usado, presuntamente, su firma digital tras haber sido cesado.
Sobre toda la situación generada, Varas expresa que «éticamente, estoy satisfecha porque se avance en la recuperación de los recursos públicos y la dignidad de Tarragona Ràdio. Y, políticamente, orgullosa de un Ayuntamiento valiente e implacable en la lucha contra la corrupción», afirma la edil de Esquerra, quien también dispara contra los partidos de la oposición. «Estoy decepcionada, nunca nos ha apoyado a la hora de levantar alfombras y actuar contra la corrupción: disfrazar la lucha contra la corrupción de acoso político es mezquino y cobarde», indica la representante del ejecutivo de Ricomà.
Desde el PSC se apuesta por mantener un perfil bajo tras el último escrito de acusación de la Fiscalía, que avala que la exempleada del desfalco habría cometido dos presuntos delitos: malversación de caudales públicos y daños informáticos, por lo que le pide seis años de prisión. «El tema está en el juzgado, debe respetarse la presunción de inocencia», indica la portavoz socialista, Sandra Ramos, quien pide al ejecutivo local que «no lo mezcle con temas políticos» ya que el presunto desfalco de 18.000 euros «se habría producido a caballo entre los dos últimos mandatos», desde octubre de 2018 –con el gobierno PSC-PP– y febrero de 2020, ya con ERC con la vara de alcalde. Todo parece indicar, pues, que Tarragona Ràdio seguirá siendo la diana de la polémica hasta las Municipales de 2023.
