Carlos Hugo Preciado: «El descrédito del órgano de poder de los jueces es tremendo»

Carlos Hugo Preciado Domènech (Tarragona, 1969) es el primer tarraconense que ha sido elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una institución que durante más de cinco años ha tenido algunos miembros con el mandato caducado. Estudió en La Salle Tarragona hasta COU. Después comenzó a trabajar de ordenanza en la Administración tributaria.

Fue sindicalista y con 24 años, mientras trabajaba, inició sus estudios de Derecho en la UNED. A los 29 se sacó el título y ejerció como abogado, principalmente laboralista y también penalista. Fue cuando comenzó a estudiar para las oposiciones a la Judicatura en el turno libre. Tras cuatro años, en 2005, aprobó.

Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Valls y después el de Violencia sobre la Mujer de Reus. En marzo de 2011 dejó el Baix Camp por Barcelona, donde entró como magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat).

El último año ha sido letrado coordinador del área de lo Social del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, hasta que el pasado 25 de julio fue elegido como vocal del CGPJ. También es miembro de la Comisión Permanente, de la de Igualdad y de la Comisión Mixta de Relaciones con el Ministerio y uno de los vocales delegados de Catalunya.

¿Cómo fue su elección como miembro del CGPJ?

A mí me escoge mi asociación, Juezas y Jueces para la Democracia. Hicimos unas elecciones para presentar candidaturas. Se presentaron nueve. Salí como el más votado, con 164 votos de la asociación. A partir de ahí, desde 2018 hubo un bloqueo de la institución, no se renovó. Y pasaron cinco años, casi un mandato. Y en el momento de presentar las candidaturas ante el Congreso y Senado, el grupo Sumar me propuso como candidato para formar parte del octavo mandato del CGPJ. Y me eligieron en el Senado tres quintos de los senadores.

Las luchas en Madrid a la hora del nombramiento de los cargos electos del Consejo General del Poder Judicial ¿han hecho mucho daño a la imagen de la Justicia?

Yo creo que el Consejo ha sido una de las instituciones más desprestigiadas en el último lustro. Ha sido una víctima de la polarización política y ha privado a los ciudadanos de una institución esencial que garantiza la independencia de los jueces y magistrados de este país. Ha supuesto durante cinco años un problema constante para la ciudadanía, sin que haya acertado a resolver ninguno de los muchos problemas que aquejan a la administración de Justicia.

El ciudadano ve la Justicia muy politizada.

Creo que la ciudadanía tiene una percepción de politización de la justicia por el mal uso que se ha hecho de la institución del Consejo General. Yo, que soy juez desde hace más de 16 años, puedo decir que casi el 100 por cien de los jueces y magistrados de este país sirven a su oficio con independencia.

Todos tenemos una ideología. Pero a la hora de aplicar las leyes, nos debemos únicamente a la garantía de los derechos de los ciudadanos, y a la aplicación íntegra de la ley, con independencia de que esta ley pueda ser más cercana o más lejana a la ideología que todos y todas tenemos.

La función del juez no es realizar su ideología en las sentencias sino aplicar lo que la soberanía popular, a través de las Cortes Generales, ha decidido.

Por lo que hemos visto, algunos jueces no lo consideran así.

Probablemente, en los últimos tiempos ha habido algunas manifestaciones sobre determinadas leyes que han supuesto una toma pública de posición de algunos jueces de leyes que no les gustaban. La función de los jueces no es esa, no es manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo con las leyes sino aplicarlas.

Y en ese sentido, la ciudadanía tiene derecho a tener delante a jueces absolutamente imparciales, absolutamente independientes y completamente comprometidos con la aplicación de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Y sobre todo con la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía.

¿El poder judicial ha perdido independencia?

Creo que hay que distinguir dos cosas: el gobierno del poder judicial, que ha sido el Consejo, y los jueces y magistrados que cada día hacen su trabajo. Estos son iguales ahora que hace 15 ó 20 años. Lo que ha supuesto una pérdida de imagen, de independencia, ha sido el mal uso de la institución del Consejo como un ariete político para determinadas opciones y que han desprestigiado la función primordial de la institución, que es exactamente la contraria: garantizar la independencia frente a todos, como en el discurso de apertura del año judicial subrayó nuestra presidenta, Isabel Perelló.

¿Cómo se le puede explicar al ciudadano que el CGPJ haya estado cinco años caducado?

Creo que tenemos que ser conscientes del valor de las instituciones, que son de la ciudadanía y del pueblo. Y no se puede permitir ni tolerar que se apropie ningún poder político ni sector ideológico de las instituciones. Estas están para solucionar los problemas de la gente y no para servir a los fines de uno u otro partido.

Y particularmente el CGPJ ha fracasado en este propósito durante los últimos cinco años. El nivel de descrédito de la institución es tremendo y ahora nos toca a los nuevos vocales intentar recuperar la confianza ciudadana en la institución y hacerla de nuevo una institución útil para los ciudadanos, que son al fin y al cabo los propietarios de la misma.

La paralización en los nombramientos ha supuesto aumentar los casos pendientes en los Juzgados. ¿Se sabe cuánto tiempo se tardará en normalizar la situación?

Efectivamente, hay más de 100 nombramientos pendientes que no se han llevado a cabo en los últimos cinco años. Ha supuesto cierto retraso, más aun del que ya teníamos en la resolución de asuntos. Este nuevo consejo hemos decidido incrementar el número de plenos, de reuniones de la comisión de calificación y del ritmo de trabajo que nos toca asumir para cuanto antes intentar normalizar esta situación que hemos heredado, que es absolutamente catastrófica.

Tenemos que lograr remontar este vacío de nombramientos, un montón en Tribunales Superiores de Justicia. Igual pasa con las audiencias provinciales y más de 20 plazas en el Tribunal Supremo por cubrir. Nos hemos puesto desde un principio manos a la obra. Intentaremos darle cauce de la forma más eficaz y más rápida posible.

Usted ha sido camarero, ha trabajado en la construcción y ha recogido fruta en Lleida. ¿Le da una visión privilegiada a la hora de imponer justicia, principalmente en el ámbito social, que es su campo?

Haber trabajado en diversos sectores te da una perspectiva más abierta y más cercana a la realidad que la que puede tener una persona que jamás ha trabajado en eso. Afortunadamente, no soy un caso único en la judicatura.

Hay compañeros que han tenido experiencias laborales como yo. Algunos están en el Tribunal Supremo. Ello enriquece la función jurisdiccional y acerca la justicia a la ciudadanía.

¿Qué le impulsó a dejar de ser abogado laboralista y dar el salto a juez?

Siempre me ha gustado el mundo de la justicia como una herramienta para lograr mejorar la vida de la gente y el disfrute de sus derechos. Por eso primero fui sindicalista, para intentar lograr que mis compañeros de trabajo en Hacienda tuvieran mejores condiciones.

Después me hice abogado laboralista para que los trabajadores tuvieran acceso a un juicio justo y pudieran reivindicar con ciertas garantías sus derechos laborales. Y finalmente me hice juez para, desde la institución de la Judicatura, garantizar los derechos fundamentales, y aplicar las leyes con una visión humana de las mismas que garantice que en todo momento el ciudadano va a tener derecho y acceso a una justicia humana y humanizada.

Comenzó siendo juez en Valls y Reus. ¿Qué recuerda de aquella época?

Recuerdo un trabajo ingente, mucho, con muy pocos recursos, con una plantilla de trabajadores maravillosa de los que guardo muy buen recuerdo. Una experiencia que me llegó a plantear por qué la justicia en los pueblos están tan mal dotada de medios y qué podemos hacer para cambiar eso.

Que la ciudadanía de Valls, de El Vendrell, de Tarragona, tenga acceso a unos juzgados dignos, que les den solución a los problemas que plantean en un tiempo razonable. Y por esta razón me planteé presentarme a las elecciones de vocal en mi asociación, para intentar contribuir de la mejor manera posible para cambiar estas cosas.

La justicia es lenta. ¿Está de acuerdo?

Si es lenta, no es justa, jamás. No es aceptable que se esté sacando una sentencia o un juicio de despido dos años después. No es aceptable que se den medidas provisionales en materia de familia más allá de seis meses. No es aceptable que la gente, para conseguir que sus derechos sean efectivos, tengan que esperar años. Porque esto lo que hace es alejar al ciudadano de la justicia. Y al fin y al cabo de sus derechos, y a resignarse a sufrir la injusticia.

Un mal endémico de la Justicia son los retrasos en llegar los casos a juicio. ¿Cómo se puede resolver?

No hay una solución simple, es compleja. Creo que debería haber diversas medidas. Una de ellas sería establecer una estructura judicial con los tribunales de instancia: dejar de haber como ahora diversos juzgados sino solo uno que los agrupara. Facilitaría la estructuración administrativa, aumentaría la eficacia y propiciaría la flexibilidad en la gestión de los recursos que tienen los juzgados.

Otra medida sería la reforma que está en ciernes, y que el Consejo está a punto de remitir al ministerio, sobre el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, ya que la actual lleva más de siglo y medio. Hay que conseguir que los fiscales instruyan, eliminar la figura del juez de instrucción y establecer, como en los países del entorno, un juez de garantías, que permita una justicia penal del siglo XXI.

¿Faltan medios tecnológicos?

Las nuevas tecnologías son un tercer eje para abordar la justicia humana en tiempo. Estas tecnologías, que están presentes en muchas administraciones, deben actualizarse en el ámbito de la Justicia. La textualización de las sentencias, que estas sean cada vez más orales y más directas e inmediatas con el ciudadano. Es una asignatura pendiente que tiene la Justicia española.

Si un ciudadano va a un juicio y es el propio juez, al final del juicio y tras el estudio conveniente, quien oralmente le dice cuál es la resolución y queda consignado automáticamente por un programa de textualización de voz en una resolución escrita, el ciudadano sale con una explicación humana de la solución de su conflicto.

Con una sentencia escrita en la mano, y con al menos un trato mejor que el que está recibiendo ahora por falta de medios materiales, informáticos y humanos.

También la precaridad del personal.

Hay una alta tasa de precariedad en la administración de Justicia, con una tasa inaceptable de interinidad. Esto provoca es que la justicia no esté servida por profesionales que de forma estable y con formación continua den un servicio de calidad.

Quiero poner en valor todo el trabajo encomiable que hacen los trabajadores de la Administración de justicia. Desde el CGPJ queremos colaborar con las administraciones competentes para lograr mejorar entre todos la calidad del servicio y la agilidad, de manera que los ciudadanos tengan sus resoluciones en un tiempo razonable.

Uno de los temas candentes es la multirreincidencia. ¿El Código Penal tiene mecanismos para luchar contra la misma?

Aquí tenemos un problema. En Barcelona está identificado con la falta de 4 ó 5 juzgados penales para que los juicios rápidos –que tendrían que estar sentenciados en 15 días y que se están señalando a un año y medio o dos– pudieran cumplir la ley y tener las sentencias en 15 días.

También el Ministerio de Justicia está trabajando en una aplicación para facilitar la detección de supuestos de multirreincidencia. Estamos ante una problemática doble: una de dotación de número de plazas judiciales y otra de dotación de medios informativos para que la ley, que castiga más la multirreincidencia, pueda ser efectivamente aplicada a todos los casos.

¿Hay que modificar el Código Penal?

Modificar el Código Penal tiene que ser una solución excepcional. Una sociedad que pretende resolver todos o la mayor parte de sus problemas con el Código Penal es una sociedad enferma. Soy partidario de crear escuelas, de aumentar los recursos en educación y a ser posible no utilizar el Código Penal salvo en aquellos casos en que sea absolutamente necesario y hayan fallado todos los recursos previos, como las sanciones administrativas, la educación, la prestación social o la solución de la pobreza que está detrás de la delincuencia.

¿La Justicia española necesita una reforma profunda?

Necesita lograr ser una Justicia del siglo XXI. Y necesita varias reformas, y no reformas de un día para otro sino de calado. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la modernización de la informática judicial, la dotación adecuada de medios personales hasta alcanzar la media europea. En España es de 11,7 jueces por cada 100.000 habitantes, en Catalunya de 10,2 y en Europa de 17.

Tenemos un problema de saturación y que, unido a un aumento de la litigiosidad, nos lleva a una situación de casi colapso, como la que ya nos encontramos hace muchos tiempo y venimos denunciando desde diversos sectores, de asociaciones de juristas y judiciales, de asociaciones de usuarios de la justicia y de políticos. La justicia necesita inversión y que se tome en serio por parte de los responsables políticos como un servicio que tiene que ser puesto al día.

¿Hay demasiados jueces politizados?

Creo que no. Todos los jueces tienen su ideología pero cuando entran en sala y hacen sus sentencias, lo que hacen es aplicar la ley, que puede ser conforme o no con su ideología. No estamos para hacer programas políticos sino para aplicar la ley.

¿Pero algunos, si?

Probablemente sí. Hemos visto algunos ejemplos, como el caso de Viki Rosell. El juez que fue condenado en Canarias por diversos delitos por intentar perjudicar a una candidata que había sido juez. Es un caso bastante evidente de politización que afortunadamente no es tónica general aunque sí que es verdad que los casos de politización de la justicia o de los jueces que son más noticia porque creo que son la excepción.