El Ayuntamiento de Tarragona ha dado los primeros pasos para acabar con las ocupaciones delincuenciales. Así lo informó ayer el alcalde, Rubén Viñuales, quien aseguró que el pasado 7 de julio firmó dos decretos para agilizar el desalojo de dos pisos en los que desde hace tiempo se vivían «situaciones muy complejas» que «no tenían porque seguir aguantando los vecinos». Estos están ubicados en Campclar y el Barri del Port.
El máximo responsable municipal –quien también es el edil de Seguretat– explicó que el Ayuntamiento de Tarragona se acogerá a la nueva ley 1/2023 del 15 de febrero, aprobada por el Parlament de Catalunya, del derecho a la vivienda. «Esta ampara a las administraciones locales, cuando los propietarios son bancos o grandes tenedores que no inician ninguna acción».
Viñuales manifestó que se ha impulsado este trámite teniendo en cuenta que «hay numerosos informes policiales que acreditan una conflictividad» con los vecinos. Estos habían presentado «denuncias reiteradas» hacia los ocupas, teniendo en cuenta que «ha habido amenazas de muerte, denuncias de lesiones y situaciones extremas», según especificó el alcalde, quien aseguró que algunos de estos vecinos incluso habían requerido de atención médica a causa de esta situación.
La administración local asegura disponer de «informes exhaustos» sobre los hechos delincuenciales que se habrían producido. Asimismo, se especificó que durante este periodo ha habido un trabajo de mediación e «intentos» de colaboración para conseguir bajar tensiones. Pese a ello, estos no habrían fructificado.
Además de los informes de la Guàrdia Urbana, Serveis Socials ha dictaminado que «no hay un caso de vulnerabilidad» en estos casos, por lo que ha decidido incoarse el procedimiento judicial para que pueda procederse al desalojo de estas personas. De momento, el Consistorio ya ha comunicado la situación a los propietarios para que actúen. De lo contrario, lo hará la propia administración, por lo que, de momento, se desconoce el momento en el que se llevarán a cabo el desalojo.
«Hoy es el principio del fin de este tipo de situaciones. Es un día importante para la ciudad»
Viñuales aseguró que el Ayuntamiento de Tarragona está actuando de forma «pionera» en este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que hace menos de cinco meses que se aprobó la ley que permite actuar a las administraciones locales. Asimismo, este también afirmó que «hay más casos» como estos en Tarragona. «Estos son los más urgentes y no nos ha quedado más remedio que actuar», apuntó.
Por una cuestión de «protección de datos» y para evitar «estigmatizar» las zonas en las que hay más casos de este tipo de ocupaciones, el alcalde evitaba concretar la cifras y los barrios en los que se dan casos similares. Pese a ello, afirmó que los hay tanto en Ponent como en Llevant o el centro.
La mayoría de las viviendas ocupadas de forma delincuencial son propiedad de bancos y de grandes tenedores, los cuales, afirmó, «no hacen nada» para revertir esta problemática. «Si no actúan los propietarios, lo haremos nosotros», añadía el alcalde socialista.
«Hoy es un buen día para las personas que sufren situaciones así, porque el Ayuntamiento puede hacer alguna cosa. Es el principio del fin de este tipo de situaciones», justificó.
Compra de viviendas
Durante su intervención, Viñuales también especificó que el nuevo Gobierno continuará con la compra de viviendas por tanteo y retracto para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia habitacional que se producen en la ciudad.
Durante el anterior mandato, el Ayuntamiento –a través del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA (Smahausa)– invirtió la cifra de 2,5 millones de euros para dicho fin. En total se compraron 43 viviendas de las cuales 24 ya están alquilados y otros cinco pendientes de que puedan entrar nuevos inquilinos. Diez están en fase de rehabilitación, mientras que los tres restantes están pendientes de licitarse las obras. Cuando se levante la moratoria antidesahucios del Gobierno se prevé que estos se incrementarán de forma exponencial.