La acusación particular del Ayuntamiento de Tarragona pide al juez cincuenta testigos e interrogar al representante legal del PSC de cara al juicio del caso Inipro que en los próximos meses tendrá lugar en la Audiencia Provincial, una vez que la pasada semana el magistrado dictara el auto de apertura de la vista oral. Así lo ha solicitado por escrito al Juzgado de Instrucción número 1 el abogado penalista contratado por el Consistorio, Ramon Setó, en un documento que fue registrado el pasado 14 de marzo, después de que –en febrero– se avalara la personación en el proceso de la administración liderada por el alcalde Pau Ricomà (ERC).
En el escrito, al que ha tenido acceso el Diari, el representante de la acusación municipal pide al juez que se cite «a través de la oficina judicial» a medio centenar de testimonios, entre los que se encuentran trabajadores del Ayuntamiento y de Serveis Socials, empleados y responsables de la empresa Inipro, así como el secretario general del Consistorio, Joan Anton Font; el secretario delegado del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST), Manuel Sanmartín; y el exsubdelegado del Gobierno –Joan Maria Abelló–, que era alto cargo municipal cuando ocurrieron los hechos.
Asimismo, la acusación impulsada por el gobierno de la Plaça de la Font (ERC-Junts per Tarragona-CUP) también pide la intervención en el juicio de guardias civiles, agentes de la policía judicial y de un auditor de cuentas del Estado. También se quiere citar a las seis personas que fueron desimputadas hace dos años pero que irán a juicio como posibles partícipes a título lucrativo: Mario Burzuri, Maria Cecilia Mangini, Juan Carlos Lozano , Judith Cepero y Vasile Balteratu.
Batería de preguntas al PSC
En el documento entregado al juez queda clara la voluntad de la acusación municipal de vincular a los acusados y los partícipes a título lucrativo con el PSC, formación a la que el juez Ignacio Parra Cabrera requiere que presente en un plazo máximo de diez días una fianza de 276.157 euros, con la advertencia de que, si no lo hace, «procédase al embargo de bienes de su propiedad bastantes para atender a dicha suma dineraria», según relata en el auto firmado el pasado 29 de marzo.
Por ello, «advertida la condición del PSC de beneficiario último de las actividades ilegales realizadas por los acusados», Ramon Setó solicita al juez que el Partit dels Socialistes de Catalunya «aporte un certificado que dé respuesta» a una batería de preguntas que incluye en su escrito sobre los nueve acusados –entre los que se encuentran el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros y la concejal Begoña Floria– y los cinco partícipes a título lucrativo que habrían «promocionado y cuidado la imagen institucional del alcalde Ballesteros en los medios de comunicación y en las redes sociales» por valor de 276.000 euros, usando presuntamente recursos económicos que debían destinarse al IMSST para «fomentar el asociacionismo» de los inmigrantes.
Cinco son las cuestiones que el abogado municipal pide al magistrado que sean contestadas por la formación socialista sobre los implicados en el caso. La primera es «indicar la condición de militante del PSC y, en caso afirmativo, decir la fecha de afiliación y de posible baja». Asimismo, también pide que, respecto a los afiliados, se indique «si la militancia es plena o está suspendida (como es el caso de Ballesteros y Floria)» y, si es este último caso, concretar «el motivo de tal circunstancia».
En el escrito, la acusación particular también solicita especificar quien de los implicados del caso «ha formado parte de las listas electorales del PSC» –como afiliado o independiente– «y en qué elecciones ha concurrido». Asimismo, la parte municipal requiere que se especifiquen «los diferentes cargos orgánicos» que han desarrollado los acusados y partícipes a título lucrativo «tanto a nivel local, provincial o nacional dentro del PSC», así como que se concreten «qué cargos remunerados (asesores y otros) han ocupado o ocupan actualmente, expresando el importe de los emolumentos».
Paralelamente, el representante legal municipal en este caso quiere que, de cara a la vista oral, se interrogue «al legal representante del PSC en la condición de responsable civil». Todo parece indicar que quien comparecerá ante el juez será el gerente de la formación socialista, David Fuentes, que es quien cuenta con los poderes legales.
A raíz de toda esta argumentación, la acusación del Consistorio pide 14 años y tres meses de prisión para Ballesteros, a quien apunta por seis delitos: alteración de precios de concursos públicos; prevaricación; falsedad documental; malversación; tráfico de influencias; y fraude. Asimismo, solicita 10 años y tres meses para la exportavoz municipal, Begoña Floria, al atribuirle cuatro presuntos delitos: alteración de precios de concursos públicos; malversación; tráfico de influencias; y fraude.
«Uso partidista de ERC»
El pasado sábado, tras conocer la petición de dimisión que hizo el ejecutivo de la Plaça de la Font a Ballesteros y Floria, el PSC emitió un comunicado de prensa en el que denunciaba «el uso extremadamente partidista que desde ERC Tarragona y el gobierno municipal se está haciendo sobre este tema», con «la única intención» de «desprestigiar políticamente» a los socialistas.
«Es rechazable su permanente y selectivo desprecio a la presunción de inocencia, y en especial el uso de todos los medios institucionales y municipales para intentar sacar rédito político», añadía el PSC, que recalcaba asimismo que «buscan con malas artes borrar el legado de Ballesteros, intentando lo que no consiguieron en las urnas».
