Hasta tres veces tuvo que leer un solicitante del bono social de la luz el formulario para acceder a esta ayuda, algo que es más habitual de lo que podría creerse, ya que el 72 por ciento de los trámites administrativos que tienen que realizar los colectivos más vulnerables no se entienden y no son claros.
Así se desprenden del informe elaborado por la organización Prodigioso Volcán tras analizar la claridad de 25 trámites y 500 textos administrativos de toda España.
En 2019, ocho de cada cien personas que vivían en España en el umbral de la pobreza recibían una renta mínima de inserción:
"¿Qué ocurre con esas 82 personas que no?", se ha preguntado la jefa del proyecto de Comunicación Clara en Prodigioso Volcán, Judith González. Para la responsable del proyecto, que la persona que esté haciendo un trámite no entienda el contenido del documento es uno de los hechos que propician que muchas ayudas no lleguen hasta los colectivos vulnerables.
Solo el 20 por ciento de los documentos administrativos cumplen con los requisitos para ser accesibles. Por ello, González ha denunciado que en muchas ocasiones es la propia administración que "lucha contra la vulnerabilidad" la que obstaculiza el acceso a las ayudas.
Para analizar estos obstáculos y la calidad de la comunicación en estos trámites, el proyecto establece cuatro aspectos del texto que evaluar: El lenguaje, la usabilidad, la accesibilidad y el diseño.
Tecnicismos
El uso de tecnicismos, páginas webs con demasiados links y excesiva referencias a leyes son algunas de las características principales que dificultan la comprensión del texto.
Así, los resultados muestran que cerca de la mitad de los trámites -el 48 por ciento- no alcanza buenos resultados en usabilidad; un 30 por ciento tienen un diseño poco legible y el 72 por ciento hace uso de un lenguaje poco claro.
No obstante, de los trámites analizados, los textos menos claros pertenecen al ámbito del empleo y la educación. Además, la jefa del proyecto ha hecho énfasis en que la falta de claridad también afecta a los colectivos que sufren la brecha digital y a los mayores de 74 años.