«La situación es extrema e insostenible», dice Florenci Nieto, presidente de Pimec Comerç en Tarragona. La patronal acaba de lanzar un SOS energético por la asfixia de la escalada de la luz, el gas o los combustibles. Un 27%, casi tres de cada diez, de este tejido empresarial en la provincia dice que el aumento de los costes de la luz afecta hasta el punto de comprometer la actividad. Se trata de un porcentaje bastante más elevado que el de la media catalana (16,4%), según una encuesta reciente de Pimec. Eso, trasladado al mercado laboral, supone que solo en la provincia haya 51.130 empleos en peligro.
La situación de ahogo por la crisis energética parece más dura en las comarcas tarraconenses. Un 70% de las firmas admiten una situación ‘preocupante’ o ‘grave’ por la energía, por el 62% de la media en Catalunya. Y ese barómetro, con preguntas efectuadas antes de la guerra de Ucrania, arrojaría hoy una radiografía mucho más cruda. «La realidad asusta, porque el coste ahora es aún mayor. La preocupación es siempre la misma, el encarecimiento de la energía, de la materia prima y de los precios en general. Al final está todo bastante relacionado», explica Pere Guerra, vicepresidente de la comisión de energía de Pimec.
Gemma Gasulla, secretaria territorial de Pimec Tarragona, confiesa que «la preocupación es elevada en un territorio como este, con mucha industria pequeña que necesita esta energía y teniendo en cuenta el impacto en el comercio, que es grande».
La casuística es tan diversa como la afectación generalizada. «Es un incremento que no cesa y está en unos rangos que son una barbaridad. Un ejemplo lo encontramos en una cárnica de Tarragona. El gasto se ha disparado cuatro veces más y eso que las neveras no están operativas al completo como en 2020. Y hablamos de una pyme, con solo unos 10 trabajadores», dice Gasulla. Y otro ejemplo: «Una empresa de transporte que ofrecía un mínimo de 600 euros al cliente para que el traslado no le cueste dinero ahora lo ha duplicado, hasta los 1.200 euros».
Aumentos inasumibles
El debate está claro: ¿pueden asumir esos incrementos las empresas? «Todo dependerá del margen con el que trabajen. Algunas quizás sí, pero, por ejemplo, un 40% de aumento es inasumible y se deberá aplicar ese incremento en el producto final. La empresa no podrá hacer mucho más para minimizar ese gasto, se generan pérdidas por todas estas subidas», denuncia Gasulla. Un 80,6% de las pymes tarraconenses tienen previsto repercutir los incrementos en el precio final. Un 25%, una de cada cuatro, reconoce que el impacto será «mucho». «Si no lo hacen, muchas empresas tendrán que cerrar», admite Gemma Gasulla.
Todo depende de la relevancia que tenga la luz o el gas en el balance de cada compañía. En Tarragona, para el 52% de las pymes, el peso del coste energético supera el 10% de los ingresos, un porcentaje que en Catalunya se queda en el 36%, mostrando una incidencia más limitada.
Para Pere Guerra, el precio «está cuatro veces por encima de lo que puede considerarse como normal», y la situación no hace más que aflorar un desequilibrio existente: «Venimos de un mercado deficientemente diseñado y ahora ha enloquecido. Al haber estas anomalías tan grandes que ya estaban en el sistema todo se hace más patente. Hay una sobrerretribución de la energía, que se genera a 35 euros y se vende a 230. Ya sería grande un margen de 35 a 50… pues imagina si hablamos de uno de 35 a 230 o 250. Se trata de una anomalía». Guerra apuesta por «limitar informáticamente el tope de precio de mercado, que antes estaba ajustado a 180 euros y se cambió a 3.000. Son cosas que se pueden hacer rápidamente, en cuestión de horas, un tratamiento de choque, antes de afrontar una reforma estructural».
Está por ver ahora cómo se concreta el acuerdo de España y Portugal con Bruselas para el tratamiento especial de gestión de los precios de la energía. El pacto logrado este viernes permitirá a los dos países poner en marcha sus propios planes para limitar el encarecimiento del mercado eléctrico topando las ofertas que realizan cada días las centrales de ciclo combinado. No es exactamente desligar los precios de ambos productos pero sí aplicar un mecanismo para mitigar el efecto contagio del gas en la electricidad. Se calcula que en un mes ya podrán percibirse ahorros en las facturas.
«Cada fuente por separado»
En cualquier caso, Pimec sostiene la urgencia es máxima y que se deben intervenir los precios. «No puede ser que el gas dicte el precio final de la luz, no tiene ninguna explicación física, defendemos que cada fuente de generación vaya por separado. ¿Por qué le tiene que afectar a una hidráulica la guerra de Ucrania? ¿Y a las placas solares?», se pregunta Pere Guerra, que apunta a uno de los debates clave de estos días. «Hablamos mucho de soberanía pero poco de soberanía energética. Nos hemos ido acorralando hacia una situación en la que somos demasiado dependientes de países que no son democráticos. Por eso no es posible que los rusos controlen cómo tenemos que vivir», confiesa Guerra, que reivindica que «las recetas son las mismas que hacen falta para la transición energética».
En ese sentido, el representante de Pimec desglosa las intervenciones deseables para paliar el agravio: «A corto plazo, de manera urgente, lo que necesitamos es limitar el precio; a medio término es una reforma estructural del mercado, aunque sea tarde, y hayamos necesitado una guerra para darnos cuenta de eso; y a largo plazo apostar por las renovables, por un despliegue masivo en el que ya vamos tarde». Guerra asume que «hay mucha resistencia por parte de las empresas distribuidoras pero necesitamos poner el interés general por delante».