«Cuando dices que tienes discapacidad es más difícil que te alquilen un piso», reconoce Luján Vives, psicóloga de Ment i Salut La Muralla. Recuerda como recibieron «muchos portazos» cuando se propusieron a ayudar a dos personas de la asociación a encontrar casa. «Cuando decías que eran pensionistas te preguntaban por qué tenían pensión, y cuando escuchaban la palabra trastorno ya ni contestaban o lo hacían con evasivas... Finalmente quien nos alquiló era una persona de nuestro ámbito», recuerda.
Desde hace casi dos años estas dos personas con problemas de salud mental viven juntas y de manera autónoma en el piso con las asistencia de un integrador social de La Muralla. El integrador les ayuda en trámites como el contrato de los servicios o las reparaciones «pero hasta ahora no ha hecho falta mediar por problemas de convivencia», explica. Además, los compañeros de piso « han congeniado muy bien» y su evolución desde que se trasladaron ha sido muy positiva.
La situación de estas dos personas, no obstante, sigue siendo minoritaria. La mayoría de los usuarios de la entidad viven con sus padres o en una residencia. La opción de independizarse está en manos de muy pocos; no solo por los estigmas, sino por las dificultades económicas, ya que la mayoría cobra una pensión no contributiva.
Cambiar las reglas del juego
Según el recuento realizado por la Conselleria de Capacitats Diverses del Ayuntamiento de Tarragona en la ciudad solo hay 163 plazas en recursos habitacionales adaptados entre residencias, hogares residencia y pisos con apoyo. El dato contrasta con el hecho de que en la ciudad viven 12.961 personas con discapacidad reconocida.
Esta es una de las constataciones que llevó a crear el Grup de treball d’habitatge adaptat de la que forman parte distintas entidades de la ciudad. Elvira Vidal, consellera de Capacitats Diverses, explica que las primeras actuaciones para promover el acceso a la vivienda del colectivo comenzarán por lo que se puede hacer desde el propio ayuntamiento en materia la vivienda social. La idea, explica, es que en este parque social, todavía muy incipiente, haya viviendas que se adapten a las necesidades de las personas no solo con problemas de movilidad, sino con otros tipos de discapacidad.
Eva Miguel, concejala de Habitatge, explica que en adelante se tomarán en cuenta las necesidades de los distintos colectivos en lo que se refiere a la nueva construcción. Pone el ejemplo del proyecto del PP10 para crear 223 viviendas sociales pendiente de la resolución de los fondos Next Generation. «Con la colaboración de Capacitats Diverses podremos dibujarlos desde cero», señala.
También se cambiarán las bases de la próxima convocatoria de ayudas a la restauración de pisos para poner en alquiler a través de Smahusa. Ahora las reformas destinadas a mejorar la accesibilidad también recibirán ayudas.
En lo que se refiere a las compras de pisos por el derecho de tanteo y retracto también se está haciendo un esfuerzo por que reúnan ciertas características, como estar en planta baja, aunque reconoce que en estos casos es más difícil tener de dónde escoger.
Más allá de las barreras
Laura Recha, directora de Apercamp y David Sanahuja, de Si jo puc tu també #epilep, dos entidades que forman parte del grupo de trabajo destacan que es importante que cuando se hable de vivienda adaptada se piense más allá de las barreras arquitectónicas. Para las personas con Asperger, por ejemplo, supondría un gran beneficio contar con aislamiento acústico para descansar de los estímulos que sobrecargan su cerebro.
Ambos coinciden, no obstante, que tanto en el caso de las personas con Asperger como las que tienen epilepsia, más que las condiciones físicas de la vivienda, la adaptación consistiría en contar con una persona de apoyo que les ayude en gestiones del día a día para poder mantener su autonomía sin comprometer su seguridad. «Los padres y hermanos no viven para siempre», recuerda Sanahuja.
