Los tres miembros de la junta directiva de la Asociación Diógenes Smoking Club y una cuarta persona que había sido secretario de la entidad han sido condenados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona a un total de 18 meses de prisión. Los cuatro han llegado a un acuerdo con el fiscal: medio año de cárcel y multa de 2.000 euros por un delito contra la salud pública y un año de prisión, multa de 720 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años por asociación ilícita. Se ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas. La pena privativa de libertad se deja en suspenso si no vuelven a delinquir en el plazo de dos años. El fiscal pedía inicialmente cinco años y medio de prisión.
A la asociación se le impone la suspensión de actividades durante cinco años, la clausura de locales y establecimientos durante el mismo plazo y prohibición definitiva de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se ha cometido, favorecido o encubierto el delito por el cual se ha dictado condena. Se acuerda el dinero y los efectos incautados.
La sentencia recoge que los acusados decidieron dedicarse a la venta de marihuana con la finalidad de obtener beneficios económicos. Los procesados procedieron a redactar unos estatutos de constitución de la Asociación Diógenes Smoking Club, confeccionados con fecha 20 de septiembre de 2013. Fueron presentados para su inscripción en el Negociat d’Entitats Jurídiques de los Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Justícia el 19 de junio de 2015 y el 14 de septiembre quedaron inscritos
En el redactado no se incluían como fines de la asociación ni el cultivo de la marihuana ni su venta, estableciendo expresamente que «la asociación no pretende en modo alguno llevar a cabo ninguna de las conductas consideradas como delito contra la salud pública en el Código Penal (...)».
La entidad se estableció sin patrimonio inicial. El 25 de julio de 2014 el presidente comunicó al Ayuntamiento de Tarragona la apertura de un club social privado de fumadores de cannabis, aportando documentación técnica, informe de incendios y autoliquidación de tasa, junto con otros documentos. El 16 de noviembre el Ayuntamiento comunicó la existencia de informes negativos a la autorización de la licencia de apertura pedida.
Las personas que se inscribían como socios de la asociación no pagaban ningún tipo de cuota por pertenecer a la misma, limitándose a pagar las cantidades de sustancia estupefaciente que se les entregaba. Vendían el gramo de marihuana a cinco euros.
La investigación
A partir de la petición de licencia al Ayuntamiento, la Guàrdia Urbana de Tarragona, conjuntamente con la Guardia Civil, comenzaron una investigación y controlaban las personas que entraban y salían. En dichas vigilancias, distintas personas se acercaban al local, permaneciendo en el interior escasos minutos –entre dos y ocho–, y salían al exterior tras haber adquirido la sustancia estupefaciente.
El 27 de julio, los agentes pidieron al Juzgado una petición de entrada y registro, que fue denegada. Por ello, siguió la investigación. Finalmente, cuando la causa ya estaba en el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, el 10 de noviembre se solicitó de nuevo autorización para acceder al local y en este caso se concedió. Y así se hizo a las 15.44 horas del día 12 de noviembre.
Los agentes encontraron marihuana repartida por todo el local y de diferente calidad , así como bolsas autocierre, básculas de precisión, etc. Al presidente se le intervinieron 800 euros procedentes de la venta de la droga. La sustancia intervenida pesaba 375 gramos, con un valor de 1.710 euros.
