La acusación del ayuntamiento de Tarragona al caso Iqoxe, entregada ayer, es un paso más para cerrar una de las heridas más importantes del territorio y dejar atrás el accidente más grave de los últimos sesenta años en el polígono que se llevó la vida de tres personas, uno de ellos, vecino de Tarragona, en Torreforta, a 2,5 kilómetros de la explosión. El juicio de la pieza principal no se señalará hasta 2025, según lo indicado por la Audiencia de Tarragona.
Un caso que, más allá de lo judicial, sigue en la mente de muchos ciudadanos, tal y como expresa Justo Velilla, responsable de la mesa de seguridad de la FAVT, quien considera que «esta acusación es una gran noticia para los vecinos y los trabajadores». Velilla manifiesta que «una tragedia como esta necesita una reparación profunda en todos los ámbitos» criticando de la empresa «no haber hecho un reparo y mirar a un lado».
El responsable considera que, si las penas solicitadas en el escrito se cumplieran, «sería una cuestión muy importante para las víctimas», aunque quedan otras pendientes, como la reparación psicológica y moral. Desde la federación aseguran que recordaran este accidente cada año con diferentes acciones y protestas, alegando que «la ciudad no puede olvidar lo que sucedió».
Polémicas activas
Pedro Carmona, responsable de industria de CCOO en Tarragona, considera la acusación «una noticia positiva y en la línea de sus reclamaciones contra la empresa». El sindicato remarca que «el objetivo de este proceso no es el castigo, sino cambiar la situación y mejorar la seguridad de los trabajadores y la ciudadanía».
El sindicato tiene pendiente otro juicio por el despido del presidente del comité de empresa, Fran Pizarro, Carmona defiende que «la empresa debería haberlo readmitido sin necesidad de llegar a juicio». En este tiempo, el sindicato ha enviado dos nuevas denuncias a inspección de trabajo, una por vulnerar el derecho de huelga durante las manifestaciones para la readmisión de Pizarro y otra por impedir la libertad sindical, al no permitir al expresidente acceder a la reunión del comité de seguridad. Ambas reclamaciones resultaron favorables a favor del sindicato.
Por otra parte, la patronal también se ha mostrado a favor del escrito que presentó ayer el ayuntamiento. La AEQT respeta la actuación y el posicionamiento del consistorio delante de este caso. La asociación aseguran «valorar positivamente el avance de las diligencias en curso».
La acusación popular
En el juicio que está por venir mantiene su acusación popular la CUP, quien no ha podido hacer una valoración correcta del escrito, ya que no ha tenido acceso a este. La formación anticapitalista ha celebrado que el nuevo gobierno no haga pasos atrás con el trabajo iniciado, según indica su portavoz en Tarragona, Eva Miguel.
Por otra parte, Miguel ha denunciado que el Ayuntamiento «haya externalizado, llevado por el defensor de Ballesteros en el caso Inipro». La formación asegura que «hará todo lo que esté en sus manos para aclarar los hechos y que se depuren las responsabilidades».