Regreso al futuro. Catalunya deberá convertirse en Michael J. Fox para, en su papel de Marty McFly, montarse en el DeLorean y volver casi dos décadas atrás. Porque conseguir los 50.000 pisos públicos que ha prometido el Govern de la Generalitat para 2030 implicaría que, entre 2025 y 2030, deberían iniciarse 10.000 viviendas anuales, unos datos que transportan a la época de la burbuja inmobiliaria.
De hecho, desde 2002, que son los primeros datos que contabiliza el Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge, tan solo 2008, con 10.542 viviendas de protección oficial (VPO) iniciadas, ha superado esa barrera de los 10.000, mientras que, durante 2023, se comenzaron 3.491, un dato algo mayor al de los años anteriores.
En Tarragona, la dinámica es parecida: temporadas de sequía desde los alrededor de 1.000 pisos que se comenzaban en la época del boom. A partir de 2023, se ha producido un ligero aumento, pero de apenas 200 iniciados ese año y 300 entre enero y junio de 2024, según las últimas estadísticas disponibles. «Desde 2011, no se ha hecho prácticamente nada», mantiene Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y una de las voces más autorizadas en materia de vivienda.
A lo largo de estos días, el Ejecutivo está estudiando de qué forma se articulará la promesa que el pasado martes lanzó el president, Salvador Illa (PSC): «Se trata de una declaración de intenciones y todavía se está trabajando en los detalles», afirman fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
«Es una propuesta absolutamente ambiciosa: hay que ver cómo se hará, dónde se hará y quién lo hará, ya que hay problemas», Ferran Font, director de estudios de la plataforma Pisos.com
Esos detalles incluyen desde el tipo de régimen que tendrán las viviendas protegidas hasta la ubicación de esos 50.000 pisos. En el Consell Executiu del próximo martes se pondrá negro sobre blanco el calendario y los compromisos del Govern.
La consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ya ha iniciado la ronda de contactos con representantes de las entidades municipalistas. La primera de las reuniones fue ayer con el presidente de la Federació de Municipis, David Bote, quien explicó que el primer paso es identificar el suelo disponible para construir los inmuebles.
La hoja de ruta es crear una reserva pública de suelo para ayudar a los ayuntamientos a activar terrenos disponibles
La hoja de ruta es crear una reserva pública de suelo para ayudar a los ayuntamientos a activar terrenos disponibles para su construcción. La primera convocatoria será en 2025 y estará abierta a operadores públicos y privados, con el objetivo de que los tiempos se reduzcan a la mitad.
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), así como el concejal de Habitatge, Nacho García (PSC), ya han anunciado que el consistorio «pondrá a disposición los solares de los que dispone para vivienda pública». Todo apunta a que estos pisos protegidos serán tanto de alquiler como con derecho a compra.
«Sería un error grave que todas estas viviendas se asignaran a alquiler», Segio Nasarre, catedrático de Derecho Civil
Para acceder a una vivienda de protección oficial, es necesario estar inscrito en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, donde se tienen en cuenta la totalidad de los ingresos de la unidad familiar.
El límite máximo de la renta se calcula de acuerdo con el índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), el número total de miembros de la unidad familiar y la zona geográfica en la que se encuentra situado el municipio del inmueble.
Para acceder a una vivienda de protección oficial, es necesario estar inscrito en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya
En esta línea, Nasarre comenta que «sería un error grave que todas estas viviendas se asignaran a alquiler porque tienen que ser destinadas a las personas realmente más necesitadas, pero el resto merecerían poder acceder a un techo en propiedad».
«Lo que no puede ser es que en una década se haya triplicado la cantidad de personas subsidiadas, dependientes de alquileres públicos: de 20.000 ayudas a más de 70.000; si todo es vivienda de alquiler, se crea una masa de gente subsidiada, algo que es insostenible, pues es una dependencia permanente del Estado».
«Lo que no puede ser es que en una década se haya triplicado la cantidad de personas subsidiadas», Segio Nasarre, catedrático de Derecho Civil
Lo que hay que hacer, comenta el catedrático, es «buscar soluciones estructurales para que las personas que puedan salgan de los subsidios y sean responsables de su propia vivienda, y no ser dependientes sine die».
El escepticismo del sector
La Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) valora positivamente el anuncio, aunque puntualiza que «habrá que ver cómo se materializa el conjunto y los detalles» de esta iniciativa, para que no se quede en una «declaración de buenas intenciones».
La Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) valora positivamente el anuncio
Más crítico es el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Tarragonès, Diego Reyes: «Estoy harto de mentiras; no creo en los políticos», denuncia. «No es cuestión de que sea una opinión, sino que es lo que han demostrado», añade. Para Reyes, «10.000 pisos al año no se harán, pero luego engañarán con alguna cifra maqueada porque no hay la infraestructura suficiente».
«Es una propuesta absolutamente ambiciosa: hay que ver cómo se hará, dónde se hará y quién lo hará, ya que hay problemas para encontrar mano de obra», indica el experto inmobiliario y director de estudios de la plataforma Pisos.com, Ferran Font.
«Estoy harto de mentiras; no creo en los políticos», Diego Reyes, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Tarragonès
También remarca que «las administraciones detectan que el problema del acceso a la vivienda es uno de los importantes actualmente», pero denuncia el uso político que se hace en muchos casos.
Por su parte, Nasarre apuesta por completar la falta de oferta combinando la construcción con la rehabilitación de inmuebles: «No puede ser que se vayan haciendo crecer ciudades a costa del vaciamiento y del envejecimiento del stock inmobiliario del centro».
«Primero, antes de construir más, debería tenerse en cuenta la dimensión del parque protegido: cuánto hay, dónde está, en qué condiciones...», Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV
En esta línea, el abogado, experto inmobiliario y administrador de fincas tarraconense Manuel Sosa señala que «la construcción de viviendas públicas no se hace de la noche a la mañana». «La Administración Pública no tiene capacidad propia y se necesita de la colaboración de privados», añade Sosa, quien apunta a las casas industrializadas o prefabricadas como «una solución de urgencia».
Desde la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV), su director, Héctor Simón, se muestra a la expectativa de «saber cómo se implementará»: «Primero, antes de construir más, debería tenerse en cuenta la dimensión del parque protegido: cuánto hay, dónde está, en qué condiciones...».
«La construcción de viviendas públicas no se hace de la noche a la mañana», Manuel Sosa, abogado, experto inmobiliario y administrador de fincas
«El segundo paso es saber cuánto se necesita y dónde debe estar, para trabajar en la creación de oportunidades en la zona en la que se quiere construir», añade. Simón también apuesta por «diversificar las formas de tenencia», y pone el foco en fórmulas como la propiedad compartida o la temporal.
