Un total de 1.952 mujeres fueron atendidas por violencia machista en el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre durante 2022. Son datos del Departament d’Interior y suponen un récord, al menos desde 2008, cuando arranca la serie histórica. Es un incremento de un 6,6% respecto a 2021. Todos esos datos se traducen en un total de 958 detenciones, más de dos al día solo en la provincia.
Las cifras ilustran solo una parte de la lacra de la violencia machista, que tiene varios prismas, desde el drama humano de la víctima a los esfuerzos judiciales y policiales por contenerla. En el Camp de Tarragona, 1.798 mujeres están en seguimiento policial por parte de los Mossos d’Esquadra porque padecen riesgo de sufrir una agresión grave.
Es la fotografía de finales del año pasado, de una cifra más o menos sostenida en el tiempo, pero que fluctúa y varía a diario. El 71% de los casos, 1.278, tienen una orden de protección judicial.
Seis mujeres con riesgo muy alto
Pero no todos los niveles de esa amenaza latente son iguales. La inmensa mayoría de ellas tienen un nivel riesgo bajo. Solo 35 se sitúan en un escalafón superior del peligro: 27 en un nivel medio, dos en uno alto y seis en uno muy alto. «Elevar el riesgo hace que nuestras actuaciones sean más específicas y nos centremos más a fondo. Estas situaciones son las que más nos preocupan, pero por suerte la proporción es baja», reconoce Gemma Sànchez, de la Oficina d’Atenció al Ciutadà del Grup Regional d’Atenció a la Víctima.
A la hora de minimizar la amenaza también influye la situación del agresor. «En todos los casos de riesgo medio, alto o muy alto tenemos el riesgo neutralizado porque el agresor está en la cárcel. En otros casos la persona puede estar evadida y hay que hacer un requerimiento policial. O tienes que estar pendiente para activar medidas si el agresor sale de la cárcel», añade Sànchez.
Revalorizar los niveles
La monitorización de Mossos es constante ya que las condiciones cambian. «Una víctima no es eternamente de un nivel. Se hacen cuestionarios a lo largo del tiempo y seguimiento para revalorizar los riesgos. También influye, por ejemplo, cuando las víctimas van a espacios seguros, como pisos de urgencia o casas de acogida. O cuando sale de su entorno más seguro, lejos de una demarcación territorial, y eso hace que el agresor no sea conocedor y la situación sea segura», indica Sànchez.
Entrevistas, citas, llamadas diarias o semanales forman parte de ese seguimiento, que puede pasar a ser protección y puede incluir un acompañamiento de patrullas en los casos más extremos o el uso de herramientas telemáticas. El Atenpro, un dispositivo gestionado por la Creu Roja y que la víctima activa cuando hay una necesidad, o las pulseras, son otros sistemas, «bastante restringidos». «Casi siempre todas las medidas judiciales tienen protección policial. La protección policial es a partir del riesgo medio. En un caso de nivel bajo, y con orden de protección, los Mossos no estamos obligados a hacer una protección, pero también lo valoramos y la damos», apunta Sànchez.
Velar por las entradas y las salidas del domicilio de la víctima también son otras de las medidas en los casos más complicados. «Hablamos de agresiones graves pero de todo tipo, la física, pero también la psicológica, la sexual, la económica o la vicaria. Jugamos mucho con el factor de la prevención e intentamos anticiparnos», apunta Sànchez.
La reclamación
Otras voces opinan que más mujeres maltratadas deberían ser incluidas en los estratos más altos de riesgo, lo que afecta a procesos judiciales y también al acceso a ayudas. «El sistema lleva a que muchas valoraciones sean a la baja, porque puede haber un riesgo que la mujer no sabe calcular. Tendría que haber más mujeres valoradas con niveles altos de riesgo para poder acceder a una mayor protección», explica la abogada tarraconense Pilar Casas, especialista en violencia de género.
Sànchez, desde Mossos, sostiene que «todas las medidas, incluso las de riesgos más altos, se pactan con la víctima» y añade que «la situación de riesgo finaliza cuando la vulnerabilidad desaparece del todo». Otra de las cuestiones que se tienen en cuenta, según los agentes, es «velar contra la victimización», de ahí «el trabajo coordinado» entre policía o entidades que acompañan a las víctimas.
En estos días también se ha conocido el balance de 2022 de la violencia contra la mujer, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. En Tarragona se ingresaron 3.265 delitos, en un ligero incremento respecto al año anterior (3.122). Hubo 2.948 víctimas según ese recuento.
Violencia vicaria
Uno de los aspectos más significativos y novedosos en el balance del año es el aumento de la suspensión del régimen de visitas, dictadas por los juzgados para proteger a los hijos de las víctimas. Era algo esperado. Esa estadística mantuvo la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Así, durante 2022, los órganos judiciales adoptaron en España 4.100 medidas de este tipo, un 104% más que en 2021, año en el que sumaron 2.008. En Tarragona se registraron 87 suspensiones. Es casi el triple de las 34 que hubo en 2021, y supera con creces el saldo de 19 en 2020 o las 21 que hubo en 2019. Son cifras récord en la línea de proteger a la mujer de la llamada violencia vicaria, la que se ejerce sobre los hijos.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, sostiene que las medias diaria de denuncias presentadas y de mujeres víctimas de violencia machista –ocho al día en la provincia– son «absolutamente inasumibles» y deben «servir para concienciar a toda la sociedad de la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra este tipo de violencia desde todos los ámbitos».
Considera que, pese a todo, estas cifras también demuestran que las mujeres víctimas de violencia de género acuden cada vez en mayor número a la justicia: «Cada vez son más las que dan el paso y denuncian a su agresor».
En Catalunya, la línea de atención telefónica contra la violencia machista es el 900 900 120. Es un servicio gratuito, confidencial y que funciona las 24 horas y los 365 días del año. Otra opción es el teléfono 016, de la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Se puede contactar por WhatsApp: 600 000 016.