Uno de los dos puntos que no prosperaron en el pleno del Ayuntamiento de Tarragona de este viernes fue el relativo a la propuesta de modificación de la Ordenança fiscal número 15, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial.
Dicha modificación preveía que la determinación de los días y los horarios en los que se establezca un régimen de estacionamiento pueda efectuarse a través de un decreto de Alcaldía, algo que ya se encuentra recogido en la vigente Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona y quería introducirse también en la fiscal.
La motivación era la de unificar ambas normas y de esta forma «flexibilizar los días y horarios aplicables a las zonas reguladas para actualizarlos en función de las necesidades», según el documento en el que se refleja la propuesta.
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El punto se eliminó del orden del día con los votos a favor de ERC, PP y Vox y la abstención de ECP, a propuesta de Xavi Puig (ERC). En consecuencia, el gobierno municipal no podrá cambiar a voluntad los horarios de la zona azul y verde, que seguirán siendo fijos por el momento.
«Sí que creemos que hay que flexibilizarlos en algunos puntos, pero no compartimos el hecho de consolidar que esta decisión sea exclusivamente del alcalde, ya que son acciones que debería decidirlas el plenario», apuntó Puig.
A colación, el republicano calificó de «sinsentido» las nuevas zonas verdes del entorno del Hospital Joan XXIII: «No se llenarán, ya que no es una zona con la misma rotación comercial que otros puntos».
Por su parte, el alcalde, Rubén Viñuales (PSC), aseguró que «la regulación es una reclamación de la ciudadanía» y recordó las «388 plazas a un euro al día» del parking de la calle Guillem Oliver, al lado del Hospital.
Precisamente sobre dicho aparcamiento trató otro de los puntos del día: el pleno aprobó no admitir una solicitud de la empresa Tgnpark Oliver SL, propietaria de del parking privado del entorno del Joan XXIII, la cual «entiende que es perjudicada directa» por el proyecto, aunque «los servicios técnicos consideran que no se da ninguna de las causas que determinen una nulidad de pleno derecho», detalló la concejala de Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia, Isabel Mascaró.
