La dependencia llega más que antes pero sigue haciéndolo, en muchos casos, demasiado tarde. La ley, que ahora cumple 11 años, se despliega a medio gas, de forma irregular en función de los territorios y de quien financie una medida que nació en época de bonanza, con José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia del Gobierno de España y como un cuarto pilar del estado de bienestar, pero que sólo avanza a trompicones.
Uno de los indicadores que muestran la precariedad y los retrasos de la legislación es el número de personas que fallecen sin haber llegado a percibir una ayuda que tenían aprobada.
En España, un total de 38.000 personas en situación de dependencia fallecieron durante el año 2017 sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho, según el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que alerta de que diariamente murieron más de 100 personas en esta situación.
En Tarragona, un total de 2.165 personas han muerto en cinco años mientras esperaban recibir las ayudas. Es más de una al día. De ellas, 1.058 fallecieron antes de haber realizado incluso la valoración. El resto, 1.107, traspasaron esperando que se les aplicara el Programa Individual d’Atenció (PIA), el plan que, una vez reconocida la situación de dependencia, determina qué ayudas y servicios se ajustan mejor a sus necesidades y al grado de autonomía. Los datos se refieren a los ejercicios entre 2011 y 2015.
Este Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señala, no obstante, que la mayoría de los parámetros de gestión de la ley –personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados– «han mejorado», pero «en gran medida, a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a los dependientes ‘moderados’ con grado I».
Catalunya es la comunidad autónoma con más personas dependientes en lista de espera, según el último balance del Sistema de Atención a la Dependencia, que revela que casi cuatro de cada diez dependientes (37,1%) no recibe la prestación o servicio a la que tienen derecho por ley tras ser evaluados, un dato que supera en 12,6 puntos porcentuales la media española (24,5%).
Los datos a 31 de diciembre de 2017 señalan que de las 224.261 personas reconocidas como dependientes en Catalunya, 83.203 están desatendidas. Al actual ritmo, esta comunidad autónoma precisaría de más de once años para acabar con el «limbo» en el que se encuentran estos dependientes, según la estimación de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Las voces críticas, más o menos rotundas, han sido recurrentes en los últimos años por las demoras. «Creé el grupo Pendents de la Llei de la Dependència para denunciar los problemas que estábamos teniendo con el cobro de las ayudas para mis abuelos. Tardaban mucho en hacer las revisiones y el dinero también se demoraba. Buena parte tenías que avanzarla tú», explica el impulsor de esta plataforma, Jordi Darder.
Algunos denuncian ausencia de voluntad política y otros falta de liquidez. Así se expresa Cinta Pascual, presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA): «Es falta de voluntad política, y la crisis ha sido una excusa. Cuando nació la ley, ya se vio que iba acompañada de una memoria económica tan floja que no se sostenía. En otros países se hace a través de un impuesto o de aseguradoras.
Aquí se confió en los buenos tiempos, en la burbuja, y cuando vino la crisis todo se vino abajo. En estos años ningún partido se ha atrevido a tocar la ley pero todos la han recortado».
Las cifras, pese a todo, han mejorado. En 2016 murieron en Catalunya 335 personas a la espera de valoración, una estadística más pequeña que en los años anteriores. En 2011 la cifra fue de 1.000 y en 2010 se habían alcanzado los 1.200 fallecimientos. También se registró la muerte de 2.350 dependientes, con la valoración aprobada, pero fallecidos antes de que se beneficiaran de algún tipo de ayuda. En 2011 el número fue de 4.500 y en 2010 de 4.200.
El Departament d’Afers Socials ha lamentado en más de una ocasión la falta de recursos que se han dedicado a la ley desde el inicio. La exconsellera Dolors Bassa recordó que la ley establece el pago conjunto al 50% entre la administración estatal y la catalana. Defendía en su momento que la Generalitat estaba aportando el 82% del dinero para las ayudas y el Estado sólo el 18%.