El Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana daba a conocer la semana pasada una resolución provisional que otorgaba tres millones de euros al Ayuntamiento de Tarragona para proyectos que afectan a la peatonalización, la creación de parkings disuasorios y la adquisición de tres autobuses de hidrógeno. La semana que viene se conocerá la asignación definitiva, no obstante, este sería el primer paquete de ayudas procedentes de los fondos Next Generation y se espera que sean más en los próximos meses.
La administración tarraconense se ha presentado en varias convocatorias y, por el momento, cifra en doce millones de euros la suma que espera recibir de este programa europeo diseñado para la recuperación económica a raíz de la crisis de la Covid. Esta cantidad puede variar notablemente, ya que de momento «son cosas que están en marcha a la espera de futuras convocatorias que saldrán este semestre y el próximo», explicó el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny.
Entre los proyectos que se espera poner en marcha está la rehabilitación del Banc d’Espanya. Este optará a una nueva ayuda europea, tras perder los dos millones del programa Feder al detectarse un sobrecoste en las obras que situó la inversión total en más de siete millones de euros. El Ayuntamiento está a la espera de que a través de los Next Generation se abra una convocatoria para la rehabilitación de edificios públicos, en la que presentará el proyecto ejecutivo para la recuperación del número 101 de la Rambla Nova.
Fortuny afirmó ayer que «estamos preparados» ya que «el proyecto está hecho y tiene un nivel de madurez absoluta, por lo que partimos en una situación de ventaja». Aunque no concretó las cifras de la subvención que se solicitará, a la espera de que se conozcan las bases, el primer teniente de alcalde se mostró convencido de que «la convocatoria ofrecerá posibilidades superiores al Feder».
El Ayuntamiento de Tarragona también da por asegurados los tres millones de euros para la mejora de la accesibilidad del Fòrum de la Colònia. En este caso, es una partida que gestiona el Ministerio de Turismo dirigida a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. La ayuda no está concedida ya que deberá hacerse la petición formal, no obstante, el Ayuntamiento considera que esta partida también está asegurada, tras el anuncio de la ministra en Fitur.
De hecho, el turismo y, en concreto, el turismo sostenible es otro de los ejes de los proyectos que se están presentando desde la administración local. Y, en este sentido, va a presentarse un proyecto por valor de 2,6 millones para la restauración ambiental de los recursos naturales del litoral que entre otras actuaciones contempla también una intervención en El Sellaro y que ligado con el proyecto Tarragona Greenbelt’26, que aboga por la renaturalización de los espacios urbanos y periurbanos de la Anella Verda. Con todo, el alcalde, Pau Ricomà, afirmó que estos proyectos buscan «transformar Tarragona en una ciudad más sostenible y cohesionada».
Fortuny defendió que la propuesta del Ayuntamiento de Tarragona es «fer volar coloms», sino que «son proyectos maduros que ya se estaban haciendo o que se harán y que se acelerarán». Asimismo, destacó que se valora que sean inversiones «realizables, con plazos realistas de ejecución».
En cada uno de los casos, las bases determinan los plazos de ejecución y el porcentaje que cubrirá la ayuda, aunque la línea general es que los Next Generation alcancen al 70% de la inversión, mientras el Ayuntamiento asume el 30% restante. Al respecto, el responsable de Serveis Centrals indicó que la prorroga de presupuestos «no debe suponer un inconveniente, porque muchas son inversiones que ya están consignadas». El equipo de gobierno también asegura que está hablando con los grupos políticos para que «en función de como vayan evolucionando las convocatorias, podamos ir haciendo los ajustes y afrontar estos complementos de inversiones». No obstante, en cada uno de los casos deberá aprobarse en el pleno un modificativo de crédito para que no se pierdan unas ayudas con unos calendarios bien definidos y que obligan a tenerlo todo ejecutado entre 2023 y 2024, según la convocatoria.