El polémico y esperado juicio del caso Inipro por presunta financiación ilegal del PSC empieza a calentar motores, pese a que aún es una incógnita saber si se celebrará antes o después de las elecciones municipales de mayo de 2023. Este periódico avanzó la semana pasada que el exalcalde de Tarragona entre 2007 y 2019 –Josep Fèlix Ballesteros (PSC)– ha pedido la declaración ante el juez de su sucesor en el cargo, Pau Ricomà (ERC). Ahora, tras tener acceso al escrito de defensa, el Diari ha podido contrastar que el exmáximo representante municipal solicita al magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 que «requiera del Ayuntamiento todos los decretos de Alcaldía en los que se ha reconocido enriquecimiento injusto para abonar un gasto a un proveedor de servicios desde el 1 de junio de 2019». Asimismo, el exlíder socialista también pide que en la vista oral –que puede alargarse por espacio de tres semanas– se inste al Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) a «aportar todas las actas del Consell Rector desde el 1 de enero de 2010 a 1 de enero de 2014».
Pide a Pau Pérez como testigo
Ballesteros siempre ha defendido que el pago de los 276.000 euros a la empresa Iniciatives i Programes –Inipro– se realizó con el aval del Secretario General del Consistorio, Joan Anton Font, para evitar «un enriquecimiento injusto» de la administración de la Plaça de la Font por los trabajos que dicha firma habría realizado para la «potenciación del asociacionismo de la población recién llegada a la ciudad», tras el contrato firmado en 2010 entre IMSST e Inipro. Así lo manifestó el alto funcionario municipal en su primera declaración judicial.
De hecho, en el texto se enfatiza que el que fuera máximo representante municipal entre los años 2007 y 2019 «firmó distintos decretos» por la «realización de servicios en favor del IMSST que debían ser remunerados en favor de Iniciatives i Programes». En este sentido, se especifica que «de cada uno de dichos decretos, el alcalde dio cuenta al Consell Rector de IMSST y al Consell Plenari del Ayuntamiento, sin que ninguno de ellos fuera recurrido», y añade: «Antes de presentar a la firma del alcalde en cada uno de los decretos referidos, se certificó e informó favorablemente acerca de la efectiva realización de los trabajos a indemnizar a favor de Iniciatives i Programes por parte de todos y cada uno de los estamentos y niveles administrativos de responsabilidad competentes, así como de la suficiencia presupuestaria para proceder al pago».
La representación del exalcalde indica también en el documento previo al juicio oral que «al firmar los decretos, Ballesteros entendía que estaba cumpliendo con su función y deberes del modo correcto y en conformidad con el ordenamiento jurídico», hasta el punto de que «hacer lo contrario podía deparar perjuicio al Ayuntamiento, sin albergar conocimiento alguno de conducta irregular ni en la conformación del contrato, ni en su tramitación, ni ejecución», se indica en el texto.
De cara al juicio, el exalcalde ha solicitado como testigos a varios altos cargos de la corporación local y el del actual concejal socialista y exedil de Hisenda durante 12 años, Pau Pérez, según consta el escrito registrado el pasado 23 de mayo. En el documento, que ahora debe analizar la Audiencia Provincial para ver si acepta las pruebas y las declaraciones propuestas de cara al juicio, la defensa de Josep Fèlix Ballesteros niega todas las acusaciones que se vierten sobre su cliente, y las califica como de «inciertas».
El fiscal pide 5 años y 10 meses
Pese a ello, las diligencias ordenadas por el juez desde 2013 sospechan que se podrían haber desviado recursos del servicio adjudicado a Inipro en beneficio de alcaldías del PSC de principios de la pasada década, como la de Tarragona o Viladecans mediante la actividad de ciberactivismo para promocionar la imagen de los máximos ediles. Por esto, aparte de las nueve personas acusadas, que hace semanas se las instó a cubrir una fianza de 367.290 euros tras el auto de apertura de juicio oral, el PSC también está considerado partícipe a título lucrativo, por lo que se le solicitó una fianza de 276.000 euros.
A raíz de la instrucción, que se ha alargado nueve años, el juez incorporó en su auto de apertura de juicio oral de abril la petición de la Fiscalía, que propone una pena de prisión de cinco años y ocho meses para Ballesteros, a quien acusa de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil. La CUP, por su parte, le solicita 13 años y añade en su escrito los posibles delitos de alteración de precios, subastas y concursos públicos; soborno; tráfico de influencias; y abuso en el ejercicio de la función pública, que son los mismos que denuncia el Consistorio, quien sin embargo quiere más pena: 14 años y tres meses.
Floria indica al juez que en la investigación desde 2009 no se la cita «hasta un mail de 2011»
«Sin intervención» de Floria
Por su parte, la actual concejal socialista y exportavoz del gobierno municipal entre 2007 y 2019 –Begoña Floria (PSC)– indica en su escrito de defensa que «nunca» ha tenido «competencias, ni ninguna intervención en convocatorias de concurso público y licitaciones ni en la adjudicación del contrato enjuiciado de Inipro, ni en el IMSST, ni en la gestión, en los pagos ni en nada de dicho contrato ni de dichos servicios». En este sentido, su representación legal recalca en el texto entregado en el juzgado que «durante los años 2010 a 2013 era portavoz del gobierno y, sobre todo, se encargaba de movilidad, licencias, dominio público, transportes», y que «nunca ha tenido relación con el IMSST».
En el escrito, la defensa de Floria recalca que esta «únicamente tiene conocimiento del contrato de Inipro en el año 2013», y que «nunca antes había oído o conocido este contrato» y «mucho menos intervenido o participado en cualesquiera elementos del mismo». Asimismo, la abogada de la concejal del PSC recalca que «en la prolija y exhaustiva» instrucción del caso «no se halla ni una sola actuación de investigación que incida en Floria hasta un correo electrónico del 9 de marzo de 2011), y que «de todas las actuaciones instructoras jamás la apuntan» hasta el mencionado mail, lo que demostraría «la no intervención ni participación» en el caso Inipro, lo que lleva a que la premisa por la que se investiga a la edil «es absolutamente errónea y carente de pruebas de cargo». «Begoña Floria fue investigada de modo sobrevenido y por los hallazgos de los mails de 2011», por lo que denuncia que «está en el banquillo de los acusados solo y únicamente por los mails comentados del año 2011 y nunca por su intervención en la adjudicación del contrato Inipro».
Por lo que se refiere a las actividades de ciberactivismo que presuntamente usarían el dinero de Inipro para fomentar la imagen de Ballesteros, Floria afirma en el escrito que «se trataba de una actividad ajena al Ayuntamiento, que ya se había desarrollado antes con voluntarios simpatizantes que, apasionados por las nuevas tecnologías, creían en el fenómeno de las redes sociales de modo voluntario y no retribuido». En consecuencia, niega que la concejal sea responsable de «ningún delito», por lo que solicita su «libre absolución».
