El pleno del próximo viernes votará iniciar los trámites para solicitar de manera formal a la Generalitat de Catalunya la prórroga de las normas subsidiarias urbanísticas. Estas caducan en octubre de este año, por lo que deberá superarse este trámite si no se quiere que el planeamiento urbanístico que rija la ciudad, hasta que no se apruebe de forma definitiva el nuevo POUM, sea el plan general de 1995.
Los partidos con representación municipal en el Ayuntamiento de Tarragona mostraron su unanimidad en la sesión de la Comissió Informativa de Urbanisme de ayer para llevar este debate al pleno del mes de junio, previsto para el día 21. Este deberá aprobarse por mayoría absoluta para que pueda seguir adelante y la pelota pase en manos de la Generalitat.
A partir de ahí, según explicó el concejal de Urbanisme, Nacho García, la petición formal se hará llegar a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona para que se apruebe, de forma que la consellera de Territori –ahora en funciones– pueda autorizar esta petición, en base al dictamen de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. «Es un trámite administrativo», afirmaba García.
La administración autonómica será quien determinará el plazo de esta prórroga. No obstante, el edil socialista afirma que «en base a la experiencia que hemos visto, lo normal es que conceda un plazo correspondiente a la mitad de la vigencia de las normas». Esto significaría un periodo adicional de un año y medio, lo que representaría que el Ayuntamiento de Tarragona tendría de margen hasta el mes de marzo de 2026 para la aprobación definitiva del nuevo Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Las normas subsidiarias son el instrumento que marcan las directrices en materia urbanística de la ciudad, desde que una sentencia del Tribunal Supremo anuló el POUM de 2013 a finales de 2020. Estas tienen un carácter provisional, a la espera del nuevo plan que se está redactando desde el equipo técnico del Ayuntamiento.
El avance se daba a conocer a los partidos políticos el pasado 24 de abril, después de un periodo en el que se introdujeron algunos cambios en base a las nuevas directrices marcadas por el ejecutivo socialista. Tras esta primera sesión, García asegura que «hemos tenido contactos con el resto de los partidos para ir perfilando los detalles». A grandes rasgos, el ejecutivo de Rubén Viñuales podría conseguir el apoyo de ERC y Junts para la aprobación, pese a que la formación republicana mostró sus dudas respecto algunos sectores como Mas d’en Sorder o la densidad de La Budellera. «Continuaremos hablando y valorando los cambios que nos proponen a nivel técnico», decía García.
En paralelo, sigue adelante la redacción de los estudios económico, de inundabilidad, social y de movilidad, que deben permitir llegar a una aprobación inicial a principios de 2024.
