Vaya preparando el bolsillo. 2020 será año de subida de impuestos, al menos desde el punto de vista de los ayuntamientos. Los principales consistorios de la provincia están aprobando estos días incrementos de impuestos y tasas con el objetivo de recaudar más para poder sostener la exigencia de los servicios. Siete de los diez ayuntamientos más grandes de Tarragona van a aplicar subidas aprobadas pocos meses después de las elecciones municipales del 26-M, algo sintomático para los ciudadanos afectados y también para analistas. Únicamente tres congelan: Vila-seca, Calafell y Amposta. El resto subirán. Según algunos expertos, es el momento ideal, porque no hay elecciones a la vista y porque en algunos casos los nuevos presupuestos suponen poner en marcha proyectos políticos que arrancan en los municipios tras los relevos de gobierno.
Los dirigentes ya se han puesto manos a la obra para justificar las medidas. En Reus, la concejal de Hacienda, Mariluz Caballero, ha justificado un aumento vinculado al incremento del IPC (7,7%%) de los últimos ocho años más un 2%: «Es imposible mantener la calidad de los servicios públicos sin actualizar el IPC». Y añadió: «Reus tiene una presión fiscal de un 18,7% (IBI por habitante), por debajo de las cinco poblaciones de su tamaño», dijo la edil reusense en comparación con Catalunya.
En el próximo ejercicio volverá a haber un tributo clave, la contribución, la piedra angular de todo presupuesto y la tabla de salvación para muchas de las arcas municipales. El ingreso del IBI se ha disparado en la provincia un 72% en los últimos años. Ahora van a incrementar el tipo impositivo poblaciones como Reus, Salou, Valls o Sant Carles de la Ràpita. Asimismo, falta por ver qué sucede con la actualización catastral, la revisión que piden los ayuntamientos a Hacienda (es el otro indicador con el que se calcula el IBI) para elevar los valores del Catastro y así cobrar más por la contribución, un recurso empleadísimo en los últimos años por los municipios para mantenerse a flote.
Otro recurso común en 2020 serán los recargos del IBI a los propietarios de pisos desocupados. Está previsto que se aplique en Tarragona, Reus, Cambrils, Amposta, El Vendrell o Cunit, a modo de penalización para reactivar el mercado de la vivienda. Las tasas también serán objeto de aumento, principalmente la basura. Se incrementa en Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Constantí, El Vendrell, Valls o Móra d’Ebre. En Tarragona, el recibo subirá un 11,6%. El concejal de Hisenda i Serveis Centrals, Jordi Fortuny, justifica la medida en el hecho de que el consistorio debe participar en la obligada reforma de las instalaciones del Servei d’Incineració de Residus Sòlids Urbans, SA –Sirusa– para adaptarse a las exigencias de la Unión Europea.
La ejecución de todas las acciones previstas supondrá una inversión global de unos 75 millones de euros, con el fin de adecuar la planta a los futuros requerimientos tecnológicos, ambientales y de mejora de la eficiencia energética aprobada por la UE en la nueva Directiva de obligado cumplimiento. En concreto, de estos 75 millones, 45 serán aportados por la Generalitat, mientras que los otros 30 los abonarán los ayuntamientos que forman parte de la mancomunidad: Cambrils, Constantí, La Canonja, Reus, Salou, Tarragona, Valls y Vila-seca.
La gama de tributos que van a gravar más es amplia, e incluye incluso imposiciones de nuevo cuño, como el impuesto del alcantarillado que ha aprobado Amposta. Estas subidas han generado no solo controversia política en los ayuntamientos (Reus y Cambrils son dos ejemplos) sino también vecinal. En Reus se recogen firmas contra los incrementos mientras que en Móra d’Ebre el ayuntamiento ha dado marcha atrás al incremento del 20% que había previsto sobre impuestos y tasas. Las presiones de los vecinos, que convocaron concentraciones de protesta, surtieron efecto. La subida de IBI y el impuesto de circulación, inicialmente de un 20%, era de un 20% y se quedará en un 8,5%. El agua, el alcantarillado y la basura se quedan en un 14%, en vez del 20% previsto.
Alcover o Constantí son otras de las poblaciones que aplicarán una subida de impuestos. En el caso del primer municipio, el pleno aprobó una subida del IBI urbano del 3,44% y del impuesto de vehículos, regularizándolo con el IPC. Por su parte, en Constantí también sube el IBI, además de la tasa de basuras, en parte para poder pagar las mejoras previstas en la citada planta de Sirusa.
Esta misma semana, Pimec alertaba del «aumento de la presión fiscal a las empresas» y reclama a la administración pública «una mejor coordinación de las competencias legislativas y recaudatorias, así como preservar los principios básicos de capacidad económica y de proporcionalidad». La patronal denuncia sobre todo «el incremento de los valores catastrales que se traduce directamente en una subida de impuestos que gravan la propiedad de los inmuebles como el IBI».
«Los ayuntamientos necesitan una mejor financiación para hacer frente a tantos servicios como dan», dice Joan Pagès, profesor de Derecho Tributario en la URVLos expertos, sin embargo, inciden en que más que un ánimo recaudatorio detrás de estas subidas de impuestos se esconde una necesidad de dotar «a unos ayuntamientos que están infrafinanciados, que tienen muchas competencias y no pueden ir al endeudamiento si no es con una autorización previa», como explica Joan Pagès, profesor de Derecho Tributario de la URV. Pagès, como otros analistas, cree que se trata de un motivo «crónico» que debería resolverse: «Las transferencias del Estado son muy bajas porque los ayuntamientos, aun habiéndose saneado mucho en los últimos años, necesitan dinero para hacer sus tareas, algunas obligadas y otras no, pero que acaban haciendo, como por ejemplo los comedores escolares».
Pagès cree que la sentencia del Supremo tumbando en parte la plusvalía también generará «una necesidad de obtener recaudación por otras vías» y reclama una reforma para esclarecer cuándo y cómo cobrar ese impuesto: «Los consistorios son víctimas de la parálisis del Gobierno central. En la doctrina, todos los autores consideran que los ayuntamientos necesitan una mejor financiación para hacer frente a todos esos servicios que están dando últimamente».