138.000 euros en anestésicos para farmacia en el Joan XXIII, 135.000 en 200 ordenadores para teletrabajo en la URV, un total de 75.000 por tres respiradores para la UCI y 13.000 para gases medicinales, también en el hospital público tarraconense de referencia. Son solo unos ejemplos de cómo se disparó en la provincia la factura de los contratos de emergencia, una solución de urgencia que se generalizó hace justo un año, no sin críticas a la falta de transparencia, para contener a contrarreloj una pandemia que hacía estragos.
Es la demostración de cómo la Covid-19 cogió a contrapié a una administración que tuvo que abusar de un mecanismo de licitación y adjudicación a dedo que permitía una ejecución más rápida –no había tiempo que perder– y con menos controles. Bucear en los detalles pormenorizados de esos contratos es darse de bruces con la crudeza de la emergencia sanitaria: el Sociosanitari Francolí tuvo que comprar colchones, el Joan XXIII armarios para la ropa del personal incorporado y, como otros equipamientos sanitarios, contrató servicios extra de vigilancia; la adecuación de quirófanos, la compra de equipos de protección pulmonar, batas, accesorios para intensivos; y hasta una lavadora que adquirió el Departament d’Interior para la Regió d’Emergències de Tarragona.
Control de acceso
La premura sanitaria para atender a los pacientes se llevó una buena parte de aquellas contrataciones exprés, pero también dos conceptos clave. Fue primordial la limpieza y el saneamiento constante de espacios públicos pero también la vigilancia. En aquellos días de SARS-CoV-2 disparado y confinamiento domiciliario estricto, los agentes de seguridad y el control de acceso fueron reclamados con asiduidad para custodiar las entradas a edificios.
La tramitación de emergencia fue un recurso vital para la habilitación de los llamados hoteles Salut, esto es, establecimientos que se adaptaron para alojar bien a contagiados que no podían hacer la cuarentena en sus domicilios o bien a sanitarios; 100.000 euros al Hotel Reus Park por la atención y el hospedaje a pacientes del Sant Joan, 83.000 al SB Express por hacer lo mismo con enfermos del cercano Joan XXIII, 12.400 en el Villa Dorada para dar cobertura a Santa Tecla o 10.000 al Hotel Sant Salvador, en el caso de El Vendrell. También el SB Ciutat de Tarragona, el Corona Tortosa, el Fèlix Hotel de Valls o los apartamentos de Residencial Claudia, en Reus, forman parte del listado de estos contratos que vinieron a dotar de soluciones a aquellos ciudadanos que necesitaban un techo. Ecógrafos portátiles para atención primaria, medicamentos para sedación, reactivos para poder hacer pruebas de anticuerpos, pantallas de protección facial, kits de PCR, hidroalcohol y suministro de grandes cantidades de oxígeno y gases medicinales muestran cómo la sanidad tuvo que recurrir con extrema necesidad a estas adjudicaciones. Los contratos se han hecho públicos a través de un exhaustivo trabajo de la Fundación Civio. Esta plataforma recoge que en 2020 se utilizó este procedimiento a dedo y con mínimos controles y transparencia en 16.589 contratos que sumaron 6.445 millones en España.
Material para la URV
En Catalunya, el Departament d’Economia i Hisenda también se ha encargado de publicar la relación de compras de bienes y servicios por esta vía de todo el año pasado. En total, 5.867 contratos por valor de 678 millones de euros. De esos, al menos 30, en cifras aproximadas, tienen que ver con Tarragona, porque incluyen adquisiciones de bienes o servicios destinados a la provincia, fundamentalmente por parte del Institut Català de la Salut (ICS), del Servei Català de la Salut (CatSalut) pero también del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
En Tarragona, un órgano de contratación muy relevante en la pandemia ha sido la URV. Destinó un total de 353.725 euros a varias contrataciones bien icónicas de este signo de los tiempos: portátiles, tabletas y cámaras de alta prestación para retransmitir las clases presenciales por videoconferencia. Y, en esa línea más allá de la sanidad, una parte de esos millones tienen que ver con las obras de diversos tramos de la red de fibra óptica. La Generalitat quiso garantizar una adecuada cobertura tecnológica durante los confinamientos y ante el auge del teletrabajo, y de ahí que optara por esta vía de emergencia en tramos como Móra La Nova-Falset, Valls-Montblanc, Tortosa-Gandesa o El Vendrell-Valls.
Vacunas y fibra óptica
Los 2,5 millones de las vacunas de la gripe con inmunidad reforzada para este invierno, los 6,3 de material para residencias, los 1,2 para algunos de esos tramos de red de fibra óptica o los 300.000 euros para detectores digitales del Institut de Diagnòstic per la Imatge forman parte de estas facturas en Tarragona. Otro de los contratos más sustanciosos fue el del alquiler de espacios en la clínica Terres de l’Ebre por parte del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa para hacer frente a la pandemia. Tuvo un valor de 1,2 millones según la documentación oficial.
La Fundación Civio, que trabaja en la fiscalización de la administración en términos de transparencia, sostiene que las contrataciones a dedo provocaron el año pasado que cuatro empresas se llevaran uno de cada diez euros adjudicados de emergencia. La gran mayoría se destinó a la compra de suministros sanitarios, acogiéndose a una Ley de Contratos que permite este mecanismo en tres supuestos muy claros: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. Civio también ha denunciado que al menos la mitad de los contratos de emergencia de 2020 se publicaron con retraso, incumpliendo una de las normas. En situaciones como esta la administración puede contratar de forma directa, incluso sin abrir expediente, pero deben publicar los detalles en 15 días, algo que no se cumplió en muchas ocasiones.
La inspección de los contratos también muestra cómo se hincharon los precios en aquellos momenos iniciales en los que algunos proveedores sacaron tajada de la situación. Solo un ejemplo: la Agència Catalana de l’Habitatge compró 1.000 mascarillas quirúrgicas directamente a una farmacia a 1,82 euros la unidad. Una resolución posterior redujo a 62 céntimos el precio máximo al que se podían vender a particulares esas mascarillas quirúrgicas.