La exclusión financiera se agrava un poco más con la aún inacabada reestructuración bancaria. Un total de 58.435 tarraconenses viven en municipios que no tienen sucursal bancaria ni cajero, consecuencia de una intensísima eliminación de oficinas que no halla parangón en ninguna otra provincia de España. Así lo refleja el Informe sobre Inclusión Financiera en España, publicado este mes por el Instituto Valencia de Investigaciones Económicas (IVIE) y con datos a cierre de 2021.
El estudio, un balance recurrente en los últimos años, sitúa a Tarragona como la demarcación que más cierres bancarios ha padecido. «Por provincias, la red ha caído en todas, con una reducción máxima del 73,1% en Tarragona y una mínima del 23,2% en Cuenca», expone el estudio. De las 834 oficinas que había en las comarcas tarraconenses en septiembre de 2008 a las 224 de finales de 2021. Más datos para radiografiar la casuística: 610 sucursales menos en 13 años o, lo que es lo mismo, bancos y cajas han cerrado un local a la semana en Tarragona.
La dinámica se ha enzarzado con el interior rural y se percibe especialmente en los pueblos que han quedado desprovistos de servicios. El análisis municipal muestra que un 60% de las poblaciones tarraconenses no tienen oficina (111 de 184), lo que sume en la exclusión financiera a más de 73.000 ciudadanos.
Tal ha sido la dinámica que en muchos casos la aspiración de todo un pueblo es disponer de, al menos, un cajero, como sucede en Cornudella de Montsant (Priorat). Pues bien: 97 municipios (un 52%) no tienen ni siquiera expendedor automático. El estudio, dirigido por el catedrático Joaquín Maudos, dice que la accesibilidad es un tema que genera «preocupación», aunque indica que «menos oficinas no implica necesariamente exclusión financiera» y apunta dos motivos: «Existen otros puntos de acceso a los servicios bancarios (cajeros automáticos, agentes financieros, oficinas móviles, oficinas de Correos) y, además, la banca por internet permite disfrutar de los servicios financieros y cada vez es mayor el porcentaje de la población que la utiliza».
Sin embargo, puntualiza alertando de que «para determinados colectivos vulnerables, como personas mayores, sin habilidades digitales, que residen en municipios donde no llega la red o que no disponen de dotaciones TIC como un ordenador o un smartphone, no tener una oficina u otro punto de acceso al servicio bancario en el municipio en el que residen podría abocarles a la exclusión financiera». Sobre las alternativas, también cuantifica el balance, hasta el punto de calcular en qué zonas la exclusión financiera es absoluta. Así, 71 municipios, con 25.771 habitantes, no disponen de oficina, ni cajero ni agente financiero; y, además, 50 de ellos (el 27% del total) tampoco tienen ni oficina de Correos, ni sucursal móvil. Son casi 13.000 los tarraconenses completamente descolgados de cualquier acceso al dinero en efectivo.
Cierres por la baja rentabilidad
Considerando a toda la población provincial, un 9% no tiene acceso a la oficina, un 7,1% ni a oficina ni a cajero y un 1,6% tampoco dispone de Correos u otras medidas desplegadas para compensar el cierre en cascada de locales financieros, «necesario para hacer frente a los problemas de baja rentabilidad del sector», como justifica el estudio.
Tres de cada diez pueblos no hallan alternativa ni en acuerdos con Correos ni con oficinas móviles
El trabajo también aporta dos parámetros curiosos: la distancia que debe cubrir una persona para acceder al punto más cercano de servicios financieros desde un pueblo que no dispone y el tiempo necesario para hacerlo en coche. En Tarragona la media es de 9,7 minutos, la misma que en España, y los kilómetros a recorrer son 6,3, una cifra más baja que el registro estatal (7,6%). Tomando como referencia la población excluida en Tarragona, un 47% debe recorrer entre 5 y 10 kilómetros para utilizar un servicio de la banca, un 41,6% recorre menos de 5 kilómetros, mientras que un 9,7% tiene cajero o banco a entre 15 y 30 kilómetros de distancia y un 1,7% a entre 15 y 30.
Pero, más allá de esos datos, preocupa la tendencia. Es remarcable la evolución respecto al anterior informe. En 2019, había 62.960 tarraconenses sin acceso a una oficina bancaria, un 17% menos que ahora (73.760). Si la comparación se hace respecto a 2008, antes de los recortes de la banca y de la Gran Crisis, es aún más abultada. Por entonces había 37.995 tarraconenses sin acceso a sucursal, la mitad que ahora.
Accesibilidad a debate
A pesar de la situación, el informe mantiene que «la accesibilidad a los servicios bancarios es buena, ya que en la actualidad el 98,6% de la población reside en un municipio donde al menos hay un punto de acceso a servicios bancarios». «Gracias a las medidas adoptadas por el sector bancario para evitar la exclusión financiera (instalando cajeros donde no hay oficinas, habilitando oficinas móviles, firmando un acuerdo con Correos y mediante la colaboración con agentes financieros), 898.131 personas (el 1,9% del total) que residen en 1.192 municipios (14,7% del total) pueden acceder a los servicios bancarios».
En Tarragona, el 99,1% de la población tiene un punto de acceso a menos de 5 kilómetros. Todo este análisis habla de los servicios pero no de su intensidad, ya que no es lo mismo acceder en un horario comercial habitual cinco días a la semana en una sucursal que hacerlo solo en una franja o en una jornada concreta.
Hasta el mismo Banco de España ha avisado de la problemática. Lo hace en su informe ‘Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España’, publicado en 2021, una radiografía que analiza «la brecha entre quienes encuentran dificultades para acceder al efectivo y quienes tienen fácil acceso a él». El trabajo agrega: «Es previsible que la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos continúe en los próximos años, ante el incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito». Se trata de una situación que el regulador califica de «vulnerabilidad en el acceso al efectivo».
