El Govern ha redactado una proposición de ley estatal para garantizar el servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera. Se trata de una iniciativa que quiere garantizar un mínimo de servicios bancarios en los pueblos más pequeños y que se basa en los principios de voluntariedad y subsidiariedad, según ha explicado este jueves en rueda de prensa el conseller d'Economia, Jaume Giró. El titular de Economía confía que salga adelante y ha reiterado que el texto no prevé "ni un euro público" para las entidades bancarias, que no podrán cobrar comisiones en los municipios en riesgo de exclusión financiera. Así mismo, el texto detalla que el acceso a los servicios bancarios se considera un "derecho ciudadano".
Giró ha apuntado que el "propósito" del Govern con la proposición de ley es "abrir un debate" sobre la exclusión financiera a Madrid. De hecho, el texto llega después de que el Senado haya aprobado por unanimidad un informe donde reclama al ejecutivo español y a los gobiernos autonómicos que aseguren la atención personal a la gente mayor en los bancos y a las administraciones. Así mismo, coincide con la campaña "Soy mayor, no idiota", que reclama un trato "más humano" por parte de las entidades financieras a la gente mayor. Ahora bien, en relación con el sector financiero y bancario el ejecutivo catalán no tiene competencias y por este motivo han optado para impulsar una proposición de ley.
La propuesta del Departament d'Economia establece un marco legal para regular la instalación de cajeros automáticos en los municipios más pequeños. En este sentido, prevé que la implantación sea obligatoria en caso de que no se cubran las necesidades y no se puedan cobrar comisiones -solo las aplicables a todos los efectos-. El texto consta de 32 artículos, ordenados en tres títulos, cinco disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Giró ha anunciado que este mismo jueves se pondrá a disposición de los grupos parlamentarios –tanto del Parlamento como del Congreso- para encontrar los "máximos apoyos posibles" porque salga adelante.
"No tengo ninguna seguridad que la proposición de ley acabe en ley", ha reconocido Giró. "La política es la política", ha añadido. En esta línea, ha opinado que el texto "no tiene signo político ni partidista" y ha defendido que ha tenido "buena acogida" entre las entidades municipalistas y las asociaciones de consumidores, con quienes se ha reunido a primera hora de la mañana. Así mismo, el conseller d'Economia ha explicado que no ha hablado con ninguna entidad bancaria, pero confía en que "no pondrán palos en las ruedas". "Es una medida asumible, viable, realista y que no pide nada del otro mundo", ha defendido.
La proposición para combatir la exclusión financiera
La proposición de ley define como municipios en riesgo de exclusión financiera aquellos que no disponen de una oficina bancaria ni de un cajero automático en el término municipal. De acuerdo con el texto, es en estos donde habrá que instalar, al menos, un cajero.
En primer lugar, la instalación se prevé voluntaria por parte de las entidades en los municipios que más los convenga y los gastos irán a cargo de las entidades. Ahora bien, en caso de que ninguna entidad quiera asumirlo, se activará el régimen de instalación obligatoria y se hará un primer requerimiento a las entidades.
Si las entidades no ejecutan la instalación, en una segunda fase el texto prevé que serán las administraciones públicas de carácter subsidiario, es decir, las más próximas al ciudadano, quien se tendrán que hacer cargo. En este supuesto la implantación se financiará a cargo de un fondo de nueva creación, el 'Fondo de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera', adscrito a la Administración General del Estado. Este fondo se dotará de las aportaciones que hagan las mismas entidades en función de su implantación a cada demarcación, que se calculará a partir de la cuota de mercado en depósitos y créditos. Giró ha defendido que sería una "anomalía" que en este punto se destine dinero público.
Así mismo, se priorizará que los municipios donde solo se instale un cajero automático tengan "cerca" una oficina bancaria de la misma entidad. Las condiciones en relación con los cajeros también establecen que tendrán que estar operativos las 24 horas del día de cada día del año y tendrán que prestar las funciones básicas. El mantenimiento irá a cargo de las entidades proveedoras.
Reducción "notable" de los servicios financieros básicos
Todo ello ha llegado después de que el Departament d'Economia haya registrado una reducción "notable" de los puntos de acceso a servicios financieros básicos. Así, desde el 2008 en Cataluña 5.582 oficinas bancarias han bajado la persiana, un 68% de las existentes, según cálculos de la consellería. Así mismo, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación Ramón Areces, Catalunya es la comunidad autónoma dónde ha disminuido más el número de oficinas en este periodo.
Giró ha asegurado que son unas cifras "preocupantes" y ha asegurado que "todavía hay tiempo" para revertir el problema.
Las entidades municipales consideran que es "un paso adelante"
La proposición de ley se ha anunciado después de que Giró se haya reunido con varios representantes de entidades municipalistas y asociaciones de consumidores, que han valorado "muy positivamente" la propuesta.
"Estamos hablando de un tema social. Esta iniciativa tiene todo nuestro apoyo", ha apuntado el presidente de la Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, que ha recordado que un 48% de los municipios catalanes no tienen oficina bancaria ni ningún punto de acceso a efectivo. En este sentido, ha asegurado que los cajeros son un "recurso básico" para revertir la exclusión financiera y ha pedido "complicidad" a los partidos políticos del Congreso.
Por su parte, el vicepresidente de la Federació de Municipis de Catalunya y alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha considerado que la exclusión financiera es "un problema grave". Fonollosa ha denunciado que la gente mayor está "maltratada" por las entidades financieras y ha considerado que la proposición también puede ser una "herramienta" para frenar el despoblamiento. "La iniciativa es muy acertada", ha subrayado.
El presidente de la Associació de Micropobles de Catalunya y alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, ha apuntado que los micropueblos son quienes "más" sufren la exclusión financiera porque a las entidades financieras no les es viable instalarse en territorios con pocos habitantes. En este sentido, ha reconocido que es "muy difícil" que en estos municipios se implanten oficinas, pero ha celebrado que haya la posibilidad de acceder a un cajero automático. Urrea ha apuntado que, paralelamente, se tendrá que formar a la gente mayor porque aprendan a usarlos en su día a día. Así mismo, ha criticado que hoy en día haya entidades las cuales se han ofrecido a instalar cajeros, siempre que sean financiados por los ayuntamientos.