Ocho años de prisión –cuatro el fiscal y multa de 6.000 euros– es la pena a la que se enfrenta un abogado de Tarragona acusado de un delito continuado de apropiación indebida. Supuestamente, se quedó con 85.768 euros que el denunciante tenía que cobrar de una aseguradora por un accidente de tráfico.
El caso llegará este lunes a juicio en la Sección Cuarta de la Audiencia de Tarragona. Asimismo, la acusación particular solicita seis años de inhabilitación –cuatro el Ministerio Público– para ejercer el oficio. Y en concepto de responsabilidad civil se pide que devuelva el importe –la acusación particular añade 50.000 euros por el daño moral–, más intereses.
El escrito de acusación recoge que el denunciante, el 12 de enero de 2009, tuvo un accidente de circulación en el término de El Morell. Sufrió graves lesiones, que desembocaron en que obtuviera la invalidez profesional. Por ello, contactó con el acusado, quien se presentó ante él como abogado, a fin de que le asesorara de cara a obtener las correspondientes indemnizaciones económicas.
La aseguradora
La compañía aseguradora pagó a la víctima dos importes: uno a través de otro abogado y un segundo a través del acusado. El 9 de marzo de 2011, el Juzgado expidió a favor del denunciante un mandamiento de pago de 55.097 euros, que fue entregado al encausado y que, presuntamente, se quedó con el dinero. Lo mismo ocurrió el 31 de mayo con un cheque de 30.670 euros.
«El acusado, actuando con ánimo de ilícito enriquecimiento y prevaliéndose siempre de que el Sr. (...) era una persona que carecía de formación y que únicamente sabía escribir su nombre y apellidos, así como su DNI y firma, ocultó a este el hecho de que la compañía aseguradora» le había indemnizado con las dos últimas cantidades.
Con posterioridad, el acusado habría instado a la víctima a que firmara dos documentos en virtud de los cuales el denunciante ordenaba que las dos cantidades se mantuvieran en las dependencias del despacho del abogado «para cubrir futuras eventualidades» que hicieran necesario la utilización de parte o toda la cantidad.
El letrado no llevó a cabo posteriormente ninguna actividad de defensa legal o asesoramiento que justificara el devengo de honorarios profesionales e incorporó el dinero a su patrimonio.
El acusado dimitió como secretario del Col·legi d’Advocats de Tarragona en 2021.
