Francis, de 67 años, dos nietas con alto grado de discapacidad que están bajo su tutela y su marido están al borde de ver cómo la casa en la que residen en Alforja es derrumbada por un expediente de 2009 en el que se manifiesta el inmueble como ilegal y no legalizable. La empresa que tiene que llevar a cabo los trabajos ya tiene autorización para realizar la entrada. No obstante, la demolición no se realizará hasta el 29 de agosto, según les fue comunicado ayer a las once de la mañana.
Como relata el asesor legal de Francis, Daniel Roso, la vivienda fue vendida por la mujer de un constructor de Reus a la madre de la actual propietaria en 2010, que en ese momento tenía más de 80 años. La casa ya tenía un expediente firme de derribo por haber sido construida de forma ilegal. Una resolución del director general de Urbanisme de la Generalitat en 2009 que se basaba en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 1993.
Pero la familia compradora desconocía cuál era la situación en la que se encontraba el inmueble. «El notario solo nos dijo que había un expediente urbanístico y que posiblemente sería una multa de 1.000 euros», relata Francis, la actual propietaria, «pero no les fue comunicado que realmente había una orden de derribo firme», exclama Daniel Roso, por lo que considera que se produjo una estafa. Pagaron 120.000 euros por la compra «y ahora tienen que pagar el derribo, que son 60.000 euros», subraya.
A todo ello, se suma otra cuestión: «Todas las comunicaciones del derribo se estuvieron haciendo durante diez años a la antigua propietaria», explica Roso, por lo que Francis no recibió ninguna notificación hasta 2019.
Para el asesor legal, por un lado, tendría que considerarse que el expediente de derribo es de 2009, basada en normativa de 1993, «mientras que en 2012 se aprobó el nuevo POUM, por lo que se trata de una resolución en base a normativa derogada». Además, añade que en base de la nueva normativa, la casa sí podría legalizarse. Por otro lado, Daniel Roso también pone el acento en el hecho de que su clienta no recibiera ninguna comunicación al respecto hasta 2019, diez años después de la resolución, por lo que considera que dicho expediente tendría que haber prescrito.
A pesar de todo, el procedimiento ha seguido su camino y ahora intentan jugar las últimas cartas. En este sentido, el asesor legal Daniel Roso detalla que se ha hecho un escrito al actual director general de Urbanisme pidiendo la revisión del procedimiento «y que sea adaptado a la normativa actual», dice. Además, se ha contactado con el alcalde de Alforja, Juanjo Garcia. «Nos han pedido si podemos hacer de puente y hacer llegar la petición a Urbanisme, y es lo que hemos hecho. Pero como consistorio no podemos hacer más», admite Garcia.
Apoyo familiar
Ayer por la mañana, se acercaron al menos una decena de familiares para dar apoyo a los afectados, exclamando la indignación que sentían, «y más aún cuando Francis tiene bajo su tutela a dos nietas con discapacidad, una del 96% y la otra con el 66%». Una tiene 22 años y la pequeña, 17. «No los dejaremos en la calle», exclamaban familiares, pero que veían con indignación que la casa se tenga que derribar «cuando hemos pedido qué podíamos hacer para legalizarla...».
En cuanto a Serveis Socials, «intervino para alargar un poco el procedimiento», dadas las circunstancias, explica Roso. «Pero no consideran que necesiten una alternativa habitacional porque dicen que mi clienta ya tiene un piso que actualmente está alquilado. Lo que no se tiene en cuenta es que para asumir los 60.000 euros del derribo, tendría que vender dicho piso. La dejarán en la ruina», lamenta.
