El reusense Christian Ruiz Gómez y el valenciano Juan Luís Fernández Masip tuvieron a sus dos hijos mediante gestación subrogada (GS en adelante). Esta técnica de reproducción asistida consiste en que una mujer gesta el bebé de otra/s persona/s que no pueden tener uno por varias razones. Se trata de una práctica que implica todo un proceso y en el que hay un contrato de por medio a través del que la persona o pareja se convierte en progenitora de la criatura. En el caso que nos ocupa, la familia formada por GS empezó y se desarrolló en Australia, un país que fue su hogar durante más de siete años y donde sí está legalizada. También lo está en Canadá, Georgia, Reino Unido, Holanda y Bélgica, entre otros países.
En España, por contrapartida, no lo está según el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que ha sumado actualizaciones a lo largo de los años. En dicho artículo (titulado gestación por sustitución) se dice que, en primer lugar, «será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero»; por otro lado se indica que «la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto»; y, en tercer lugar, que «queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales». Ahora bien, está permitido que un ciudadano español pueda tener un hijo/a por esta vía en un país en el que sí esté regulada. Sin embargo, esta forma de proceder es objeto de muchas polémicas entre partidarios y detractores.
Con el objetivo de reivindicar el derecho de las mujeres a poder elegir si quieren o no ayudar a otras familias a tener hijos, Ruiz y Fernández lanzan una campaña para visibilizar este método a través de un vídeo titulado Mi voz cuenta. En él, 63 mujeres defienden su derecho a gestar para otras personas aportando frases como «estoy en plenas facultades y control sobre mi cuerpo (para decidirlo así)», «quiero ayudar a formar una familia» o «si estuviera regulada en España, yo gestaría».
Otro de los objetivos clave es «más allá de dar voz a las mujeres –que quieren hacer uso de su derecho sobre su cuerpo para gestar para otros–, derribar el mito de que la GS sólo se basa en la explotación de mujeres sin recursos económicos», destacan. El proyecto surgió a finales del año pasado. «Justo al anunciarse que se trabajaba en la reforma de la ley del aborto. [Aunque aún está en trámite parlamentario], ha trascendido, de forma totalmente gratuita e innecesaria, que en ella se realiza una descripción de la maternidad subrogada tildándola de ‘explotación reproductiva’. Es una forma de criminalizar a nuestra familia», señalan.
Les resulta «contradictorio» que la ministra de Igualdad, Irene Montero, diga que «el objetivo de la nueva ley es ‘asegurar’ que ‘todas las mujeres’ tengan derecho a decidir sobre sus cuerpos, pero a su vez quiera censurar la decisión de ciertas mujeres que desean ceder su capacidad de gestar y crear vida», lamentan. No podían, ni pueden, comprender por qué «se hablaba de una técnica de reproducción asistida en una ley del aborto», completan.
Sobre ello comentan, también, que este lenguaje provoca que una «gran» parte de la población «no cuestiona las palabras de la ministra y fomenta el odio hacia las familias que se han creado de esta manera», completan. La indignación dio lugar a la idea de la campaña.
¿Cómo surgió?
Decidieron, por aquel entonces, preguntar a las mujeres seguidoras de su cuenta de Instagram (@2_papas_in_oz) si ellas gestarían para otros. «En menos de 24 horas, recibimos cientos de mensajes respondiendo a esta convocatoria virtual espontánea y conseguimos 75 mujeres dispuestas a expresar públicamente este poder de decisión, en un vídeo que diera visibilidad a las mujeres españolas que están dispuestas a ayudar a otras familias gestando sus hijos», detallan.
El hecho de que empezaran siendo «cientos» las que abogaban por la iniciativa a 75 las que se sumaron a participar se debió, expresan, a que «no todas se sentían cómodas saliendo en un vídeo, ya que eran conocedoras del movimiento que hay en contra de la GS y no querían ser objeto de acoso». Finalmente fueron 63 las que participaron. «Así nació Mi voz cuenta, el vídeo en el que mujeres españolas reivindican su derecho a gestar para otras familias», anuncian.
El vídeo se publicó en Instagram, se compartió por WhatsApp y se difundió en páginas de Facebook y cuentas de Twitter. Preguntados por la repercusión de la grabación, cuentan que recibieron el apoyo de dos asociaciones de familias formadas por GS: Son Nuestros Hijos y Apingu.
En cuanto a la acogida, se alegraron mucho del número de personas que lo compartió en Instagram –más de 1.000–, pero lo que más les sorprendió realmente es que «no tuviera el eco que pensábamos que tendría, aunque entendemos que la situación actual del coronavirus lo copa todo», reconocen.
Según su experiencia, a pesar de que han visto a bastante gente posicionarse a favor «o incluso han formado una familia mediante este método», añaden, «en numerosas ocasiones, la gente prefiere no hablar del tema por miedo a las represalias». Uno de los argumentos «más habituales» con los que se encuentran Ruiz y Fernández es el siguiente: «Sólo las mujeres que viven en una situación económica precaria se ofrecen para gestar, a cambio de una compensación económica que se ofrece sólo en algunos países». Esta afirmación, dicen, además de estar «sesgada, simplemente, es mentira».
En el proyecto Mi voz cuenta, la pareja muestra mujeres de diferentes profesiones (como la de policía o cirujana), que «tienen una vida plena y desearían gestar por el simple hecho de ayudar a alguien conocido, o inclusive, a una persona desconocida, para así formar una familia», manifiestan.
El entorno más cercano de Ruiz y Fernández vivió con total normalidad formar una familia por gestación subrogada: «Nuestra familia siente un cariño enorme por Heidi y Cass, las dos maravillosas mujeres que gestaron a nuestros hijos Anxo y Atlas, respectivamente. Forman parte de nuestro círculo más cercano de amistades».
Más allá del acto de generosidad, hay que lidiar con la burocracia y el proceso requiere de inversión, ésta varía dependiendo de cada caso, así como de dónde sea la persona donante, la gestante, etc. «Hablar de costes es imposible, puede variar enormemente dependiendo del caso o del país. Lo único que es cierto es que no es barato, al igual que no lo es ningún tratamiento de reproducción asistida, sea cual sea el proceso o la finalidad», corroboran.
Pero no todos los gastos son médicos, advierten. «Antes de proceder con una transferencia embrionaria, hay pasos esenciales: el asesoramiento legal y el psicológico», explican. Cada parte recibe asesoramiento de «abogados independientes para asegurar que todas las personas implicadas tienen un claro el proceso», dicen. Además, ambas partes hablan de sus requisitos y/o deseos, que la otra parte debe apoyar. Todo queda reflejado en «un acuerdo de intenciones, sin vinculación legal», que ambas partes firman.
Por otro lado, hay asesoramiento psicológico, «antes, durante y después del embarazo» y para todas las partes. Éstas hablan de diferentes situaciones, «pero también somos llevados al límite para asegurar que estamos en la misma sintonía en valores e ideas». Ambos asesoramientos, detallan, deben obtener «un aprobado» para poder «proceder a la parte médica de creación de embriones y transferencia embrionaria», aclaran.
El camino hacia la paternidad
La pareja ha vivido el camino hacia la paternidad como un regalo. En Australia, país donde la GS está aceptada y normalizada en la sociedad, «las gestantes son personas muy admiradas y aplaudidas a nivel social por la gran labor que hacen y por su generosidad», describen.
Todo ello, lo comparan con España, donde «está perseguida», dicen, y lo atribuyen especialmente a la desinformación. «Creen que la GS es sinónimo de abuso. Hay otros casos en los que son plenamente conscientes de que es un acto de generosidad, pero el hecho de que haya habido puntuales casos de explotación –los cuales deben ser denunciados y erradicados–, ya convierte toda práctica de la GS en un acto terrorista a sus ojos», apuntan.
