Un grupo de empleados de Reus Transport se concentraron ayer a las puertas del edificio judicial con pancartas en las que se leía «no más abusos laborales» o «a igual trabajo, igual salario». Se les esperaba en el Juzgado Social número 1 de Reus, donde se fijó la vista oral por la demanda grupal que presentaron casi 30 trabajadores –chóferes y personal de limpieza y de mantenimiento, entre otros– contra la empresa dependiente del Ayuntamiento.
«Pedimos que haya una equiparación salarial entre los trabajadores fijos y los eventuales, porque existe una diferencia notable y, según entendemos, se da una aplicación equivocada de un pacto de empresa que discrimina su situación de eventualidad», explicaba la abogada representante de estos profesionales, Adela Lozano. Por otro lado, tal como puntualizaba la misma letrada, «reclamamos que la aplicación de la limitación presupuestaria no se ha hecho correctamente y eso ha significado, para los trabajadores, una pérdida adquisitiva muy elevada y que llega hasta unos 2.000 o 3.000 euros anuales para determinados casos».
El escenario «nos ha llevado a que, tras intentar un convenio colectivo o un acuerdo, ha sido totalmente imposible y nos vemos obligados a que sea la justicia la que lo haga», tal como precisaba Lozano.
La presidenta del Comité de Empresa de Reus Transport, Neus Haro, detallaba minutos antes de entrar a la sala, con relación a las condiciones en que la plantilla trabaja, que «es verdad que hay un pacto que marca 18 meses de antigüedad para cobrar lo mismo que un fijo, pero es que la empresa siempre ha optado por utilizar los contratos para que nunca se llegue a alcanzar aquella antigüedad y no se paguen nunca estos pluses».
A lo largo de los últimos días, Reus Transport ha estado informando a los pasajeros de incidencias en algunas líneas producidas, según la empresa municipal, por «motivos técnicos» aunque algunas voces sostienen que guardarían relación con una falta de personal.
Por su parte, Roger Queralt, abogado de los trabajadores, añadía que «se les ha quedado un sueldo base por debajo de lo que marca el convenio y, si uno mira esto, también es una discriminación, ya no entre los mismos empleados pero sí posiblemente entre empleados de diferentes empresas o del mismo sector» ya que «yo tengo noticia de que hay otras empresas públicas que esto sí que lo han solventado».
Los profesionales que han denunciado son, en detalle, 28, tal como especificaba Haro. Ayer, durante la vista oral se esperaba que se produjesen declaraciones de «testigos y de los peritos pertinentes». El juicio empezó entrada la tarde y «se ha hecho muy largo y tienen diez días para presentar conclusiones y dos meses de espera de sentencia, la cosa no ha acabado», explicaba la presidenta del Comité de Empresa a la salida.
Fuentes municipales consultadas responden que «la empresa defiende que no se pueden pagar íntegramente las retribuciones previstas en el convenio colectivo, dado que superan los límites que prevén las leyes de presupuestos generales del Estado para el sector público» y que «ni el Ayuntamiento ni la empresa están en disposición de modificar los límites, de aplicación imperativa». «El pago de determinados pluses del pacto de empresa está condicionado a que los chóferes tengan una antigüedad mínima de 18 meses y, por lo tanto, se está cumpliendo lo que se acordó entre empresa y trabajadores, en el vigente pacto de empresa de 2006», concluyen.
