Dos ilustres supervivientes del viejo Reus serán protagonistas de dos de las actuaciones urbanísticas más atrayentes previstas para este 2020.
La Casa Navàs volverá a lucir el frontispicio destrozado por el bombardeo de 1938, que también destruyó la torre esquinera. Los actuales propietarios han decidido restaurar gradualmente el aspecto original de la joya modernista de Domènech i Montaner y el primer paso será la recuperación de la cabecera dentada que coronaba la fachada, una obra que comenzará este mismo mes y prevé estar acabada por Semana Santa.
El skyline del Mercadal vivirá así su mayor cambio desde los años cincuenta del siglo pasado, cuando se construyó la torre del reloj del ayuntamiento.
El paseo de la Boca de la Mina, otro veterano referente urbano que había resistido a duras penas el paso del tiempo, también revivirá este año gracias al proyecto de acondicionamiento y mejora que permitirá recuperar para disfrute de la ciudadanía un espacio de gran valor natural e histórico.
Quien no sobrevivirá al 2020 será el entramado de empresas sanitarias municipales, que pagará con su extinción el rescate del Hospital Sant Joan. Tras tres años de negociaciones, la Generalitat y el Ayuntamiento han acordado que la administración catalana se haga cargo del control, la propiedad y las deudas del hospital de Reus y garantizar así la continuidad de sus servicios y su sostenibilidad económica.
La inminente materialización del traspaso pondrá fin al modelo que durante treinta años había permitido al consistorio liderar la gestión de la asistencia hospitalaria y primaria en Reus y su área de influencia.
El juicio de Innova
Si el desenlace de la vertiente política y económica del culebrón sanitario está descontado, todo lo contrario sucede con el judicial. Es decir, el más que conocido caso Innova. El Juzgado de Instrucción número 3 de Reus decretó el pasado mes de marzo la apertura de juicio oral sobre la pieza principal y la número 2 del sumario y la Audiencia de Tarragona debe fijar fecha para la vista, ocho años después del inicio de las investigaciones.
Recordemos que ocho personas, entre ellas el exdirector general de Innova Josep Prat y el exalcalde Lluís Miquel Pérez, están acusadas de prevaricación y malversación y la Fiscalía pide condenas que oscilan entre los siete y diez años de prisión.
Más allá de las facturas presuntamente sin justificar sobre las que se centra esta pieza principal, se someterán a juicio son bases legales de la operativa de Innova y el papel de sus máximos responsables, con lo cual el fallo establecerá la verdad judicial sobre un caso que durante varios años condicionó la vida política de la ciudad y dio pie a la liquidación del propio holding y del modelo que encarnaba.
También podría llegar a juicio la pieza número 7, que investiga los contratos y concesiones de Sagessa con la empresa Centre d’Ambulàncies Baix Ebre SL (Ambulebre), cuya instrucción quedó cerrada en diciembre.
Vinculados con la macrocausa Innova, la instrucción de los casos Traiber y Shirota sigue a la espera de finalización. En 2020 debería concretarse su futuro procesal y la incidencia de los reveses sufridos por ambos sumarios, ya que 47 investigados –la mayoría médicos– fueron desimputados en el caso de las prótesis defectuosas de Traiber y un tribunal mercantil no apreció ilegalidades en la quiebra de la empresa mixta Shirota.
En otra derivada de Innova, la Audiencia de Tarragona tiene aún pendiente el juicio sobre la construcción del Centre de Salut d’Alta Resolució de Vila-seca, por el cual fue investigado el exalcalde alcalde y expresidente de la Diputació Josep Poblet, además de concejales y arquitectos municipales. Seis años después de que la Guardia Civil irrumpiera en el Ayuntamiento de Vila-seca, la Fiscalía no aprecia delito alguno y pide la absolución de los acusados y el sobreseimiento de la causa.
A lo largo del año veremos si la dimensión inicial del caso Innova y su extensa nómina de imputados sobrevive a las futuras sentencias judiciales sobre el mismo.
¿Sobrevivirá el CF Reus?
Aunque la madre de todas las supervivencias, o no, será la del CF Reus. Una resolución del Tribunal Administrativo del Deporte decretando la readmisión del equipo en Segunda B ha dejado abierta la incógnita sobre el futuro del club, que parecía finiquitado tras ser descendido hasta Tercera división y expulsado de la competición por sus impagos.
Habrá que esperar a junio de 2020 para aclarar definitivamente qué ha venido a hacer a Reus su actual propietario americano, a dónde pretende llegar con una sociedad anónima deportiva en proceso concursal y en riesgo de liquidación y si Clifton Onolfo y el fondo de inversión a través del cual compró las acciones del CF Reus tienen voluntad y capacidad para revertir la situación.