Los trabajadores de la UTE Reus Net, encargada de los servicios de limpieza de la vía pública y recogida de basuras en Reus, han convocado huelga del 21 al 25 de septiembre, coincidiendo con la celebración de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia. Los 252 empleados que integran la plantilla están llamados a parar, a la espera de los servicios mínimos que se decreten.
El objetivo es forzar la consecución de un nuevo convenio colectivo, después de que el que regía expirase el 30 de junio y «la empresa se haya negado a negociar otro» incluyendo mejoras salariales y sociales, según apunta el presidente del Comité, Miguel Pérez, que vaticina que el seguimiento será «máximo» dado que la medida se ha tomado «con el acuerdo de los tres sindicatos» del mismo Comité.
La plantilla quiere dar lugar, tal como detallaba hace ya algunas semanas Pérez, a un nuevo convenio «para cuatro años, más largo que el actual que ha sido de dos», y que este incluya un incremento en los sueldos que se concretaría en «un 3% para el primer año», pendiente de revisar los siguientes. También mejoras en la conciliación, teniendo en cuenta que «tenemos fiesta un sábado de cada cinco». Y la posibilidad de jubilarse parcialmente a los 63 años.
El detonante de la convocatoria de huelga –los intentos de diálogo «se suceden desde febrero»– ha sido «la negativa reiterada de la empresa a negociar», así como el hecho de que el Ayuntamiento «se desentiende y nos dice que no tiene nada que ver», detalla el presidente del Comité de Empresa.
El caso es que los trabajadores atribuyen el conflicto al contenido de los pliegos en base a los que se articuló la licitación pública del servicio de basuras, polémicos desde el primer momento y que, a su parecer, resultaron «pobres» y «no contemplaron estas mejoras que ya era necesario prever». El colectivo considera esta una «huelga de supervivencia». Y no descarta movilizaciones.
El gobierno insiste en apartarse: «Las relaciones laborales de los trabajadores compiten exclusivamente a la empresa. La relación del Ayuntamiento con la concesionaria es contractual para la prestación del servicio. El Ayuntamiento pide a la empresa el cumplimiento del contrato y del servicio con las garantías de calidad que se merece la ciudadanía», respondieron fuentes municipales.
