Fue la gran jugada y el mejor negocio de una azarosa trayectoria que inició como contrabandista y que le llevó a forjar una de las mayores fortunas de su tiempo. La trama urdida por Juan March Ordinas (1880-1962) para hacerse con la Barcelona Traction Light and Power, conocida popularmente como La Canadiense, le permitió comprar todos los activos de la principal hidroeléctrica española por 10 millones de pesetas, cuando estaban valorados en 3.000 millones. El botín lo reconvirtió en una nueva empresa de su imperio, Fuerzas Eléctricas de Cataluña (Fecsa).
El caso tuvo enorme repercusión internacional y derivó en uno de los más largos litigios habidos en España. Desde una perspectiva estrictamente local, la gran pregunta es: ¿por qué Juan March quiso que la demanda de quiebra de La Canadiense se presentase en el juzgado de instrucción de Reus? El argumento de los demandantes, tres testaferros de March tenedores de obligaciones impagadas de la Barcelona Traction a causa de la Guerra Civil y la prohibición de pagos en divisas impuesta por la dictadura franquista, fue que una línea de alta tensión de la compañía pasaba por Reus.
Las resoluciones adoptadas por el joven juez en concordancia con los intereses de March llevan a la segunda gran cuestión: ¿se avino el juez Carlos Andreu Domingo a refrendar la operación diseñada por el poderoso magnate con el beneplácito del régimen de Franco? La posible prevaricación se convirtió en tema tabú incluso después del franquismo, porque aquel juez culminaría su carrera convertido en el respetado presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona.
Las sombras del soborno, el chantaje o los favores debidos surgen de la relación familiar del juez Andreu, hijo de un magistrado destinado en la Audiencia de Palma de Mallorca durante la República y la Guerra Civil, y por ello vinculado en su juventud al feudo de March. Sin embargo, son los entresijos desvelados por los biógrafos del financiero –Mercedes Cabrera, Pere Ferrer, Rafael Alcalde– los que aportan las evidencias de la connivencia.
El lunes 9 de febrero de 1948, los tres acreedores presentan la demanda de quiebra. El día 11, se celebra la vista, que se limita a la declaración de tres testigos. Uno de ellos, Carlos Enrique Montañés, además de obligacionista, es cofundador de la Barcelona Traction y valedor de March en sus intentos de hacerse con la compañía, mientras que los otros dos dicen saber del asunto por la prensa. El 12 de febrero, el juez dicta el auto de quiebra por el impago de la deuda en obligaciones y nombra a un comisario y un depositario, que son hombres de March. La resolución sobre la insolvencia de la mayor empresa de Catalunya se despacha en tres días y sin que la parte demandada sepa nada, porque el juez alega desconocer su domicilio.
Al día siguiente, los administradores judiciales se presentan en la sede social con la orden de ocupación de bienes y documentos. Destituyen a los gestores y asumen todos los cargos de responsabilidad. Los directivos de la Barcelona Traction conocen así que la sociedad ha sido declarada en quiebra.
El 24 de febrero expira el plazo de impugnación sin que La Canadiense se persone. Un individuo presenta un recurso por incompetencia del tribunal de Reus, lo que en la práctica impide a los abogados de la multinacional presentar su propia apelación al estar pendiente esta otra. El recurrente retira la reclamación el día después de completarse la ocupación de todas las empresas y el juez cierra el plazo sin que la parte afectada haya podido recurrir. El sujeto en cuestión resulta ser el enésimo hombre de paja del astuto mallorquín.
Así, March informa al Consejo de Ministros que la declaración de quiebra tiene «una fundamentación jurídica a prueba de toda consideración», lo que garantiza la consecución de lo que él llama eufemísticamente «nacionalización» de la hidroeléctrica, hasta entonces en manos extranjeras.
Alarma en el Foreign Office
Poco podía imaginar que los historiadores hallarían una inesperada luz sobre el caso: el memorando de una conversación del Foreign Office británico con March, fechado el 14 de abril de 1948 y desclasificado medio siglo después. Churchill había utilizado la Barcelona Traction para trasvasar el dinero para sobornar a una treintena de generales de Franco para que utilizasen su influencia para evitar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial al lado de Hitler, operación canalizada a través del propio March. Así las cosas, la intervención judicial de las cuentas de La Canadiense disparó la alarma en Londres, porque las pruebas halladas de evasión de capitales e impuestos y tráfico ilegal de divisas podían conducir también al rastro de los sobornos.
El Foreign Office se entrevistó con March para pedirle que utilizara su influjo sobre la judicatura española para tapar el asunto. El magnate ofreció su buena voluntad, pero advirtió que «sólo tenía ascendiente sobre el juez local» y que su influencia se reducía con la intervención del juzgado de Delitos Monetarios. Aun así, y gracias a ella, las condenas por el fraude fiscal y contable de la Barcelona Traction se saldaron de la manera más inocua posible para los intereses de March –ya que Fecsa era la responsable subsidiaria– y para la diplomacia británica. Pero ese ya es otro capítulo de esta larguísima historia.
