La nueva Ordenanza de Administración Digital de Reus protegerá a la ciudadanía para que sus gestiones no se vean afectadas cuando el Ayuntamiento sufra un ciberataque, sentará las bases que permitirán enviar alertas o avisos masivos a la población y compromete al consistorio a combatir la brecha digital. La norma, que unifica todas las variantes de la relación Ayuntamiento-vecinos, introduce algunas novedades más. Obliga al gobierno local a velar por que nadie se quede atrás en un momento en que el online impera y refuerza los actuales espacios de aprendizaje digital.
El documento empezó a elaborarse en septiembre de 2021 y la intención del gobierno es llevarlo a debate en el pleno de octubre. La aprobación definitiva podría producirse, así, este año.
La oposición reclama un mayor apoyo a quienes tienen dificultades para adaptarse a los trámites digitales y lamenta que el Ayuntamiento no ponga los recursos suficientes a su alcance. Pide, además, que el redactado sea claro y conciso y detalle los deberes de cada parte.
La concejala de Participació, Montserrat Flores, explica que «se trata de que las personas sepan, cuando interactúan con el Ayuntamiento en el ámbito digital, qué pueden esperar, qué deben cumplir, qué debe cumplir la Administración y qué derechos tienen». En este sentido, la concejala apunta que «el enfoque que tenemos va un poco más lejos y reconocemos todo el universo de comunicaciones con la ciudadanía». También «hemos introducido algunos conceptos novedosos que nos permiten avanzar».
Uno de ellos guarda relación con los ataques informáticos. La norma contempla que, cuando un trámite se paralice o bien quede fuera de funcionamiento porque el Ayuntamiento haya sufrido una intrusión, se amplíen automática y proporcionalmente los plazos de manera que el vecino nunca pierda la oportunidad de concurrir a una convocatoria u optar a una ayuda. «Antes no se preveía porque no existía pero, en los últimos años, hemos visto casos de sistemas públicos de instituciones que son atacados con finalidad de lucro o simplemente para hacer daño», detalla Flores. «Eso ocurre y debemos estar preparados porque todo el mundo es susceptible de padecerlo», expresa.
El personal municipal está formándose para detectar trampas y «más allá de tener un sistema sólido para resistir, es importante que, si el ataque es tan fuerte que llega a entrar, se logre recuperar la información y poner de nuevo en marcha todos los sistemas lo antes posible», valora Flores. «La administración tiene que estar activa las 24 horas y, aunque parezca un poco tremendista, necesitamos las herramientas para reaccionar», destaca.
Avisos por SMS o correo electrónico
Por otro lado, el documento refleja el planteamiento de que «hay vida digital más allá de los trámites y los procedimientos administrativos», tal como especifica la concejala, y abre así la puerta a que casos de emergencia se puedan notificar mediante SMS o correo electrónico. Además de en crisis, estos mecanismos llegarán a usarse para comunicaciones en general con la ciudadanía, gracias a que la ordenanza fija el marco normativo para ello.
«Se está trabajando, aunque es un tema que aún estamos algo lejos de alcanzar por la complejidad que reviste», añade Flores, que recuerda escenarios en las que este sistema pudo ser útil «como el caso de Iqoxe o los inicios de la pandemia».
El Ayuntamiento también pretende progresar en el campo de las notificaciones. «Antes, venían a traérnoslas en papel. Pero ahora, cuando hacemos una notificación electrónica, debemos regular que eso tenga efectos sobre los plazos de tramitación», indica la concejala. En esta misma línea, la firma remota que ya se implantó «ha agilizado muchas cosas». Flores pone el ejemplo de las becas comedor. «Alrededor de 3.000 personas tenían que venir, en el plazo de un mes, a pedirlas. Hoy en día, nosotros se las enviamos y, si aceptan, firman y listo; en un minuto solucionan una gestión para la que, de otra manera, habrían tenido que pedir cita y desplazarse», dice.
Pero quizá uno de los apartados más relevantes es el que tiene que ver con la brecha digital. La nueva ordenanza «da naturaleza normativa a los espacios de aprendizaje digital». Estos son una docena de puntos físicos que integran una red de divulgación, repartidos en equipamientos municipales, donde cualquier persona puede hallar herramientas y ayuda para relacionarte con la administración electrónica. «La administración digital no puede tener un funcionamiento complicadísimo y tiene que estar al servicio de la ciudadanía en toda su diversidad», concluye Flores.
La garantía de acceso fácil a todo
Los grupos de la oposición (PSC, CUP y Cs) han podido ya revisar el texto, que se acabará de debatir en una reunión a finales de este mes. Los grupos ponen el foco en que se garantice el acceso a todo el mundo.
Al frente del PSC, Andreu Martín opina que «el despliegue de la administración electrónica es una oportunidad para dar lugar a un Ayuntamiento más eficiente y rápido en la atención a la ciudadanía». Aun así, «es imprescindible dar todo el apoyo a las personas que no cuentan con las competencias suficientes para acceder a los servicios y ayudas gestionadas por el Ayuntamiento ya que, en caso contrario, la brecha digital perjudicará la ciudadanía y, a menudo, a la más vulnerable», puntualiza Martín.
En una línea similar se expresa Mònica Pàmies, concejala de la CUP, que comenta que «siempre queremos que se enfatice la alfabetización». «Ha salido la oferta con los nuevos cursos de formación de Mas Carandell y de los Centres Cívics y, cuando buscas alguno de introducción a las nuevas tecnologías, solo hay uno de informática para principiantes», subraya. «Un solo curso en un centro cívico, que vale 64 euros aunque después se aplican bonificaciones en algunos casos, es muy poco», precisa Pàmies.
La cupaire espera que «la implantación de la Ordenanza de Administración Digital no repercuta en menguar el servicio que presta presencialmente la Oficina d‘Atenció Ciutadana, que es muy importante». Y, en cuanto al texto, concreta que, «no le hemos hecho demasiadas enmiendas porque se asemeja a la ordenanza tipo de Catalunya y se ha adaptado a la ciudad».
Por su parte, la portavoz de Cs, Débora García, considera que esta «es una ordenanza necesaria para que los ciudadanos y la administración local utilicen los medios electrónicos y digitales en su relación y dejar plasmados los derechos y obligaciones de cada parte». «Esperamos que sea clara y precisa para lograr el objetivo de mejorar los servicios públicos», concluye.