Nuevas revelaciones dentro de la macrocausa Innova. Dos semanas después de que el juez instructor diera a conocer el contenido de la pieza 3, en esta ocasión ha decretado el levantamiento de las actuaciones de la número 5, todavía secreta. De hecho, ambas piezas guardan una relación de vasos comunicantes importante. Mientras que la pieza 3 está centrada en la contratación de personal en el seno del ayuntamiento y de Innova, la 5 se fundamenta en el arquitecto del holding municipal, Josep Prat, y su acumulación de altos cargos sanitarios en entes públicos y privados durante el periodo de 2009 a 2012.
Según aparece en la amplia documentación de la pieza a la que ha tenido acceso el Diari, el magistrado decretó en noviembre de 2013 su inicio tras las investigaciones efectuadas por la Guardia Civil, actuando como policía judicial, en las que apuntaba a su supuesta incompatibilidad de cargos. «[...] Se desprenden indicios suficientes para considerar que Josep Prat ha podido cometer delitos contra las Administraciones Públicas al haber ocupado cargos de manera simultánea en Innova-Sagessa; en el Institut Català de la Salut; en el Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari y en el grupo sanitario privado USP Hospitals».
El exdirector de Innova sumó los distintos cargos –tal y como aparece en el sumario– a lo largo de todo el 2011 y parte de 2012. Tres de ellos estaban vinculados con el Ayuntamiento de Reus y la Generalitat de Catalunya, hecho que le «facilitaría información estratégica respecto a la situación y evolución del Sistema Català de Salut que podría ser utilizada en beneficio del grupo privado USP Hospitals». Y todo ello, representando «un grave conflicto de intereses, quebrando la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia» en un «servicio público primario como es la sanidad».
La línea de investigación de la Guardia Civil que aflora en esta parte de la macrocausa se sustenta, en una primera parte, en las comparecencias públicas incluidas en la Comissió d’Investigació sobre la gestió en l’Àmbit Sanitari que se realizaron en el Parlament de Catalunya. En ella participaron desde el propio Prat; el exdirector del CatSalut, Carles Manté; el asesor del nuevo Hospital de Reus y arquitecto, Jorge Batesteza; o el exalcalde Lluís Miquel Pérez, entre muchos otros.
También se analiza la documentación hallada durante la entrada y registro en el domicilio de Prat. Un amplio conjunto de correos electrónicos, anotaciones a mano y carpetas con documentación relacionada con las entidades con las que estaba vinculado. Artículos de prensa, informes de auditorías y las normativas que regían las contrataciones del sector público sanitario terminan de conformar el sumario.
Llegados a este punto, la pieza no desarrolla más unas diligencias que se incoaron hace ya seis años y que no habían registrados avances hasta ahora. Más allá de la investigación realizada, no cita a declarar a ninguno de los implicados, tampoco el propio Prat, que sí se ha personado en más de una ocasión ante el juez por otras ramas de la macrocausa.
Por todo ello, junto con el levantamiento de las actuaciones, el juez da traslado a las partes para que conozcan el contenido de la instrucción y, en un plazo de 15 días y si lo consideran oportuno, hagan alegaciones de complejidad de la pieza. Pasado este tiempo, será decisión del Ministerio Fiscal si decreta ampliar el plazo o la archiva. De las 15 piezas que forman este rompecabezas que es el caso Innova, las números 6 y 13 –conocidas como las notas de Manté y el caso Bon Preu– son las únicas que han sido archivadas.
El inicio del caso en 2012
El contenido que arroja la pieza número 5 no sorprende y era esperada por muchas de las partes implicadas en el caso. Sobre todo, porque las supuestas incompatibilidades de cargos de Josep Prat fueron el inicio de todo. Lejos queda ya aquella rueda de prensa de la CUP denunciando ante la fiscalía los hechos y provocando la dimisión de Prat de Innova, recién nombrado en el cargo de nuevo por el gobierno CiU-PP, y del CatSalut. Después surgirían las facturas cobradas, supuestamente sin justificar, y el estallido de la macrocausa con los primeros registros y detenciones.
