Tras varios intentos frustrados, la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, echa a andar en las Cortes después de que todos los grupos, a excepción de PP, Vox y el diputado de UPN, hayan apoyado en el Pleno del Congreso su toma en consideración.
Aunque era prácticamente seguro que así iba a ser, Podemos y Junts, que habían expresado algunas reticencias, han despejado finalmente el camino para el debate de una proposición de ley cuyo texto pactaron PSOE, Sumar y EH Bildu y al que se sumaron ERC, PNV y BNG.
Y todos ellos quieren que el trámite sea de urgencia y pueda aprobarse la nueva norma antes de que la vigente, que entró en vigor en julio de 2015, celebre su décimo aniversario.
Al término de la sesión plenaria de este martes ha tenido lugar la votación, con el resultado de 176 votos a favor y 170 en contra.
En el debate todos los grupos, salvo PP, Vox y UPN, han mostrado su apoyo al inicio de la tramitación, en tanto que Junts, Podemos y BNG han anunciado que presentarán enmiendas.
Lo han hecho en presencia en la tribuna de invitados de los representantes de los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia CVivil, y durante más de dos horas de debate, en el que no han faltado los reproches y las críticas.
Las acusaciones más duras han sido vertidas desde las filas populares y por boca de su portavoz en la Cámara Baja, Miguel Tellado, que ha llegado a denominar la iniciativa como «la ley Otegi de inseguridad ciudadana».
Tellado ha calificado de lamentable que «aquellos que vivían de sembrar el terror» -en alusión a EH Bildu-, digan «cómo hay que combatirlo». Son, ha añadido, los que «llevan años queriendo expulsar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil del País Vasco».
«Que esa calaña esté detrás de esta ley debería avergonzar al PSOE», ha añadido Tellado antes de asegurar que el objetivo de la reforma «no es quitar esa mordaza inexistente, sino poner grilletes a los servidores encargados del orden y la seguridad pública».
En la misma línea, Ignacio de Hoces, de Vox, ha indicado que la reforma «desmantela el orden público» y es un «nuevo capítulo» de la «traición» de Gobierno de Pedro Sánchez a las fuerzas de seguridad, a las que «sacrifica en el altar del Bildu y de los separatistas».
«Serán los herederos políticos de ETA, los que organizaban la 'kale borroka', los que van a decidir cómo se van a disolver las manifestaciones», ha dicho, por su parte, Alberto Catalán, de UPN.
PSOE: «No podrán parar la reforma»
Ha sido David Serrada, del PSOE, quien ha defendido el texto frente a «la cofradía del santo reproche» y a un PP que, según él, ha usado políticamente a los agentes, que aprobó la ley mordaza para mayor control de la crítica social y que creó la 'policía patriótica’ «contra sus adversarios políticos».
Serrada ha defendido la proposición, porque permitirá ejercer los derechos «en un contexto de libertad y seguridad» y dará más garantías a los agentes en sus actuaciones. «Este cambio no lo van a parar ustedes ni nadie», ha zanjado.
Por Sumar, Enrique Santiago ha dejado claro que con la reforma se conseguirá una seguridad «más humana» y se ampliarán derechos «sin comprometer la seguridad pública y el desarrollo del trabajo policial».
Mientras, Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha recalcado la «nueva oportunidad» que supone la iniciativa para «acabar con una ley que no ha sido más que una instrumento de represión ciudadana», a la vez que ha reprochado al PP que no hayan sido sus diputadas que en otras legislaturas negociaron la reforma las que intervinieran en el debate.
Mikel Legarda, del PNV, ha apoyado la toma en consideración, pero ha lamentado que no se haya continuado para pactarlo con la dinámica de las negociaciones discretas que se estuvieron llevando a cabo durante muchos meses.
Por Podemos, Martina Velarde ha anunciado enmiendas al texto para que sea lo mas garantista posible con los derechos humanos, además de aprovechar para calificar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como «represor» de manifestaciones.
Josep Pagès, de Junts, ha advertido de que no aceptará un «lo tomas o lo dejas» y ha insistido en que pondrán «todas las prevenciones a una propuesta que sigue permitiendo el uso de pelotas de goma a la Policía Nacional de Cataluña», donde están prohibidas.
Álvaro Vidal, de ERC, ha aplaudido que se ponga «punto final a un terrible error político», porque la ley mordaza «nos acercaba más a Turquía que a Suecia».