La venta del Hospital Sant Joan de Reus a la Generalitat supondrá un cambio sin parangón en el modelo sanitario local. A grandes rasgos, el acuerdo alcanzado entre ambas partes deja al Servei Català de la Salut (CatSalut) como único gestor y propietario del inmueble. Por otro lado, el Ayuntamiento verá como desaparece el déficit anual que generaba el Sant Joan y toda la deuda que arrastraba su construcción. Y esto supondrá una rebaja de la actual deuda municipal de unos 70 millones.
Más allá de esta cantidad, existe otro elemento de gran relevancia y que, durante años, se había convertido en un dolor de cabeza sin solución. Se trata de la zona de la antigua fábrica de Pich Aguilera, situada entre la calle Jacint Barrau y la avenida President Companys, y que ahora regresará a manos del consistorio sin las enormes deudas que arrastra con los bancos, que pasarán a manos de la Generalitat.
Una operación que el alcalde de Reus, Carles Pellicer, valora de forma muy positiva porque «recuperamos unas garantías y un espacio para la ciudadanía o el Ayuntamiento que se habían perdido». Él mismo también añade que el escenario que se abrirá a partir de ahora representará «nuevas posibilidades para las finanzas municipales. En referencia al acuerdo alcanzado entre las dos administraciones con el traspaso del hospital también se muestra satisfecho, si bien se emplazó al pleno municipal del lunes para realizar más concreciones y nuevas valoraciones.
Recordar que el consistorio celebrará una sesión plenaria, al mismo tiempo que el Consell de Govern de la Generalitat, para aprobar el convenio que iniciará todo el complejo proceso de venta del hospital y todo el grupo sanitario. El único activo que retendrá el consistorio reusense será la gestión de parte de los actuales servicios del centre Mèdic Quirúrgic (CMQ).
65 millones de euros
La histórica polémica alrededor de Pich Aguilera estalló en 2015 por su relación de vasos comunicantes entre el crédito solicitado en su día para la construcción del Sant Joan y la venta de las naves de la antigua Pich Aguilera. Esto sería así porque el gobierno tripartito del entonces alcalde Lluís Miquel Pérez (2006) solicitó un crédito con seis entidades bancarias para financiar las obras del hospital (65 millones de euros) vinculando la mitad de éste a la venta de los terrenos de la vieja fábrica.
Concretamente, se realizó lo que se conoce como una pignoración de parte del crédito a una venta que, con el estallido de la crisis, nunca se llegó a producir y que, además, daba como garantía ante los bancos el dinero procedente del CatSalut. Éste vencía en 2015, y el gobierno de Pellicer renegoció las condiciones del préstamo para poder pagar los 34 millones de euros hasta 2025. Eso sí, a cambio de unos intereses de ocho millones de euros.
