No saben cuándo, pero va a suceder: su vivienda será derribada por orden judicial al ser ilegal. Francis, de 67 años, es la actual propietaria y recuerda que fue su madre que compró esta casa, ubicada cerca de la ermita de Alforja. Había una orden de derribo firme sobre el inmueble, pero la compraron en 2010 sin saberlo. Hasta 2019, Francis no recibió notificación alguna, dado que habrían sido enviadas a la anterior propietaria. Ahora, la familia está a las puertas de que la orden se materialice, a pesar de los recursos presentados. Creían que las máquinas harían su trabajo ayer, pero no. «Se presentarán en cualquier momento, sin previo aviso», lamenta Francis.
A finales de julio, la familia tuvo conocimiento de que la empresa que tiene que llevar a cabo los trabajos ya tenía autorización para realizar la entrada. No obstante, en ese momento les comunicaron que el derribo sería el 29 de agosto, es decir, ayer. Pero las máquinas no llegaron. «Hemos hablado con la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat y dicen que no nos informarán de qué día lo harán. Se puede proceder así, aunque no es lo habitual», exclama el asesor legal Daniel Roso.
Mientras, la familia ha desmantelado por completo la casa para aprovechar todo el material posible. Paralelamente, Francis y dos nietas con alto grado de discapacidad que están bajo su tutela se han mudado a otra vivienda. Como explica la afectada, están en un piso de alquiler «muy pequeño y sin balcón donde hace una calor horrible». No obstante, es lo único que encontraron a contrarreloj. Y es que hallar una alternativa habitacional antes del derribo era su gran prioridad, para ella, pero pensando sobre todo en sus dos nietas.
Como relata el asesor legal, una vez derribada la vivienda, no podrá construirse otra. «La actual podría legalizarse, porque es un inmueble preexistente al plan de urbanismo que hay ahora y se clasificaría como volumen disconforme. Pero si es derribada, ya no hay vivienda preexistente», señala Roso. Cuenta que hace un par de meses pidieron al Ayuntamiento legalizar la casa, «pero no ha habido respuesta». Aun así, el terreno seguirá siendo de Francis, quien también tiene que asumir el coste de las obras de demolición, que serían unos 60.000 euros.
Otra vía puesta en marcha para intentar parar el derribo es un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia. «Pedimos medidas cautelares y que se suspendiera el procedimiento hasta que haya una resolución judicial sobre el recurso que íbamos a interponer. Pero las medidas cautelares fueron denegadas», lamenta Daniel Roso.
El asesor legal ve algunas cuestiones que tendrían que tenerse en cuenta en este caso «y nadie nos escucha», exclaman familiares de Francis. En este sentido, Roso subraya que su clienta no recibió ninguna notificación sobre la orden de derribo hasta 2019, diez años después de la resolución, «mientras que la comunicación tiene que hacerse antes de seis meses», dice. También que, «desde el inicio del procedimiento, hay seis años para ejecutar el derribo, y no se ha hecho, por lo que tendría que estar prescrito».