El tiempo pasa y la coalición gubernamental no se pone de acuerdo en resolver la problemática derivada de los alquileres de viviendas, en las denominadas zonas tensionadas. Después de marear la perdiz con diversas propuestas, sin consultar a los administradores de fincas que son los que más saben del tema, ahora el Gobierno se plantea alquileres de hasta diez años para desatascar la ley de vivienda. La negociación entra en su recta final, ahora que toca aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Después de meses de bloqueo, el nuevo equipo socialista propone que los inquilinos puedan pedir una prórroga extraordinaria de tres años en áreas tensionadas.
En pocas palabras, se está considerando cómo poner tope a los alquileres, sin tener que denominarlo intervención y control de precios. Es el desafío que debe encarar el PSOE si quiere sacar adelante la nueva ley de vivienda, vista la frontal oposición de Unidas Podemos a ceder en nada que no incluya una congelación de precios. Mientras UP quiere poner tope a los alquileres, los socialistas buscan la manera de poner tope a la coalición morada. Todo esto está eternizando la solución de la problemática.
La aprobación de los Presupuestos Generales para el año que viene, será la última oportunidad que se dan los socios de coalición para desencallar una norma que lleva más de un año de retraso. Sin ley de vivienda no habrá presupuestos y viceversa, sin presupuestos no habrá ley de vivienda. La propuesta socialista continúa siendo la misma y aunque no trascendió en su momento, ésta incluía una posible solución al problema.
El PSOE plantea que los contratos de alquiler de viviendas, en zonas tensionadas, puedan alargarse de los cinco años hasta los ocho, y de siete a diez, en el caso de que el arrendador sea un gran propietario o empresa.
Actualmente, la regulación de alquileres establece una duración de cinco años para los contratos y siete si el propietario es empresa o gran tenedor. Transcurrido este período, arrendador y arrendatario, pueden acordar una prórroga de tres años, pero solo si ambos están de acuerdo. Con la nueva ley de vivienda esto cambiaría en áreas tensionadas.
Pero la propuesta, si bien puede suponer un balón de oxígeno para inquilinos que buscan estabilidad, podría convertirse en un caramelo envenenado. En primer lugar, por fomentar la búsqueda de inquilinos itinerantes. Si la ley da la posibilidad al inquilino de alargar un contrato hasta diez años, el propietario procurará buscar candidatos que de entrada no quieran permanecer tanto tiempo.
La mentalidad será: si es posible que no esté los ocho años, mejor si es extranjero o estudiante, pues se marcharán pronto. Esto tendrá un impacto en el mercado, en lugar de poner facilidades a la permanencia, la limitaría.
Además, como también ocurre en el control de precios, podría dificultar el acceso a la vivienda de colectivos con menos ingresos. Es decir, justo lo contrario de lo que se pretende con tal medida.
Si el propietario tiene que alquilar la vivienda durante tantos años, buscará que quien la alquile sea lo más solvente posible. Revisará concienzudamente que el inquilino tenga capacidad económica para estar ocho o diez años pagando puntualmente. Así que si lo que se pretende es que la gente con pocos recursos siga de alquiler, es una buena forma de no conseguirlo.
