Un problema político ante los jueces

Cientos de personas se concentraron ayer en numerosas poblaciones catalanas, entre ellas Tarragona, Reus y Tortosa, para apoyar a los imputados por la organización de la consulta del 9N. La primera concentración se produjo por la mañana ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para acompañar a Joana Ortega e Irene Rigau en su comparecencia ante el juez. Estas movilizaciones provocaron ayer una severa nota de la Sala de Gobierno del TSJC en la que acusa a los convocantes de «cuestionar la legitimidad de los jueces» y tratar de «influir en su toma de decisiones», por lo que, a su juicio, las manifestaciones son un «ataque directo» a la independencia judicial. Aunque la Sala de Gobierno entiende que las resoluciones judiciales «están sometidas al control y a la crítica pública», considera que se pretende «cuestionar de manera interesada» las actuaciones de los tribunales, «promover la desconfianza social» y, en consecuencia, emplear «estrategias de presión» que erosionan «las bases de nuestra convivencia política». El problema de raíz de esta desagradable situación se encuentra en haber judicializado un problema estrictamente político. El Gobierno central ha trasladado a los jueces un conflicto que debe resolverse en los parlamentos y no en los tribunales. La protesta ante el TSJC no va contra los jueces, sino contra quienes les han estibado una patata caliente que han sido incapaces de gestionar con solvencia política.